Litio y espejos de colores

La minería de litio es parte del modelo extractivo, con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Jujuy como punta de lanza, el apoyo de la clase política, el rol de académicos y la violación de derechos indígenas.

29/11/2018

“Oro blanco”, es el sinónimo del litio para empresas y funcionarios que priorizan el dinero. “Recurso natural estratégico”, argumentan los científicos que prometen que se puede industrializar en Argentina y captar más dinero para el Estado. “Nuestra vida”, resumen los pueblos indígenas que viven desde hace generaciones en el lugar que se volvió preciado para el poder económico y político: las salinas, cuna del litio, mineral en auge, utilizado en baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos.

Políticos (de distintos colores) impulsan la explotación de litio, los jueces desconocen los derechos indígenas y algunos sectores de la ciencia se ubican más cerca del extractivismo que de los pueblos originarios.

Veinte años

El litio se encuentra en esas enormes planicies blancas que suelen ser foto de turistas. Lugar de vida y trabajo de comunidades indígenas kollas y atacama en Jujuy y Salta.

El proyecto minero de litio Fénix entró en explotación en 1998. Ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra (Catamarca), está en manos de la multinacional FMC Lithium. Fue el comienzo de la minería de litio a escala en Argentina.

A partir de fines de la década del 2000 comenzó una nueva etapa del mineral, con mayor llegada de empresas internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos provinciales). La publicidad corporativa, y los gobiernos, llaman “triángulo del litio” a la región de la puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más del 80 por ciento del litio del mundo.

Jujuy cuenta con dos proyectos en explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a nombre de Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Orocobre (Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto Cauchari, en manos de Minera Exar, de la canadiense Lithium Americas Corp (parte de sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi). Ambas están en Susques, 200 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.

Aunque es zona de comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos indígenas.

Ambos gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores lobistas de las mineras, en general, y de la explotación de litio en particular.

Mauricio Macri lo promociona de forma reiterada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que la provincia será “líder” en la producción de litio y prometió: “Jujuy se va a transformar en potencia mundial”.

¿Desarrollo nacional?

“YPF del litio”, fue el nombre del proyecto de ley que impulsaron desde el kirchnerismo en 2015. Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto de 74 artículos declaraba las reservas de litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establecía de “interés público” la exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También propuso la creación de “Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado”.

“Nosotros no decimos ‘no a la minería, decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.

Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la Cooperación (del mismo banco), espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña.

El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el directorio de la Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de explotación del litio”.

Según la propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación vigente).

El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación indígena vigente.

Académicos

El “especialista en la materia” que actuó como asesor del proyecto de la “YPF del litio” fue Nicolás Gutman. Según su currículum vítae, “magister en Economía y Políticas Públicas, George Mason University, Estados Unidos. Investigador del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación”. En una entrevista en FM La Tribu explicó en detalle las ventajas económicas de que el Estado se apropie de la renta (y compita así con las empresas extranjeras). Ante una pregunta, reconoció lo insólito: nunca había visitado un salar (donde está el litio) ni muchos menos buscado consenso con los pueblos indígenas del lugar.

Otro espacio de investigación sobre la temática es el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales. Un espacio heterogéneo, tanto en formación (incluye a economistas, cientistas políticos e historiadores, entre otros) y en miradas sobre el extractivismo: desde el no a la minería al sí a la explotación con mayor captación de renta por parte del Estado y (prometida) posterior derrame de beneficios.

“Geopolítica del litio”, es el libro publicado por el grupo en 2015. Bruno Fornillo es el coordinador. Ariel Slipak es uno de los coautores. Licenciado en economía, becario del Conicet, doctorando en Ciencias Sociales. Aunque prefiere que lo identifiquen por lo que no aparece en el libro y sí en su cuenta de Twitter: militante de la organización social Marabunta y secretario gremial de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).

El 21 de septiembre participó de la charla “¿Boom del litio? Realidad y debates regionales en Argentina, Bolivia y Chile”, en Buenos Aires.

