El empresario José Karlen además será demandado ante la Procuración General por un monto de 171 millones de pesos.
Nunca se había registrado un castigo similar en Salta. Hace unos días, el empresario José Karlen adhirió a un acuerdo por el cual deberá reforestar territorio salteño por 30 años. Fue luego de que lo encontraran culpable por “devorarse” 11 mil hectáreas de bosque en el departamento San Martín.
En el medio deberá tener acuerdos con puesteros que se hayan visto perjudicados en esa zona, además de las comunidades originarias, y también negociar una eventual entrega de tierras a cada parte. Así lo informó Nuevo Diario.
Así surge del acuerdo que fue dado a conocer ayer desde el Ministerio Público Fiscal, desde donde se sostuvo que ante cualquier incumplimiento la zona pasará a formar parte del Sistema Provincial de Áreas Protegidas (SiPAP), por más que quede a nombre del desmontador.
La finca, en tanto, no es pasible de ser embargada y ofrecida como prenda de alguna deuda que Karlen contraiga. Sin embargo, el acuerdo establece que dentro del sector se podrá producir.
Entre otros objetivos, se contempla por dicho lapso de tiempo un vivero con 120 mil ejemplares por temporada, los que servirán para la forestación del bosque arrasado. Se calcula la plantación de entre 200 a 245 árboles nativos por cada hectárea, como así también una importante inversión en materia social, la que incluye a miembros de comunidades aborígenes y criollos.
Desde la Procuración se aseguró que esta es una “propuesta sin precedentes en materia de recuperación ambiental en Argentina”, y se logró en el marco del proceso de conciliación que la jueza abrió, como obliga el Código Procesal Civil, tras la condena de seis meses de prisión condicional impuesta a Karlen por el delito de desobediencia judicial.
El proceso penal iniciado con posterioridad a una multa administrativa hoy judicializada, fue impulsado por el entonces fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot. La sentencia penal en tanto, fue dictada por la jueza Azucena Vázquez de la Sala II del Tribunal de Juicio el 2 de octubre del año 2015.
A la condena inédita en materia jurídica ambiental en el país en materia de desmonte ilegal, le siguió una demanda civil contra el finquero, proceso que quedó en manos de la Procuración General y la Fiscalía Civil de Tartagal.
La cifra demandada, estimada en 171 millones de pesos, surgió de un estudio ambiental a efecto de lograr la reparación del terreno desmontado, el que fue realizado por técnicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la Dirección Nacional de Bosques, el I.N.T.A, la U.N.Sa. y la U.B.A.
Según el nuevo acuerdo, ese dinero será volcado en las recomposiciones ambientales que deberá afrontar el empresario a partir de ahora, dado que se había declarado insolvente para hacer frente a esta situación por lo que decidió abrir el espacio de conciliación.