A 71 años de la masacre de La Bomba (1947-2018)
Estado actual de las causas penal y civil, y la posibilidad de un Juicio por la Verdad
En el año 2005 a través de la búsqueda de la prueba anticipada para un juicio contra el Estado Nacional por daños y perjuicios, el entonces perito de parte, Enrique Prueger y su equipo, encuentran restos humanos en La Bomba y tres fosas comunes próximas al pueblo de Pozo del Tigre.
Este hallazgo da inicio a las causas civil y penal
En abril de 2010 se estrenó Octubre Pilagá, relatos sobre el silencio, documental que expone las fotografías del avión Junker desde el que se disparó contra las familias que huían, su tripulación, la captura del cacique Pablito por parte de la Fuerza Aérea y los testimonios de los ancianos que aún no habían declarado en el ámbito judicial
Causa penal
La investigación de la causa penal fue iniciada en 2005pero ganó impulso a fines de 2010 por una denuncia del fiscal Horacio Rodríguez en octubre, y la inclusión de la Liga por los Derechos del Hombre sede Formosa, organismo que se presentó como querellante mediante su abogado Luis Zapiola.
Esta causa llevó el nombre del único gendarme que fue encontrado vivo en 2007 y se llamó:
“Costas Leandro Santos y otros según/homicidio agravado con ensañamiento en reiteración de hecho, premeditado de dos o más personas y abusando de su función o cargo” (exp. Nro. 946/11)
Leandro Santos Costas no sólo había sido condecorado por Gendarmería en el año 1948 como reconocimiento de su accionar durante la masacre de octubre de 1947[i], sino que se convirtió en juez, operó durante la última dictadura militar y continuó en la cámara Federal hasta el año 2008.
La protección que recibió Costas durante más de 70 años hizo que la causa cayera en un pantano. Costas murió sin declarar, así que la causa penal cambio de carátula y tomó el nombre del co-piloto del avión que partió de El Palomar para colaborar con la represión: Carlos Smachetti
(Entrevista al fiscal Horacio Rodriguez https://www.youtube.com/watch?v=P0W4AxUePv8)
Luego de la salida de Horacio Rodriguez la investigación queda a cargo del fiscal Arístides Bedoya
La causa penal se llamó desde entonces: “SMACHETTI, CARLOS según /HOMICIDIO AGRAVADO CON ENSAÑAMIENTO”, Expediente N°24000946/2011
Uno de los logros más importantes en esta causa sucedió en el año 2014 cuando Smachetti fue procesado. En 2015 el juez confirmó su procesamiento como “participe necesario” de un crimen de lesa humanidad en el marco de un genocidio, lo que constituyó un importante reconocimiento ya que por primera vez en la historia una masacre de un pueblo originario fue enmarcada en este delito imprescriptible
Pero en mayo 2016, los abogados Díaz y García quienes representaban hasta ese momento a la Federación Pilagá no presentaron a tiempo el pedido de juicio oral en la causa penal, y debido a este incumplimiento de sus deberes de abogados, la Federación y los sobrevivientes les revocaron el poder y se lo otorgaron a su nueva abogada Dra. Paula Alvarado.
La actualidad de la causa civil
Esto fue lo que la abogada Alvarado solicito al juez desde entonces:
- RECONOCIMIENTO MORAL:
Se solicitó el cambio de carátula ya que desde el año 2005 se encontraba a nombre del abogado Julio García
El juez aceptó el pedido y actualmente la causa se llama: “FEDERACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS DEL PUEBLO PILAGÁ C/ESTADO NACIONAL S/DAÑOS Y PERJUICIO”
- VERDAD HISTORICA:
En la demanda de 2005 los Dres. Julio García y Carlos Díaz habían basado el relato de la causa en la versión de la Revista de Gendarmería editada en 1992 durante el menemismo. En su artículo el gendarme Teófilo Cruz pretendió imponer la versión que la institución eligió para ocultar las verdaderas razones de la masacre
Teófilo Cruz afirmó que los pilagá habían sido “despedidos del ingenio Tabacal” de Salta sin haber recibido el pago acordado, que estaban “exigiendo comida” con “carteles de Perón y Eva” en alto, que se preparaban para “atacar” el escuadrón y que el segundo comandante José Aliaga Pueyrredón cuando “los indios” con “viejos fusiles y escopetas”, “pretendieron” flanquearlos “disparó sin que nadie lo supiera”, es decir sin orden de sus superiores.
Sin embargo el relevamiento de las memorias de los ancianos y ancianas demostró que al momento de la masacre, las familias pilagá participaban de una reunión religiosa junto a su líder espiritual Tonkiet (Luciano), que no eran carteles políticos sino Biblias lo que llevaban en sus manos a modo de escudo protector, y que tanto el Ministro de Guerra y Marina, Humberto Sosa Molina como el Ministro del Interior Angel Borlenghi, no sólo estaban al tanto de la represión sino que documentaron por medio de un cable Secreto y Reservado el despegue del avión militar desde Buenos Aires y la colocación de una ametralladora en la ciudad de Resistencia
(Ver: Octubre Pilagá, relatos sobre el silencio https://www.youtube.com/watch?v=_-RrW15G2kI)
La Dra. Alvarado describió los nuevos hechos en la demanda y explicó que a principios de octubre de 1947 los pilagá estaban reunidos con Tonkiet, y que los gendarmes intentaron desalojarlos con la colaboración del administrador de las Reducciones Estatales Indígenas. A pesar de las advertencias y amenazas las familias se negaron a abandonar el paraje de la Bomba y esto fue interpretado como un acto de rebeldía.
Luego de que se desatara la masacre desde el 10 de octubre hasta fines del mismo mes se produjeron las capturas, más fusilamientos y el encierro de los sobrevivientes en las Reducciones de Bartolomé de las Casas y Colonia Francisco Muñiz.
El cautiverio de los sobrevivientes se desarrolló bajo la administración de la Dirección de Protección al Aborigen dependiente de la Secretaria de Trabajo y Previsión
Esto fue demostrado con la presentación de los documentos Secretos y Reservados, y la documentación contable de las Reducciones
(Octubre Pilaga, memorias y archivos de la masacre de La Bomba, http://www.trenenmovimiento.com.ar/OP/OP.html)
La actualidad de la causa civil, y la posibilidad de un juicio por la Verdad
En enero de 2017 luego del fallecimiento del co-piloto Carlos Smachetti, la Federación mediante su abogada, solicitó al juez un Juicio por la Verdad. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre hizo lo mismo mediante su abogado Luis Zapiola
Mientras tanto la Federación Pilaga continúa llevando adelante la causa civil contra el Estado que es la que solicita un resarcimiento económico, y el pedido oficial de disculpas por la masacre
En el año 2018, a pesar de haber sido revocado el poder de la Federación Pilagá en representación de las 20 comunidades, los Dres. Julio García y Carlos Diaz se presentaron ante el juez nuevamente y solicitaron reingresar a la causa civil como representantes de tres querellantes del pueblo pilagá de forma individual
El 14 de octubre de 1947, en la jurisdicción del escuadrón Lomitas prodújose un alzamiento de indios pilagás que pudo tener graves consecuencias. En tales emergencias, el auxiliar Don Leandro Santos Costas y los gendarmes Fernández Suarez y Vicente Coronel no titubearon en afrontar la grave situación que para sus vidas le deparaba el levantamiento y lograron dominar las circunstancias. La valerosa intervención de los nombrados originó las felicitaciones de la Dirección General de la institución, que recomiende a la consideración del personal la actitud asumida por aquellos (Revista GN , 1948)