La Sala I del Tribunal de Sentencia de Honduras dictó el 29 de noviembre la sentencia del juicio por el asesinato de la referente indígena y ambientalista Berta Cáceres Flores. El fallo reconoce que el asesinato fue planificado y ejecutado con “pleno conocimiento y consentimiento” de los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), con el fin de acabar con la oposición de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Sin embargo, desde la familia de Berta, junto al COPINH y organismos de derechos humanos, denuncian que esta sentencia “no implica que se haya alcanzado justicia integral” porque, denuncian, permanecen impunes los principales responsables del crimen: en particular, la familia Atala Zablah, accionistas dueños de la empresa DESA.
Además, señalan que “el proceso estuvo marcado por serias irregularidades que revictimizaron a la familia de Berta Cáceres y al COPINH, entre estas destaca la falta de acceso a la información, la exclusión arbitraria de las víctimas y la falta de publicidad del proceso”.
Compartimos comunicados de la familia y el COPIHN, y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL):
Comunicado de la Familia de Berta, el COPINH, Gustavo Castro y los equipos legales de la causa ante el fallo que juzga a Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Elvin Heriberto Rápalo, Edilson Duarte, Oscar Haroldo Torres y Emerson Duarte.
El veredicto que acaba de emitirse NO satisface nuestras exigencias de justicia como víctimas en el asesinato de Berta Cáceres y el intento de asesinato a Gustavo Castro.
Este fallo que se ha pronunciado en la Sala I del Tribunal de Sentencia que condena al grupo sicarial y a la estructura intermedia relacionada directamente a la empresa DESA no significa que se ha alcanzado justicia.
Las estructuras y las personas que dieron el dinero para que estos criminales asesinaran a Berta Cáceres siguen gozando de la libertad y de la posibilidad de seguir desarrollando crímenes como este de manera impune.
Desde el inicio de este proceso, hace casi tres años ya, ha sido claro que el asesinato de Berta Cáceres fue planificado por los directivos de la empresa DESA para luego ser ejecutado por sicarios vinculados a la Fuerzas Armadas de Honduras. Sin embargo, la verdad sobre el crimen y todos sus responsables ha sido limitada a quienes ahora se han juzgado debido a los obstáculos decididos que el Estado de Honduras ha interpuesto a través de su Ministerio Público y sus tribunales para negar la verdad como parte de una justicia real.
Lo que ha quedado todavía más claro de este proceso judicial del cual hemos sido expulsados, debido a que no nos hemos callado ante todas las arbitrariedades que a diario fueron sucediendo en los tribunales, es que la familia Atala Zablah, accionistas dueños de la empresa DESA, están detrás de toda la trama de persecución, hostigamiento, ataques y amenazas que llevaron al asesinato de Berta Cáceres.
Nuestra participación como víctimas es parte fundamental en el proceso de justicia y el Estado, al excluirnos de manera sistemática, perpetúa la impunidad que inunda este país y que tanto daño hace.
Durante el juicio fuimos testigos, así como los observadores internacionales, los miembros del cuerpo diplomático y la prensa, de las comunicaciones telefónicas que evidencian esta participación. Esto también dejó claro que los hechos criminales cometidos por la empresa DESA bajo la dirección de esta familia van más allá del asesinato y comprenden una serie de crímenes realizados en contra de Berta Cáceres, del COPINH, del pueblo Lenca e incluso de la administración pública y del Estado de Honduras.
Preguntamos al Estado y sus instituciones ¿Qué intereses están en juego y motivan que con sus comportamientos protejan a los máximos responsables cuyos nombres no son un secreto? ¿Por qué existiendo evidencia de su participación no han sido procesados al día de hoy después de casi 3 años del vil crimen? ¿Qué esperan para cumplir con su responsabilidad??
Exigimos que sean traídos ante la justicia a todos los responsables por el asesinato de Berta Cáceres y no únicamente quienes pagados por DESA ejecutaron el crimen.
Con el capítulo que se cierra hoy, las condenas al eslabón más bajo de la estructura criminal con las que el Estado hondureño pretende silenciar la demanda de justicia, no termina la lucha por justicia para Berta Cáceres y el pueblo Lenca, por el contrario, se profundizan nuestros esfuerzos.