Criticó la idea empresaria-gubernamental de la “Arabia Saudita del litio” (como se suele señalar al “triangulo del litio” de Chile, Bolivia y Argentina) y recordó la historia de dependencia de la mano del petróleo y la soja.

Pero también señaló que el litio “plantea un dilema porque pude ser un material de transición a un modelo energético no fósil”. Precisó que la “polémica” tiene varios ejes: la disputa del país con las potencias que quieren explotar el recurso, la apropiación de la renta, el empleo, el rol de la ciencia, el cuidado del ambiente y la consulta a las comunidades.

Cuestionó los aspectos jurídicos que provincializa el recurso (litio). Consideró, no lejos de polémica, que la falta de recursos económicos lleva a las provincias (y también a las universidades) a buscar dinero del sector privado. Recordó que las empresas sólo pagan el tres por ciento de regalías a las provincias, pero no es sobre la facturación y sin calcular beneficios impositivos que tienen. “Se les paga para que se lleven el litio”, denunció.

“Desde políticas neodesarrollistas se plantea que se absorba renta y con eso se hagan políticas sociales. No somos inteligentes ni para eso”, afirmó. Y detalló que el proyecto de litio Olaroz emplea a 250 personas, menos del 0,5 por ciento del empleo privado de Jujuy.

Explicó que en Chile, de la mano de “los Chicago boys”, la apropiación de renta por parte del Estado es “muy importante” en comparación con Argentina. Pero sobre todo promovió el modelo boliviano, donde -remarcó- se estatizó “el recurso y se intervino en toda la cadena de valor”.

Afirmó que existe fiscalización para que sea “menos contaminante” y reivindicó al científico de la UBA y el Conicet, Ernesto Calvo, que desarrolla una técnica de extracción de litio que sería menos perjudicial al ambiente.

“Se puede contribuir a transiciones energéticas si se piensa un esquema de participación popular. Se puede crear una empresa estatal, que controle, que discuta tema ambiental, fiscalizaciones de las comunidades”, propuso Slipak.

En la ponencia de Slipak sobresale la idea del acuerdo con la explotación del litio, desde una postura crítica al rol de las multinacionales y la falta de cuidado del ambiente.

¿Se puede hacer minería con cuidado del ambiente y respeto a las comunidades indígenas? Hace años los pueblos indígenas en lucha y asambleas socioambientales saben que no es posible.

Slipak aclara que, además de la consulta a las comunidades, se debe priorizar el “principio precautorio”, vigente en la Ley General del Ambiente (25675): cuando haya peligro de daño grave o irreversible (como afectación de acuíferos) se deben tomar medidas que protejan al ambiente, aún si no hay certeza científica de la afectación (ver recuadro entrevista).

Lucha

Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.

Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se respeten los derechos vigentes. Según la legislación nacional (entre ellas, la Constitución Nacional), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.

Recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se cumplan los derechos indígenas. Hubo una audiencia en abril de 2012, donde quedó de manifiesto que el máximo tribunal (con la acción ese día de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) desconocía los derechos de los pueblos indígenas. Una y otra vez preguntaron sobre qué implicaba la consulta y cómo debía ser. De manera recurrente interrumpieron la explicación de la abogada de las comunidades, Alicia Chalabe.

Resultado cantado: la Corte Suprema se desentendió de la causa y los envió a los tribunales provinciales. Donde la el Poder Judicial y el poder político se sientan en la misma mesa.

Clemente Flores, kolla y uno de los voceros de las comunidades, está convencido que, de no haberse organizado y accionado, hoy estarían las mineras explotando las salinas, como en Susques. Explica que la vía judicial es uno de los frentes, pero el fundamental es la organización territorial.

Flores también cuestiona al sector científico que promueve la minería de litio: “Algunos académicos dicen que se puede explotar, procesando el mineral en el país, con beneficios para los argentinos y respetando el ambiente y comunidades… es un cuento chino, no creemos en eso”. Y compara: “¿Qué dirían esos científicos si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”.

Ambiente y presiones

La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.


El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de la Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.

En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad”.

Una de las referentes de la Coaj es Natalia Sarapura, que asumió al frente de la Secretaría de Pueblos Indígenas del gobierno de Gerardo Morales.

