En sus primeros dos días al frente del gobierno de Brasil, el presidente Jair Bolsonaro tomó varias medidas controvertidas. Decretó una baja del salario mínimo para 2019 de 998 reales. También le quitó a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) el control de la demarcación de los territorios de los pueblos originarios, y al Instituto nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) el control de los territorios de los descendientes de esclavos. Ahora todo estará manejado por el Ministerio de Agricultura, a cargo de Teresa Cristina Correa, líder de ruralistas terratenientes. Y con el decreto 870/19, Bolsonaro quitó a la población LGTBI de la promoción de los Derechos Humanos y creó el nuevo “Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos”, al mando de la pastora Damares Alves.
Contra la clase trabajadora
En su segundo día al frente del gobierno de la República Federativa del Brasil, el presidente Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal) dispuso el recorte del salario mínimo nacional: decretó un salario mínimo para 2019 de 998 reales (aproximadamente 257 dólares). Este, si bien en términos nominales representa un aumento del 4,61 % con respecto al año pasado, reduce los 1.006 reales (260 dólares) aprobados en el presupuesto de 2019 del gobierno del saliente Michel Temer.
Contra los pueblos originarios, los afrodescendientes y los movimientos ambientalistas
También, en su primer día de gobierno dictó una medida provisoria (MP), figura constitucional análoga al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que otorga al ministerio de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, las siguientes potestades:
“I – La identificación, la delimitación, la demarcación y los registros de las tierras tradicionalmente ocupadas por indígenas; y
II – La identificación, la delimitación, la demarcación y la titulación de las tierras ocupadas por los descendientes de las comunidades de los quilombos.
3º: Cabe al Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento ejercer, por medio del Servicio Florestal Brasilero, la función de órgano gestor prevista en el art. 53 de la Ley nº 11.284, de 2 de marzo de 2006, en ámbito federal”.
Durante la campaña, Bolsonaro dio señales de que buscaría el aprovechamiento económico de las áreas indígenas, tanto por la agricultura y para la explotación minera. De esta manera, uno de los primeros actos de gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil fue quitarle a la Fundación Nacional del Indio ( FUNAI) el control de la demarcación de los territorios de los pueblos originarios. Asimismo, quitó al Instituto nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) el respectivo control de los territorios de los descendientes que esclavos que habitaban los quilombos. El mandatario le otorgó esa potestad al Ministerio de Agricultura. Por último, también pasará bajo comando del Ministerio de Agricultura el Servicio Florestal Brasilero la gestión de las reservas naturales, hasta ahora responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente.
A simple vista esta medida provisoria (MP) publicada en el Diário Oficial da União podría parecer un mero cambio de índole administrativa. No obstante, siendo esa cartera administrada por la líder ruralista Teresa Cristina Correa, diputada federal por el estado de Mato Grosso do Sul, representante de propietarios ruralistas en pugna con las comunidades originarias, en la práctica implica darle el control de la demarcación de la tierra a los propios terratenientes.
Actualmente, en Brasil las reservas de los pueblos originarios ocupan un 12,2% del territorio nacional. Los ataques a las comunidades originarias por parte de los terratenientes armados en disputas por las tierras son frecuentes, y las víctimas fatales entre los originarios, moneda corriente.
En campaña, Bolsonaro había prometido una defensa a los propietarios rurales, proponiendo una ley que calificará de terrorista a quien ocupe tierras, criminalizando a las comunidades originarias y otros colectivos que reclaman su derecho a la tierra. Con la asignación de la potestad de la demarcación al ministerio comandado por Correa, líder de propietarios rurales, Bolsonaro inclina la balanza hacia el sector terrateniente, deshaciendo terreno ganado por décadas de lucha de pueblos originarios, descendientes de esclavos, así como los movimientos ambientalistas.
La urgencia de esta medida provisoria es una muestra de que la pugna por lo material, lo concreto, en una palabra: la propiedad de la tierra, ocupa el mayor peso en el gobierno de evangelistas, terratenientes y militares bajo el signo de la “Triple B” (Biblia, Buey y Bala).
Contra la diversidad sexual
Mediante la MP nº 870/19, Bolsonaro quitó a la población LGTBI de la promoción de los Derechos Humanos. La MP especifica la creación del nuevo Ministerio de la Mujer, la Família y los Derechos Humanos, al mando de la pastora Damares Alves. Con la nueva medida están incluidas explícitamente las “mujeres, niños y adolescentes, juventud, ancianos, personas con deficiencia, población negra, minorías étnicas y sociales e indios”. La población LGTBI, anteriormente citada en las estructuras de la Secretaría Nacional de Promoción y Defesa de los Derechos Humanos, fue excluida.