Un genocidio silenciado: 71 años de la Masacre de Rincón Bomba en Formosa

El 10 de octubre de 1947, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, cientos de indígenas pertenecientes al Pueblo Pilagá fueron asesinados en Ayo La Bomba, un paraje ubicado en Las Lomitas, provincia de Formosa, en aquel entonces territorio nacional. La orden proveniente de parte de Gendarmería Nacional culminó con la persecución y tortura de niños y ancianos, mujeres abusadas y cientos de personas fusiladas y enterradas en fosas comunes.

Histórico mural: trabajo de los estudiantes del ciclo básico del secundario rural en la Comunidad Ayo La Bomba.

Crónica de la Masacre: (1)

Contexto:

A fines del siglo XIX, el Estado Nacional argentino proyectó someter militarmente a los Pueblos Originarios del Gran Chaco (2) con el doble objetivo de apropiarse de sus Territorios y ejercer el control sobre sus cuerpos para disciplinarlos como mano obra en beneficio de las industrias. Para ello puso en marcha diversas campañas militares de las cuales quizás la más violenta y más conocida es la llamada campaña militar al “Desierto del Norte” de 1884, ejecutada por Benjamín Victorica, Ministro de Guerra y Marina de Julio A. Roca.

Como consecuencia de estas acciones militares y para asegurar la continuidad del dominio estatal sobre Territorio Indígena, los antiguos regimientos de caballería ubicados en el actual Territorio de Formosa fueron convertidos sucesivamente en regimientos de Gendarmería de Línea, y luego en escuadrones de Gendarmería Nacional, al tiempo que se construía una línea de ferrocarril que corría paralelamente a estos regimientos y que se ocupó para el traslado de materias primas y trabajadores. Entre los beneficiados con la apropiación territorial, y el disciplinamiento laboral, se cuentan los grandes ingenios azucareros como Ledesma, Tabacal y Las Palmas (3) y otros más pequeños de Salta, Jujuy y Tucumán; las fábricas extractoras de tanino, los algodonales y los obrajes. Las iglesias católicas y protestantes, y el Estado Argentino también se beneficiaron con la explotación maderera y agrícola que trabajadores “reducidos” realizaron dentro de las reducciones estatales. En estos recintos, se separó a los niños de sus familias por medio del pupilaje, se les borró su identidad mediante el bautismo y la prohibición del uso de sus nombres originarios, y se los se los instruyó para realizar tareas agrícolas o domesticas. La población adulta fue forzada a convertirse a la agricultura mediante diversas medidas: adjudicaciones precarias de pequeñas parcelas, reparto de semillas, prohibición de circular libremente por sus Territorios por medio de diversos mecanismos coercitivos (4) etc. La convivencia espacial y temporal del sistema reduccional y distintos episodios de asesinatos masivos (5) prueban sin lugar a dudas que el proceso genocida en el Gran Chaco dio continuidad al iniciado en Pampa y Patagonia proyectándose hasta mediados del siglo veinte. (Delrio, Lenton, Musante, Nagy, Papazian, Pérez, Del Silencio al Ruido en la Historia, Bs. As. 2010.).-

Durante los años 40 y 50, se tomó como “deber” la protección del indígena por parte del Estado, sin embargo la “problemática indígena” lejos de resolverse a partir de ello, continuó siendo motivo de preocupación central sobre todo en el marco de las políticas poblacionales durante el período 1946-1955 (Lazzari 2004; Lenton 2005; Delrío 2005). Entre los organismos y la orientación específica de la política indigenista estatal la dependencia estatal competente estaba abocada a la “incorporación protegida” de la población indígena. El decreto Nº 1594 del Presidente E. Farrell creó la “Dirección de Protección del Aborigen” (DPA) el 17/01/1946. El mismo reorganizaba la Secretaria de Trabajo y Previsión y creaba la nueva dependencia, bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Previsión Social, para reemplazar a la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios.-

