Desde el primer momento en que asumió el gobierno, la represión y criminalización de la protesta social se convirtió en uno de los ejes centrales de Cambiemos.
Es también parte de su ADN político, ya que la familia Macri tuvo profundos vínculos con la dictadura genocida iniciada en 1976 mediante la fascista Logia P2 (Propaganda Due), gracias a los cuales hizo jugosos negocios que explican su fortuna. Pero a lo largo de su gestión, el Ejecutivo zigzagueó en esta área como en otras, avanzando donde podía, recalculando donde encontraba resistencia.
Ahora, con el deterioro de todas las variables socioeconómicas y la fuerte caída de su imagen pública, alguna vez considerada uno de sus principales capitales, el macrismo apuesta cada vez más, en lo discursivo y en lo concreto, a la violencia.
El fusilamiento de militantes de la economía popular en La Matanza y Córdoba, el incineramiento de 9 presos en Esteban Echeverría, el encarcelamiento de militantes del FOL en Rosario y Córdoba, la impunidad de Lleral y Bullrich en la causa Santiago Maldonado y la fuga de los policías asesinos de Fabián Gorosito, todos hechos ocurridos en los últimos quince días de noviembre, dan cuenta de ello.
Fusilar
En la madrugada del jueves 22 de noviembre Rodolfo Orellana fue asesinado con balas de plomo en el marco de una represión llevada adelante por la Policía Bonaerense en una toma de terrenos en Puente 12 en la localidad de Villa Celina, partido de La Matanza.
Dos días más tarde, Marcos Jesús Soria, militante del Encuentro de Organizaciones y trabajador de la economía popular en la CTEP fue asesinado de un balazo en la espalda, tras ser brutalmente golpeado, en el Barrio Angelelli II de Córdoba.
Entre uno y otro hecho pasaron 48 horas, sólo un día en el medio. Pero no cualquier día. Fue el viernes 23 en el que en varias de las principales ciudades del país se realizó la Marcha de la Gorra, nacida en Córdoba para denunciar el hostigamiento, las torturas y las ejecuciones sumarias de los efectivos policiales contra los jóvenes de los barrios más humildes.
El gatillo fácil es parte de la política de Estado de terror y disciplinamiento de los sectores que el sistema va dejando excluidos.
Encerrar y dejar morir
Otra pata de la misma política es el sistema penitenciario, nombre con el que se designa a la totalidad de los olvidaderos hacinados de perejiles sin sentencia gestionados por el Estado.
El jueves 15 de noviembre se produjo un incendio en la comisaría 3era de Esteban Echeverría, conurbano bonaerense, que al cierre de esta edición se había cobrado las vidas de nueve personas -hay al menos una más en estado crítico- que estaban presas allí, a pesar de que el lugar se encontraba clausurado por el Poder Judicial de Lomas de Zamora por no ser adecuado para alojar personas privadas de la libertad.
Las primeras versiones mediáticas, lanzadas por fuentes policiales, era que los detenidos “se querían escapar”. Los familiares cuentan algo muy distinto: “los policías les decían que se iban a morir como ratas” y denuncian que cortaron el agua para evitar que se pudiera apagar el fuego. La comisaría es colindante con un cuartel de bomberos.
La Masacre de Esteban Echeverría es similar a la que un año antes se cobró la vida de otros siete jóvenes pobres en la Comisaría 1° de Pergamino. En ambos casos, los responsables políticos, la gobernadora María Eugenia Vidal y su ministro de seguridad Cristian Ritondo, están blindados mediáticamente.
Garantizar impunidad
Para que las fuerzas de seguridad acaten las órdenes y garanticen el funcionamiento de la maquinaria, hay que darles certezas de que van a salir impunes, de que cuentan con el apoyo del poder político para cometer crímenes y sembrar el terror.
Un ejemplo es la “doctrina Chocobar”, que toma el nombre del policía Luis Chocobar, que asesinó por la espalda a Juan Pablo Kukoc en el barrio porteño de La Boca.
Luego de que Chocobar fuera procesado por homicidio, el presidente Mauricio Macri y la ministra de seguridad Patricia Bullrich lo recibieron en la Casa Rosada. La funcionaria declaró: “los jueces que hagan lo que quieran, nosotros como política pública vamos a ir en defensa de los policías”. Una suerte de ilegal “garantismo”: garantía de impunidad, sólo apto para criminales del Estado.
De esa promoción se beneficiaron los policías responsables del asesinato de Fabián Gorosito, el 15 de agosto de 2010 en la Comisaría de Mariano Acosta, partido de Merlo. Luego de salir impunes, la familia logró un segundo juicio donde fueron encontrados culpables -sólo de torturas, no del homicidio- cinco de los doce policías implicados. La sentencia salió el 15 de noviembre. Cinco días más tarde, los cinco policías se habían fugado ante la pasividad del Poder Judicial.
Otro que disfruta de la promo es el gendarme Emmanuel Echazú, el único imputado por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Premiado con un ascenso en enero de este año, fue beneficiado con el cierre de la causa el 29 de noviembre. El juez Gustavo Lleral le comunicó a la familia que ya no podía soportar los aprietes. Patricia Bullrich celebró la resolución: “hoy logramos dar un paso más hacia la Argentina de la ley y la verdad”.
Debilidad y apuesta
Cada vez que se ejecuta un ajuste como el que está llevando adelante ahora el macrismo, el Estado refuerza su despliegue represivo sobre los sectores más perjudicados para contener el malestar mediante dosis crecientes de terror y violencia. Esto ha ocurrido una y otra vez en la historia argentina. La misma historia nos muestra a la resistencia popular y de la clase trabajadora creciendo y enfrentando de nuevas maneras, cada vez, esta doble ofensiva contra nuestros derechos.
Un gobierno que debe apostar a dosis crecientes de represión lo hace desde posiciones de debilidad crecientes, esto también lo enseña la historia argentina y un ejemplo claro es el de diciembre de 2001. Pero el poder nunca sólo reprime, también busca producir condiciones que garanticen su continuidad, su éxito: un nuevo consenso, determinada cultura, un sentido común. Esta ha sido una apuesta desde el principio del macrismo y para ello ha contado desde el principio con las principales corporaciones mediáticas. El triunfo del neofascista Jair Bolsonaro en Brasil los ha reforzado en esta dirección.
La apuesta de Cambiemos no es sólo golpear, encerrar, torturar y matar al hambreado, al piquetero, al negro villero: es convencernos a todos de que eso está bien. Ante el pánico que les genera la creciente crisis social, convertir la necesidad en virtud. De su debilidad política, virar aún más a la derecha y desde ahí construir una nueva fortaleza.
Para ello trabajan las corporaciones como Clarín, La Nación, América y para ello hablan y escriben día tras día los Antonio Laje, Baby Etchecopar, Jorge Lanata, Eduardo Feinmann, Santiago del Moro y una larga lista de personajes más impresentables o más correctos que producen un impresionante volumen de propaganda neofascista. Todos ellos generosamente pautados con un volumen de guita que también financia el ejército de trolls en las redes. Apuestan a conseguir la aprobación social de un nuevo terrorismo de Estado, la paz de los cementerios, con una leve pátina democrática, claro está.
No alcanza con un par de periodistas copados que digan verdades en un par de medios. Tampoco con esperar sentados las siguientes elecciones. Ellos trabajan todos los días en nuestra contra: sólo la respuesta popular y la organización de la resistencia puede desarmar esa maquinaria.
Fuente: https://periodicoelroble.wordpress.com/2018/12/08/la-caceria-profundizacion-represiva-del-macrismo/