Enrique González, del colectivo Apacheta que se opone a la minería, recordó que las empresas de litio ya violaron los derechos indígenas al instalarse sin respetar la consulta libre, previa e informada. Sobre la actualidad, apuntó al gobierno provincial. “Hay avance de mineras y la situación está complicada porque el Gobierno entró a las comunidades con la Secretaría de Pueblos Indígenas y juega con la necesidad de trabajo. Hay mucha presión del gobernador Morales, que incluso demora trámites de las comunidades que se oponen”, denunció González.

Precisó tres puntos consensuados por una decena de comunidades kollas: rechazar todo tipo de emprendimiento de extracción a gran escala de materia prima, declarar la Cuenca de Guayatayoc (donde están las Salinas Grandes) territorio ancestral, de propiedad comunitaria y lugar sagrado; y exigir a los gobiernos (municipal, provincial y nacional) que no tomen ninguna medida “de decisión o negociación” sobre el territorio indígenas.

EEUU y represión

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, viajó a Estados Unidos y el 15 de noviembre se reunió con el vicesecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kevin O’ Reilly. Remarcó las posibilidades de desarrollar minería de litio en la provincia. “El Gobierno reafirmó el perfil y potencial minero de Jujuy en materia de litio y la generación de energía renovables. Estos rubros son pilares de la nueva matriz productiva de un Jujuy que da para mucho más”, subrayó la gacetilla de prensa del gobierno jujeño.

El 21 de noviembre, comunidades indígenas se movilizaron en Tilcara y realizaron un corte selectivo y momentáneo de ruta para denunciar la avanzada sobre sus territorios y el hostigamiento puntual sobre la comunidad Cueva del Inca. Fueron reprimidos por la policía de Jujuy, con seis detenidos (incluida una menor de edad), balas de goma y golpes.

“El gobierno provincial salió a negar lo innegable, la represión. Los grandes medios de incomunicación provinciales hicieron la vista gorda a los acontecimientos. Las redes sociales y medios alternativos lograron la difusión”, señalaron las comunidades en la noche del 21 de noviembre, cuando los detenidos fueron liberados. Y recordaron: “Ante la grave situación que están sufriendo nuestros territorios, rechazamos la megaminería en la Puna jujeña (en particular el proyecto Chinchillas), que destruye la Pachamama, vuela nuestros cerros, destruye la biodiversidad, contamina el agua y pone en riesgo nuestra vida y de las generaciones futuras”.

“Se debe respetar la posición de las comunidades”

Entrevista a Ariel Slipak.

-¿Cuál es el rol de las comunidades en la minería de litio?

-La participación de las comunidades es crucial, se debe respetar sus tradiciones, aunque no son las únicas involucradas. Soy partidario de la consulta libre, previa e informada (derecho básico presente en legislación nacional e internacional, que nunca se aplica en Argentina), pero necesitan información.

-¿Qué sucede si la comunidad dice no a la minería?

-Mi posición, no de todo el Grupo de Estudios, es que se debe respetar esa posición de la comunidad.

-Usted reivindicó el trabajo del científico Ernesto Calvo para explotar litio de forma, en teoría, “menos contaminante”. Pero ese desarrollo es para mineras y no para indígenas, que sufrirán las consecuencias. Es una toma de postura investigar eso.

-Es cierto que Calvo hace ciencia pero no dialogó con las comunidades involucradas.

Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2018/11/29/litio-y-espejos-de-colores/

1 Comment

  • Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales (UBA)

    Litio: periodismo publicitario e ideología dominante (A propósito de Litio y espejos de colores de Darío Aranda editada por Opsur)