En octubre de 1947 efectivos del escuadrón 18 de Gendarmería Nacional con asiento en Las Lomitas fusilaron a cientos de personas pertenecientes al Pueblo Pilagá, persiguieron a los sobrevivientes por los montes formoseños durante varias semanas provocando la muerte de muchos por falta de atención médica, hambre, sed y mediante nuevos fusilamientos, y finalmente, trasladaron a los sobrevivientes a las colonias indígenas de Bartolomé de las Casas y Francisco Muñiz donde fueron forzados a trabajar bajo la administración de un funcionario de la Dirección de Protección al Aborigen.-

Hechos:

En el año 1947 varias familias vivían en La Bomba, a orillas del madrejón. El Cacique Oñedié, nacido en Pozo Molina, tenía una pequeña chacra y muchos chivos. En 1947 el uso de los nombres originarios estaba prohibido. En un doble juego de ciudadanización y borramiento de identidad, hombres y mujeres que pertenecían a los distintos Pueblos Originarios eran documentados, enrolados o bautizados bajo un nombre y apellido que borraba su relación con el Territorio y su familia extensa. Oñedié fue llamado Pablito Navarro. –

Tonkiet, cuyo nombre en castellano era Luciano Córdoba, “un hombre que curaba sin cobrar”, también provenía de Pozo Molina y como Oñedié pertenecía al grupo de los kedokopí o “gente del jaguar”. En 1946, en un viaje a Zapallar, Territorio Nacional de Chaco, tomó contacto con misioneros pentecostales y al regresar se instaló en La Bomba para sanar a los enfermos por medio de una síntesis del evangelio y la religión de sus ancestros. En ese lugar levantó un estrado de forma circular llamado “Corona” al que hacía subir a los enfermos invitando a las familias presentes a rogar por su salud. Las prácticas médicas- religiosas de Tonkiet eran dirigidas también a atenuar el daño psicológico provocado por la invasión militar, el saqueo territorial y la devastación del monte, hogar de los Pilagá, sin dejar de lado los preceptos morales: “no robar”, “ no matar”, “no hacer daño”, y “ no beber alcohol”. Conforme pasaban las semanas sus dotes como sanador y su liderazgo religioso se hicieron visibles entre las familias Pilagá y Qom de la región, y su fama atrajo hacia La Bomba a cientos de personas que caminando durante varios días llegaron de Pozo Molina, Pozo Navagan, Sombrero Negro, Cacique Coquero, El Descanso y muchos otros parajes.-

Durante esas jornadas la vigilancia diaria del escuadrón se intensificó. La comandancia envió gendarmes a revisar las “tolderías” (GN, 1991) y decomisar escopetas, cuchillos y machetes que fueron guardados en un depósito del escuadrón. La intromisión de un Estado policial se manifestó en la vigilancia y en la incautación de las herramientas y armas utilizadas para la obtención de alimento proveniente de la caza y la recolección, lo que complicó la economía del grupo.-

En los días previos a los primeros fusilamientos, diferentes organismos estatales probaron diversas estrategias para desalojar a las familias del paraje. Entre el 8 y el 9 de octubre el gendarme Néstor Leoncio Perloff recorrió La Bomba, vestido con uniforme de combate, y profiriendo amenazas. Preanunciando la represión.-

En 1947, el Dr. Ángel Saturnino Taboada encabezaba la Dirección de Protección al Aborigen, dependiente de la Secretaría de Trabajo y Previsión y Abel Cáceres administraba las colonias estatales de Bartolomé de las Casas y Francisco Javier Muñiz, creadas para agrupar “a los numerosos indígenas dispersos, perseguidos y desalojados de sus posesiones” (Publicación N4, CHRI, MI, Bs As, 1936). En los días previos a la masacre fue Abel Cáceres el encargado del primer intento de desalojo de los Pilagá de La Bomba, este hecho quedó registrado en el Documento Confidencial y Secreto N° 977, con fecha 11 de octubre , posterior al inicio de la masacre, firmado por Natalio Faverio Director de Gendarmería Nacional. Este primer intento de desalojo fue infructuoso:

“Nuevas comunicaciones de la misma procedencia, puntualizan que los mencionados indígenas “Pilagas” con su Cacique Pablito Navarro”, se muestran irreductibles e intransigentes, no obstante las medidas adoptadas y la intervención del señor Administrador de la reducción del Territorio de Formosa “Bartolomé de las Casas”, señor administrador Abel Cáceres” –comisionado en el lugar por el señor Director de Protección al Aborigen–“(CS 977, AI, 11/10/47).-

