El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Perez Esquivel, se dirigió al Juzgado Civil y Comercial 16 de San Isidro, donde tramita el juicio de desalojo contra la Comunidad Indígena Punta Querandí. El referente nacional e internacional de los derechos humanos presentó un escrito “Amicus Curiae” (Amigo del Tribunal) de la Comisión Provincial por la Memoria, de la cual es presidente.
El Amicus Curiae del organismo público de derechos humanos, presentado el martes 30 de octubre, recomienda que debe desestimarse la acción posesoria impulsada por la empresa San Atanasio, que busca el desalojo de la Comunidad Punta Querandí.
En ese sentido, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ve necesario que la Justicia ordene al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y al Consejo Provincial de Asuntos Indígenas el reconocimiento de la Propiedad Comunitaria.
Por otro lado, la CPM cuestiona el tipo de proceso (un interdicto de recobrar): “De carácter expedito, excepcional, es absolutamente insuficiente para que V.S. pueda valorar lo que aquí está puesto en conflicto: derechos colectivos versus derechos individuales, propiedad comunitaria versus propiedad privada”. Y fundamenta que el caso de Punta Querandí “resulta de suma relevancia porque es seguido atentamente por otras comunidades indígenas que se encuentran en una situación análoga”.
“En la causa de referencia están en juego derechos de incidencia colectiva, como ser los derechos humanos de los Pueblos Indígenas, entre los que encontramos: el derecho al acceso a la tierra, a la soberanía alimentaria, el derecho de los niños, niñas y adolescentes indígenas a no perder su identidad cultural, derecho a la vida comunitaria”, expresa la Comisión Provincial por la Memoria.
Sobre los alcances de la ocupación tradicional indígena, la CPM destaca los antecedentes judiciales en Argentina a partir de una sentencia de la Corte Suprema de la Nación en un juicio de desalojo contra la Comunidad Mapuche Las Huaytekas de la Provincia de Río Negro, caratulado: “Martínez Pérez, José Luis Cl Palma, Américo y otros -interdicto de recobrar sumarísimo- s/ medida cautelar”.
En dicho fallo, se reconoce que los usos indígenas del territorio como la recolección de leña y de plantas que se usan para medicina indígena o para alimentos; el tránsito por senderos; el pastoreo de animales y la utilización del rewe (lugar ceremonial sitio sagrado) tienen una connotación especial, fundante y constituyen ocupación tradicional indígena en los términos de los artículos 75 inciso 17 CN y 14 del Convenio 169 de la O.I.T. y por ello merecedores de protección constitucional y supralegal en ellos establecidas.
La CPM describe las numerosas acciones de la ocupación tradicional indígena de la Comunidad Punta Querandí y además resalta que todas estas eran conocidas por la empresa que impulsa el juicio y por organismos oficiales como el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, que ya en 2011, había resuelto que el espacio ahora en litigio “constituye de interés cultural debido a su utilización por toda la comunidad local, vecinos, pescadores, docentes que organizan visitas educativas, pueblos originarios que desarrollan danzas, ceremonias y otras actividades culturales”. Y destacaba el “importante y constante vínculo cultural de memoria colectiva que representa en la actualidad para los pueblos originarios”.
ANTECEDENTES
Desde su rol de titular del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Adolfo Pérez Esquivel se ha manifestado públicamente a favor de Punta Querandí desde el 2010, cuando la situación del territorio sagrado de los Pueblos Originarios comenzó a tomar mayor estado público.
La comunidad indígena pluriétnica de Punta Querandí se encuentra enclavada entre los barrios privados de Tigre y Escobar, en una zona ancestralmente habitada por querandíes, chanás y guaraníes. Quien impulsa el desalojo es el empresario Jorge O’Reilly, presidente de la desarrolladora inmobiliaria EIDICO, una de las responsables de la destrucción del equilibrio ambiental en nuestra región por la construcción de countries náuticos sobre miles de hectáreas de humedales, lo que dio como resultado el aumento de las inundaciones, el desplazamiento de pobladores históricos y la devastación de cementerios indígenas.