    “Lo mejor de nuestra piel es que no nos deja huir”. RR

    Asombradxs, nos vemos obligadxs a escribir aquí a raíz de la nota titulada “Litio y espejos de colores”, escrita por Dario Aranda y editada por Opsur. Su idea central consiste en que la extracción indiscriminada de litio, la cual desconoce las consecuencias ambientales, la lucha y la voz de las comunidades, tiene por responsables a las multinacionales, los malos gobiernos nacional-provinciales y la academia. Nosotrxs, el Grupo en Geopolítica y Bienes Naturales de la Universidad de Buenos Aires, seríamos el ejemplo destacado de “la ciencia” abocada al litio y desconectada de las comunidades y la problemática ambiental. Sinceramente, no podíamos creer lo que leíamos. Que nosotrxs no estamos ubicados en el lugar en que quieren ubicarnos no requiere argumentación, es evidente. Sin embargo, la nota tergiversa nuestro decir, cuando no falta directamente a la verdad, embarra nuestro esfuerzo y trabajo de años, así como los vínculos y la confianza que hemos construido con lxs actores y protagonistas de las luchas.

    Ambiente y transición energética

    En el complejo universo de la cuestión litífera es muy difícil conocer los datos acerca del consumo de agua de la minería. Investigamos también para eso. Gracias a nuestro trabajo en el Salar de Uyuni visitamos las instalaciones del proyecto litífero y logramos que un empleado que no se percató de la información que estaba brindando nos transmita el consumo de agua actual en la fase piloto que lo extrapolamos a la producción industrial proyectada: Bolivia consumirían aproximadamente 225.000.000 de litros de agua por año bajo un parámetro de eficiencia y 612.500.000 de litros bajo uno de no eficiencia. Estimamos que solamente nosotrxs conocemos el dato porque hasta aquí no lo ha hecho público el Estado Boliviano. Para nuestra nueva investigación, que publicaremos a principios del año 2019 bajo licencia creative commons porque es financiada por recursos públicos, dedicamos un capítulo entero a los problemas ambientales donde también nos ocupamos, por ejemplo, de la utilización de agua en Chile o de los residuos en Argentina.
    Ahora bien, el litio es clave en la transición energética que permite combatir el cambio ambiental global y desfosilizar nuestras sociedades, y bajo una lógica que no busque la ganancia será necesario contar con este bien común si queremos generar los reservorios de energía que nos permitan pervivir como humanidad. Ningunx de nosotrxs acuerda con la extracción de bombeo a partir de salmueras tal y como hoy se lleva a cabo, ni con el saqueo que realizan las empresas en el norte argentino, ni con el extractivismo y la reprimarizacion de bienes comunes. En este punto Aranda falta a la verdad al sugerir que Ariel Slipak defiende la extracción de litio en los salares y que apaña al gobierno neoliberal chileno porque supuestamente pagarían altas regalías las mineras. Esto se puede comprobar en los trabajos y actividades donde reiteradamente aborda los efectos e impactos en los territorios en el NOA, Chile y próximamente en Bolivia. La exposición de Slipak, además, tuvo lugar en una charla realizada junto a las comunidades. No había traductores sino protagonistas. Profundicemos en este punto.

    Información generosa y articulación comunitaria

    Cualquier escrito supone ordenar cierta información, contamos aquí de donde proviene parte de la información que utiliza Aranda y las imágenes que ilustran su escrito, las cuales hablan directamente de nuestro vínculo con las comunidades. Los testimonios que Darío Aranda toma de nuestro grupo, de Ariel Slipak principalmente, mayormente forman parte de un encuentro que co-organizamos junto a la Fundación Rosa Luxemburgo titulado “¿Boom del litio? Realidad y debates regionales en Argentina, Chile y Bolivia”, realizado en septiembre de 2018, donde participaron representantes de las comunidades de Argentina y de Chile. El proyecto con la Fundación Rosa Luxemburgo incluía la realización de talleres en el NOA, audios que difundían los efectos socio-económicos y ambientales de la extracción de litio en el norte difundidos principalmente en radios locales de municipios y comunidades, la realización de una charla pública y un encuentro de un día entero junto a las comunidades originarias y a las múltiples organizaciones que trabajan en el territorio, para elaborar una estrategia de acción política común. No se menciona nada de esto en el texto de Darío Aranda. ¿Dónde está la “academia” acá o nuestra falta de compromiso? Es todo lo contrario ¿Pero Aranda y Opsur conocían este encuentro? Invitamos a Darío Aranda, no vino, pidió la grabación de la charla y se la facilitamos, invitamos a Opsur, que estaba fundamentalmente interesado en filmar a las comunidades para un proyecto sobre litio junto a el colectivo audiovisual Vaca Bonsái que, entendemos, hasta hoy nosotros también participamos (porque tanto Vaca Bonsái como Opsur razonablemente desconocen sobre el litio y sobre la integralidad de los salares, y compartimos con ellos nuestro saber y los lazos con las comunidades que hemos construido desde hace más de cinco años).
    Las palabras de Aranda que nos califican de científicos lejanos al sentir de las comunidades están ilustradas por imágenes del territorio, de la puna misma. Ahora bien, detrás del lente que sacó las fotos que ilustran la nota estamos nosotrxs. Literalmente. Las realizó Vaca Bonsai en el marco del proyecto conjunto en el que los invitamos a nuestra ida al NOA (Opsur también estaba invitado, pero no vino). Allí les contamos los puntos centrales de la problemática de los salares y la explotación de litio que venimos pensando hace años, nos juntamos con las comunidades, les mostramos los lugares claves, justamente desde donde sacamos las fotos utilizadas en la nota. Nuestras voces, nuestros testimonios, nuestro compromiso político, las imágenes. En rigor, en los créditos de la nota de Aranda podríamos aparecer también nosotrxs, sobre todo en lo que respecta a la cercanía con las comunidades.

