El pasado 29 de Octubre el Dr. Fernando Marcelo Escalante, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nro. 5 de Posadas, resolvió la suspensión de las tareas de desmonte que afectaron severamente el Territorio de la Comunidad Mbya Guaraní Arroyo 9 en la zona de San Vicente, Misiones. Lo hizo en el marco del Recurso de Amparo presentado por la Comunidad.
05/11/2018
A fines de Agosto el Cacique de la Comunidad debió viajar a la capital provincial para denunciar públicamente el avasallamiento de su Territorio por los desmontes que venía llevando adelante la firma perteneciente al empresario maderero y ex vice gobernador Pablo Tschirsh. En esa oportunidad la Comunidad presentó un Recurso de Amparo ante la Justicia Civil, solicitando la constatación judicial del daño producido y la medida cautelar de suspensión de los desmontes.
Ante la repercusión mediática que tuvo el caso, el Ministerio de Ecología de la provincia anunció en ese momento la apertura de una investigación administrativa y la suspensión temporal de todos los permisos de desmonte otorgados a la firma de Tschirsch, ante lo que definió como una utilización abusiva de los permisos otorgados.
Sin embargo, el reclamo de la Comunidad por el atropello cometido contra la integridad de su Territorio había comenzado más de un año antes, cuando realizaron denuncias por los desmontes tanto en la comisaría de San Vicente como en la Fiscalía Penal. Asimismo, en varias oportunidades se solicito el acceso al expediente del Ministerio de Ecología , a la Directora de Bosques Ingeniera María Elena Benitez responsable del área, en que se había concedido a la firma implicada las autorizaciones para el desmonte, el cual nunca fue puesto a disposición de la Comunidad.
Sobre la presentación del recurso de Amparo, la Dra. Roxana Rivas, patrocinante de la Comunidad explicó que:
“El punto límite para la Comunidad fue cuando prácticamente llegaron con las máquinas hasta sus casas y ahí fue cuando presentamos el Amparo. Esto tuvo un efecto inmediato, por la mediatización se logró que el tema llegara a conocimiento del Ministerio por los medios antes que por el Juzgado, abriéndose una investigación administrativa que constató que hubo violaciones de normas.
Nosotros seguimos con el Amparo, hicimos el Mandamiento de Constatación y salió ayer una resolución concediéndonos una medida cautelar de suspensión de los desmontes en la zona por 60 días. Mientras, nosotros debemos seguir por la reparación de daño y pedimos la protección de esa zona, porque más allá que ahora esté suspendido judicialmente ya anteriormente el Ministerio de Ecología había suspendido los permisos.
La medida cautelar que se concedió está sustentada en el hecho de que el propio Ministerio reconoció que hubo violaciones y en la constatación judicial que nosotros hicimos de las violaciones a la ley de Bosques y a la ley de relevamiento Territorial.”
Según la Dra. Rivas, patrocinante de la Comunidad:
“Es la primera vez que esta Comunidad tiene una respuesta institucional y la tuvo a través de la Justicia, porque no a través de Ministerio de Ecología. Lo cierto es que si no se hubiera mediatizado el caso ellos no hubieran hecho nada. No les quedó otra opción más que intervenir pero dejaron que pasara, pese a las reiteradas denuncias, el daño está consumado.”
Permisos de desmonte otorgados sin Consulta a la Comunidad afectada y sin estudio de impacto cultural:
La Comunidad de Arroyo 9 tiene su Territorio relevado en el marco de la ley 26160. El desmonte llevado adelante por la firma Tschirsch afectó parte de ese Territorio.
“Aquí la Comunidad fue seriamente afectada y nunca fue consultada sobre qué afectación les significaba ni nada de lo que realmente debería hacerse, que tiene más que ver con lo cultural” expresa la Dra. Rivas.
“No sabemos qué es lo que autorizó el Ministerio, porque Pablo Tschirsh – que es el titular registral- presentó una carpeta pidiendo la autorización para el desmonte que lo hace bajo lo que sería un Plan de Manejo Sustentable. Entonces se arma el expediente, se llama a Audiencia Pública, la Comunidad va a la Audiencia y a partir de ahí no tuvimos más acceso al expediente. No sabemos si se hizo un informe de impacto socio ambiental, y en su caso si hubo, nosotros lo venimos reclamando, un informe de impacto cultural. Esa fue otra de las irregularidades que denunciamos. Cuando empezamos a ver que había desmontes muy cerca y se estaban afectando los recursos hídricos sobre todo, empezamos a pedir el expediente al Ministerio de Ecología y nunca estaba a disposición a pesar de que ellos dicen que si.
Inclusive en un primer momento pedimos las constancias de la Audiencia Pública, que duró unas diez horas, y las actas asentadas en el expediente eran de dos carillas y media.
La Audiencia Pública no es vinculante, sin embargo el Estudio de Impacto Ambiental sí es determinante para las autorizaciones. Dentro de ese estudio también se tiene que tener en cuenta a las Comunidades que sufren ese impacto, eso no existió, nosotros no lo tenemos acreditado.”
La abogada valoró positivamente la medida judicial de suspensión de los desmontes más allá de que la cartera de Ecología ya había suspendido los permisos, dado que la decisión del Ministerio puede revertirse sin dar intervención a la Comunidad afectada.