Ante la negativa de los ancianos a abandonar el lugar, la comandancia del escuadrón prometió a los pilagá que se les entregaría una tierra “con un estero que nunca se seca”, logrando convencer a los caciques Manta, Coquero, y Oñedié (Pablito Navarro) para que fueran a conocer el supuesto espacio asignado. Al regresar éstos del viaje mientras discutían con los jefes de familia y el Consejo de Ancianos la posibilidad de trasladarse hacia allí, un alferéz comunicó a Oñedié la invitación del presidente de la Nación, Juan Domingo Perón para viajar a Buenos Aires, a condición de que lo hiciera sin acompañantes y sin dilatar la respuesta.-

Luego, otro hombre, vestido con uniforme de la Prefectura Naval (Decr. 285) reiteró la invitación y agregó:
“–Hermano, Pablito, tenés que portarte bien porque si ustedes no prestan atención a lo que les decimos van a tener problemas” (testimonio de Salqoe, Pedro Palavecino, fallecido).-

Pero el Consejo de Ancianos, ante la posibilidad de que dieran muerte al cacique, le aconsejó que no viajara, y Oñedie decidió quedarse.-

A la mañana siguiente, un grupo de camiones de los almacenes Tienda Buenos Aires, León Wacholder y Curesti, históricos proveedores de las Colonias Aborígenes (10/12/47, ACGN) fueron escoltados hasta La Bomba por un grupo de gendarmes que repartió comida y carneó animales para a las familias (Revista de GN; Bs As, 1991). Esa tarde muchas personas comenzaron a sufrir los efectos de la comida que se cree puede haber estado envenenada o descompuesta.-

A orillas del madrejón también vivían Maliodi’en y Setkoki’en, dos niños de 11 y 14 años documentados como Julio Quiroga (sobreviviente) y Melitón Domínguez (testigo, ya fallecido). Ambos trabajaban en la cocina del escuadrón 18 de Gendarmería Nacional bajo las órdenes del cabo primero Américo Londero. Los niños fueron los primeros en notar que la multitud, que cada noche cantaba y rezaba al unísono, acompañada de tambores era observada atentamente por los gendarmes del Escuadrón 18, a cargo del Primer Comandante Emilio Fernández Castellanos y el Segundo Comandante José Aliaga Pueyrredón, el capellán de Las Lomitas y el administrador de las Colonias Aborígenes, Abel Cáceres.-

El 10 de octubre por la mañana, cuando los niños llegaron a trabajar, el gendarme Américo Londero les advistió que en el escuadrón 18 de Gendarmería Nacional se estaba gestando la represión que se desataría esa misma tarde.-

Cerca de las 18hs los gendarmes al mando de Fernández Castellanos y Aliaga Pueyrredón apuntaron sus ametralladoras pesadas y sus fusiles contra la multitud y dispararon varias descargas. Aunque muchos habían emprendido la huida varias horas antes, advertidos por gendarmes amigos y por el movimiento de tropas, camiones y jeeps, algunos se quedaron enfrentando a los gendarmes con sus Biblias, rezando a viva voz y suponiendo que éstos no iban a dispararles. Sin embargo, se dio la orden de fuego y muchos cayeron heridos y muertos tras las primeras ráfagas. –

El tiroteo se extendió por varias horas y continuaron escuchándose disparos durante la madrugada. Esa noche comenzaron las persecuciones de los distintos grupos que escapaban por el monte hacia sus comunidades de origen y se incineraron los cadáveres de los caídos, esparciendo con topadoras las cenizas durante los días siguientes (El Intransigente de Salta, 22/10/47). –

En 1947 la Ley 12.545 establecía que la Gendarmería Nacional tenía carácter de policía militarizada a cargo del Ministerio del Interior salvo en los casos expresamente determinados en su artículo 5°.

“Art 5º: El Poder Ejecutivo está facultado para poner bajo la dependencia directa y única del Ministerio de Guerra, a la Gendarmería o a parte de la misma, en los siguientes casos:

Estado de sitio

Exigencias de la defensa nacional

Movilización del Ejército

Cuando sea imprescindible para el mantenimiento del orden interno.”