    Geopolítica, bienes naturales y práctica política.

    Debemos ser uno de los grupos radicados en la Universidad de Buenos Aires que se dedica a la investigación, entre otras cosas, más comprometidos con la práctica política. Casi todxs tenemos una trayectoria de militancia política, pasada y presente. Uno de los textos más contundentes en defensa de las comunidades, que relata la historia de sus luchas, sus demandas, que incluye muchas voces de las comunidades, se titula “Conflictos territoriales y construcción identitaria en los salares del noroeste argentino” escrito por Florencia Puente y Melisa Argento. Ambas son parte fundante del Grupo Geopolítica y Bines Naturales. Sin embargo, Darío Aranda invisibiliza y ningunea totalmente el trabajo de nuestras compañeras. No lo considera en absoluto. Nótese que, en uno de los argumentos del texto de Aranda, se menciona que hay quienes no pisaron los salares, todxs nosotrxs no solo pisamos muchas veces los salares, sino que Melisa, Florencia y Martina han pasado días y días en las comunidades y los salares de Salinas Grandes, en Olaroz Cauchari en Argentina; en Atacama en Chile; en Uyuni en Bolivia. Es así que mientras Aranda desconoce, invisibiliza y/o desvaloriza, Opsur (que conoce demasiado bien el compromiso de nuestras compañeras para con la política y las comunidades), igual decide publicar esta nota.
    Hemos rechazado una y mil veces la ciencia desligada de los intereses populares, para no remontarnos demasiado en el tiempo, tan solo un día antes de la publicación del texto al que hacemos referencia vio luz una extensa entrevista realizada a uno de nuestros integrantes en el matutino Pagina 12, donde denunciamos que en la Argentina: “Hay 56 proyectos en marcha y las comunidades no tienen ninguna participación en la gestión, las ganancias o las decisiones”. A su vez, en referencia directa al empleador de algunos de nosotros, ya que contamos con becarios o investigadores de CONICET, denunciamos: “Nada da cuenta de la ineficacia y de la impotencia de la política científica de Barañao de una manera tan clara como el litio”, y acto seguido argumentamos por qué. Con esta impronta salimos siempre de la simple función académica y hemos procurado intervenir en múltiples espacios de comunicación, sea en TV, en Radio y en prensa escrita, defendiendo a las comunidades y poniendo en primer plano la problemática ambiental.
    Ningunx de nosotrxs obtiene algún tipo de remuneración relacionada con la investigación, y tampoco con el trabajo concreto vinculado a los territorios que más arriba describimos, el cual lo realizamos con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Conseguimos financiamiento para abonar parcialmente nuestros viajes al noroeste argentino, Bolivia y Chile y hacer nuestras publicaciones. En ese contexto, en una pluralidad de visiones sobre la cuestión del litio, construimos colectivamente lo que entendemos debe ser una ciencia popular, coproducida con sectores populares. De todos los grupos relacionados con el litio, académicos, periodísticos, audiovisuales, etcétera, debemos ser aquel que se reunió la mayor cantidad de veces con compañeros/as no de dos o tres comunidades, sino muchas de ellas, en diferentes países.