Estas condenas, son el primer escalón en la búsqueda de justicia y la familia, Gustavo Castro, el COPINH y los equipos legales hemos estado acompañados de quienes creen en Berta Cáceres, en su palabra y acción y sabemos que van a seguir estando coherentemente del lado de la verdad y la justicia en las batallas venideras que con total determinación haremos.
La impunidad que hasta hoy muestran y disfrutan los autores intelectuales de este crimen, hace parte del entramado de corrupción y violencia que sostiene al modelo extractivista que saquea nuestros pueblos, ante el cual las víctimas juntos a las demás personas, comunidades y organizaciones nos comprometemos a seguirles enfrentando, como lo hizo Berta Cáceres, hasta que la Dignidad, la Verdad y la Justicia, prevalezcan en esta causa y en todas las luchas que ahora mismo se están librando en distintos territorios de Honduras y el mundo
¡La justicia hondureña está en deuda con nosotras y nosotros, con todo el pueblo hondureño!
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, a los 29 días del mes de noviembre del año 2018.
Fuente: https://copinh.org/2018/11/comunicado-ante-el-fallo/
CEJIL: sentencia por caso de Berta Cáceres prueba estructura criminal detrás de su asesinato
Tegucigalpa, 30 de noviembre de 2018.– El día de ayer, la Sala I del Tribunal de Sentencia emitió el fallo del primer juicio por el caso de Berta Cáceres Flores y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro. En su sentencia, el Tribunal condenó a Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte como coautores por el asesinato de la defensora.
Además, el Tribunal condenó a Rápalo, Torres, Hernández y Duarte por tentativa de asesinato contra Gustavo Castro y absolvió de toda responsabilidad a Emerson Duarte porque no se pudo comprobar su participación en el crimen.
En su fallo, el Tribunal de Sentencia afirmó que el asesinato de la lideresa indígena y defensora de derechos humanos fue planificado y ejecutado con “pleno conocimiento y consentimiento” de los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), con el fin de acabar con la oposición de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Como representes de la familia de Berta Cáceres y el COPINH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) reconocemos la relevancia de esta sentencia y en particular celebramos que el Tribunal haya comprobado la participación de directivos de DESA en la planificación y financiamiento del asesinato de Berta Cáceres Flores. Es preciso recordar que los hallazgos del Tribunal son consistentes con las conclusiones a las que llegó el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) en noviembre del 2017.
Sin embargo, denunciamos que esta sentencia no implica que se haya alcanzado justicia integral. Esto es así porque el proceso estuvo marcado por serias irregularidades que revictimizaron a la familia de Berta Cáceres y al COPINH, entre estas destaca la falta de acceso a la información, la exclusión arbitraria de las víctimas y la falta de publicidad del proceso.
Por otra parte, es preocupante que el Ministerio Público no haya realizado acciones para identificar a otros autores intelectuales pese a existir prueba que les vincula y que el propio Tribunal señala en su sentencia. En tal sentido, seguirá existiendo impunidad hasta tanto no se avance en la identificación, juzgamiento y sanción de todas las personas que están involucradas en los hechos.
“La decisión judicial debe ser un llamado de atención para las autoridades hondureñas y para el sector empresarial en este país, esta sentencia debe hacerles entender que no es posible avanzar con proyectos extractivistas sacrificando los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afectadas. El desarrollo solo será posible si se construye tomando en cuenta la cosmovisión de estos pueblos, si se respeta su dignidad y su derecho a la igualdad y no discriminación”, señaló Marcia Aguiluz Soto, directora del programa para Centroamérica y México.
Por otra parte, ante la decisión jurisdiccional que da cuenta de la participación de directivos de la empresa DESA, exigimos que Honduras inicie, de manera inmediata, el proceso para revocar la concesión otorgada a esta empresa sobre el río Gualcarque. Además, consideramos urgente que se inicie un proceso para reparar al COPINH por todo el daño que se les ha causado, en particular, que se reconozca el rol importante que han jugado en la defensa de la tierra y los derechos de los pueblos indígenas.
Las condenas dictadas el día de ayer representan un avance en la exigencia de justicia que ha liderado la familia de la lideresa social, el COPINH y el pueblo lenca. Ellos y ellas son un ejemplo incansable de lucha, dignidad y amor por su país. Desde CEJIL seguiremos acompañándoles hasta que se alcance verdadera justicia para Berta.
