Con 70 votos a favor y 17 en contra, la mayoría de diputados sandinistas de la Asamblea Nacional, cancelaron la personería jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Para los defensores de los derechos humanos se trata de una nueva fase de la represión desatada desde el Ejecutivo sandinista, que comenzó con el ataque a las manifestaciones, el desmantelamiento de las barricadas levantadas en todo el país como símbolo de resistencia, a través de la denominada “Operación Limpieza” —que dejó decenas de muertos— y continúo con el arresto de los rostros más visibles de la llamada “insurrección de abril”. A eso siguió el asedio, persecución e intimidación de medios de comunicación y periodistas independientes, hasta llegar a esta arremetida contra organizaciones de la sociedad civil.
Al trascender la noticia a nivel internacional organizaciones de derechos humanos reaccionaron a la decisión contra el Cenidh. “Con esta cancelación queda claro que el Gobierno del presidente Ortega está dispuesto a hacer todo por silenciar las voces de quienes han denunciado las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por su Gobierno. Es sumamente alarmante que organizaciones con la trayectoria y legitimidad del Cenidh estén siendo perseguidas”, dijo a EL PAÍS Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Retirarle la personalidad jurídica al Cenidh deja en indefensión a la población de Nicaragua, sin organizaciones que les representen y luchen por sus demandas de justicia y rendición de cuentas”, agregó la activista.
Recordemos que es esta entidad fue la que asesoró a Thelma Fardín para poder denunciar por violación al actor Juan Darthés. El argumento fue que, tanto el Cenidh como otros organismos, se prestaron “a actividades que no corresponden a sus fines”.
Ortega ya había ordenado la cancelación de la personalidad jurídica del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), un centro del pensamiento dedicado a la fiscalización del presupuesto público y a análisis en temas de defensa. También ocurrió lo mismo con el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), dirigido por la feminista Ana Quirós, quien fue expulsada hacia Costa Rica por órdenes del Ejecutivo sandinista.