En octubre de 1947 la Gendarmería Nacional migró desde el Ministerio del Interior hacia el Ministerio de Guerra.

Esta migración puede confirmarse el día 11 de octubre, cuando el Coronel Natalio Faverio desde el Ministerio de Guerra justificó la represión ya iniciada contra un “alzamiento”, y comunicó a Ángel Borlenghi, Ministro del Interior que:

“Con fecha 10 del corriente mes, y previa autorización del señor Ministro de Guerra se ordenó el desplazamiento de efectivos de unidades próximas, las que, convenientemente pertrechadas han marchado ya hacia Lomitas.

El día 16 de octubre de 1947, nuevamente Faverio informa a Ángel Borlenghi que ha solicitado refuerzos para sofocar la supuesta “sublevación”, y que el entonces Ministro de Guerra y Marina, ha enviado al Territorio Nacional de Formosa un avión de la Fuerza Aérea con matrícula JU-52T-153.

“Dicho avión ha salido en la fecha de la base Aérea Militar de El Palomar con destino a Formosa aterrizando en la ciudad de Paraná desde donde proseguirá vuelo mañana con el fin anunciado” ( AI, MI, DCyS 1047 -16/10/1947 – AI, MI)

Este dato coincide con el consignado por el Brigadier Mayor Abel Federico Martínez y el Comandante Horacio Humberto Larghi, investigadores responsables del libro Historia de la Fuerza Aérea Argentina Tomo II de la Dirección de Estudios Históricos de la Fuerza Aérea, quienes habiendo entrevistado al Brigadier Sangiácomo y al Comandante Carlos Smachetti, agregaron:

“La Gendarmería Nacional fue encomendada para sofocar el alzamiento. La intervención prevista para el avión JU-52T-153 fue tanto en transporte de refuerzos – personal y material – para las guarniciones de Gendarmería como el reconocimiento del terreno y localización de los revoltosos.

Se operó desde Resistencia y Formosa hacia el interior, en recorridos como en un corredor que se extendía desde Formosa hacia “Las Lomitas” con terminal en el Fortín “Gran Guardia La Soledad”, hacia el límite del Chaco Paraguayo, frontera con Bolivia y Paraguay” (pág. 309).

La base Aérea Militar El Palomar dependía directamente del Comando de la Fuerza Aérea Argentina (Martínez, Largui p. 267, 1997). Resistencia era la sede de la Zona Norte de Gendarmería Nacional, al mando del Comandante Principal Julio Cruz Villafañe quien “estaba a cargo de la operación” y con quien se acordó:

“el reconocimiento aéreo de la zona y se quitó la puerta principal instalándose una ametralladora Colt calibre 7.65mm, operada por un suboficial de esa institución” (pag.309).-

En tierra, se multiplicaron las capturas en diversos parajes del Territorio Nacional y la represión que se extendió hasta finales del mes de octubre, dio como resultado, mas fusilamientos, el uso de la violación como arma contra las mujeres, y un número indeterminado de desaparecidos (Testimonio de Seechole, Norma Navarrete, fallecida, y Gavino Acosta, fallecido, Octubre Pilagá, documental, 2010).-

Entre los días 23 y 28 de octubre el Cacique Oñedié fue perseguido y capturado por Abel Cáceres y el baqueano Evangelista Rodríguez (31/10/47 ACGN), cerca de la frontera de Paraguay. Entregado a la Gendarmería Nacional, Oñedié fue llevado como prisionero a la Colonia Francisco Muñiz al igual que Tonkiet (Luciano Cordoba) y otras familias capturadas (feb/1948 ACGN).-

Las mujeres, niños y hombres que sobrevivieron, fueron “reducidos” en estas Colonias y allí permanecieron bajo vigilancia policial, cortando postes de quebracho y cosechando algodón, por lo menos hasta el mes de julio de 1948 (julio/1948 ACGN) bajo el control y sometimiento del administrador de Abel Cáceres.-