    Periodismo e ideología

    ¿Cómo es posible que editen lo que editaron Opsur? ¿Realmente somos nosotros los enemigos? Habiendo tantos. Entre otras cosas, lo que Opsur sabe de litio se debe en parte a nuestra generosidad, así como lo que sabemos de fracking en gran parte se lo debemos a ellxs, a quienes consideramos nuestrxs compañerxs en el camino de construir resistencias y pensar alternativas. ¿Qué lo explica? Nosotros también nos lo preguntamos. Fueron con Melisa a las comunidades, hablan con Flor cotidianamente, comparten con Bruno un grupo de investigación, militan en la misma organización que Ariel. Las intuiciones de por qué esa nota no son prometedoras –nos hacen pensar en oportunismos y manipulaciones- porque ya circula, y luego del evidente malestar que les hicimos llegar no se define asumir esto como un error públicamente.
    Por otra parte, está a la vista que habría que tener un poco más de respeto con los protocolos de validación que demanda el discurso científico. En este sentido, la nota recreada por Aranda y “editada” por Opsur no ha llegado ni de casualidad a demostrar que la ciencia sea un todo homogéneo que no sirve a la lucha política -y muchísimo menos que nosotros seamos un ejemplo de ello-, pero si hacen patente la extensión y amplitud del periodismo superficial, de pluma muy fácil, de enemigo injusto como práctica estructurante del periodismo dominante de hoy, y brindan una razón para ello porque se manifiesta aun en los sectores que asegurarían ser lo contrario. Su lógica no la dicta el contenido, sino su operatoria, forma y efecto: rápido, superficial y bien circulado, taxativo, sin problematización ni matices. Algunas de las cosas que ha escrito Aranda nos resultan interesantes. Sin embargo, añoramos esas narraciones periodísticas que combinaban profundidad en la investigación, estilo en la escritura, ánimo en la búsqueda de justicia.

    ¿Espejos de colores? Efectivamente

    Por último, algunos elementos de la cocina de la nota de Darío Aranda, ni teóricos ni académicos, permiten iluminar sobre su modo de confección. En el año 2015, en referencia a un potencial proyecto de estatización litífera propiciado por unos diputados ligados al Partido Comunista Argentino que finalmente quedó en la nada, Darío Aranda publicaba una nota en la que citaba un textual del vocero de las comunidades Clemente Flores donde afirmaba: “¿Qué dirían esos diputados si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”. Tres años después, al día de hoy, en la nota que es objeto de este escrito y haciendo alusión también a nuestro grupo simplemente cambia una palabra de Clemente Flores y las adapta a su nuevo “adversario”: “¿Qué dirían esos científicos si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”. Aranda les hace decir a las comunidades lo que le viene en gana según la ocasión, y supuestamente es uno de los momentos “contundentes” del relato. La nota de hoy es un espejo de las de ayer. Sin palabras.
    Efectivamente, quisimos aportar información nueva porque nos sorprendía que la nota de Darío Aranda estuviera tan desactualizada, no mencionaba prácticamente nada de los nuevos proyectos extractivos en la Argentina, tampoco de la situación de Bolivia o Chile, llama “lucha” a conflictos que acontecieron hace cinco años. Justamente para paliar esta desactualización sirve, entre otras cosas, nuestra investigación. Sin embargo, además de este papelón que mencionamos en el párrafo anterior en verdad más de la mitad nota es simplemente un refrito de una nota publicada en julio de 2015 “YPF del Litio: la minería “progresista” y de otra publicada en agosto de 2017 “Investigaciones públicas para intereses privados: Ciencia extractiva”, y puede que haya más pero superada la mitad de la nota dejamos de buscar. Algo de rigor es preciso, si no es científico, que sea alguno.

    Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales (UBA)

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