De esta manera la Dirección de Protección del Aborigen se ciñó a los objetivos generales que proponía su reglamento:
“Esta es la única forma de reducirlos, racional y prácticamente, la única manera de irlos civilizando poco a poco, como el mejor modo de cumplir los fines para que fueron creadas las Reducciones” (Reglamento para el personal de las Reducciones de Indios, CHRI, 1925).-

Como ocurre en la mayoría de los genocidios, las víctimas del año 47 fueron criminalizadas. La justificación fue construida con éxito y se convirtió en razón suficiente para actuar con toda impunidad, persiguiendo y escarmentando a las familias que huían, y finalmente sometiendo a los sobrevivientes al trabajo esclavo en las Colonias Aborígenes.-

Fueron exterminadas centenares de personas pertenecientes al Pueblo Pilagá, y la masacre dio como resultado un número indeterminado de heridos y desparecidos, sobre todo ancianos y niños que eran los más vulnerables. Por otro lado, las memorias orales también dan cuenta de violaciones de mujeres, numerosos muertos por envenenamiento, intoxicación, hambre y sed.-

Reclamo por Memoria, Verdad y Justicia.

La Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá inició en el año 2005, una acción penal y una demanda civil contra el Estado Nacional.

La causa civil

Se inició por indemnización de daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente, daño moral y determinación de verdad histórica, a favor del pueblo de la etnia Pilagá por la “Matanza de Rincón Bomba” acaecida entre el 10 y 30 de octubre de 1947, en territorio Nacional de Formosa, por la cantidad de pesos que el señor juez se sirva a presupuestar de acuerdo a los antecedentes existentes, más los intereses de tasa activa que cobre el Banco Nación”.
Únicamente y con carácter de excepción, se dispuso una medida cautelar de prueba anticipada, muy importante, porque la misma derivó en el hallazgo de restos mortales, que actualmente se encuentran guardados en la Secretaría del Juzgado.

Acción penal

Durante la etapa de investigación se logró individualizar a varios Imputados, los cuales estaban en su mayoría fallecidos. La acción avanzó únicamente contra Carlos Smachetti, (co- piloto) que permanecía vivo.

En Abril 2012, se declaró la imprescriptibilidad del delito por constituir tanto la muerte como la desaparición de indígenas Pilagas un Crimen de Lesa Humanidad.

El 6 de enero 2016 falleció Carlos Smachetti, hasta ese momento el único imputado vivo en la causa judicial por la Masacre de Rincón Bomba. Dicha situación fue notificada a las querellas por las autoridades judiciales con una demora inexplicable a medidos del 2017.

La Fiscalía Federal de Formosa expuso a través de su dictamen que el juez debería efectuar una simple declaración sobre los hechos acontecidos en Octubre del 1947.

Frente a ello los querellantes Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá y MALIODI´EN (nombre pilagá de Julio Quiroga) solicitaron la conversión del proceso penal en juicio por la verdad y el dictado de sentencia declarando la responsabilidad del Estado argentino en relación con los hechos ocurridos en el mes de octubre de 1947 por la comisión de crímenes de Lesa Humanidad en el marco de un genocidio contra el Pueblo Pilagá.

Paula Mercedes Alvarado, abogada, letrada apoderada de la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá (Personería Jurídica: Resolución INAI N° 10/2011).

NOTAS

1. Los hechos relatados pertenecen a un extracto del escrito presentado por esta Querella ante la Secretaria Penal del Juzgado Federal de Formosa en los autos caratulados “SMACHETTI, CARLOS S/HOMICIDIO AGRAVADO CON ENSAÑAMIENTO”.

2. Actuales provincias de Chaco, Formosa y parte de Salta, Santa Fe y Santiago del Estero.

3. Inspectores de la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios (mas tarde Dirección de Protección al Aborigen) trabajaban dentro del Ingenio Las Palmas como conchabadores. La CHRI celebraba contratos con los ingenios comprometiéndose a enviar a cada empresa miles de trabajadores cada temporada.

4. La ley de vagancia, la solicitud de salvoconductos y el patrullaje militar constante.

5. 1917 represión contra el pueblo Qom en Sombrero Negro, 1919 represión contra el pueblo Pilagá en Formosa, 1924 masacre en la reducción de Napalpí, 1933 masacre en Zapallar, etc etc.

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