El Equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), organismo de derechos humanos presidido por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, elaboró un balance anual e incluyó un segmento sobre Punta Querandí. Recomendamos su lectura para informarse sobre la situación actual de nuestro conflicto territorial.
Perseverante camino de la Comunidad Indígena Punta Querandí
Desde sus inicios, allá por el 2004, este reclamo fue tomando fuerza y se convirtió en una de las causas que más apoyo recibió por parte de muchos sectores populares.
Punta Querandí es una comunidad indígena pluriétnica enclavada entre los barrios privados, en una zona ancestralmente habitada por querandíes, chanás y guaraníes, que hoy corre peligro de desalojo por diversos juicios iniciados por Jorge O’Reilly, presidente de la desarrolladora inmobiliaria EIDICO
Y el 2018 fue un año intenso en el que se conjugaron varios temas importantes que posibilitaron su fortalecimiento. Por ejemplo: en abril, el Juez de Garantías N°5 de Tigre, Diego Martínez, rechazó desalojar a la Comunidad Indígena Punta Querandí al considerar que no hay “delito de usurpación”, por lo que resolvió “no hacer lugar al lanzamiento y reintegro” solicitado por el empresario Jorge O’Reilly. El juez evaluó: “No logro advertir que de la prueba recopilada se pueda acreditar que los imputados hayan despojado o turbado de la posesión legitima del bien inmueble a la firma San Atanasio, así como tampoco se habría conformado alguna de las modalidades delictuales que el artículo 181 del CP establece”. A estos se refiere violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad.
El 20 de abril, San Atanasio apeló el fallo del juez Diego Martínez, planteó ser víctima del “abandono” de las autoridades y agregó: “A pesar de las numerosas denuncias y presentaciones, nada se hizo (desde el Estado), para detener el criminal proceder de los endilgados y ello, lógicamente, los alentó a continuar incrementando el despojo”. Además afirmó que no desalojar a la Comunidad Indígena Punta Querandí “fomentará la creencia de que las circunstancias personales de los imputados -quienes se auto proclaman defensores de los derechos de los pueblos originarios, para perpetrar los delitos denunciados- los exime de toda responsabilidad criminal”.
Sin embargo, la decisión de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, con fecha 7 de junio, fue “declarar inadmisible el recurso de apelación que fuera interpuesto contra el auto del Juez titular del Juzgado de Garantías Nº5, por el cual se dispuso no hacer lugar al pedido de lanzamiento peticionado”.
Entonces, respecto a lo judicial, en abril y junio se obtuvieron fallos a favor de la Justicia Penal de San Isidro rechazando el desalojo solicitado por el empresario Jorge O’Reilly, mientras que en el juicio civil fue importante el respaldo de la Comisión Provincial por la Memoria a través de su presidente el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Además, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas envió una nota al Juzgado recomendando la aplicación de la Ley 26.160 que prohíbe los desalojos.
Además de estos temas relacionados con la justicia, la Comunidad continuó con su trabajo de crecimiento, y fue así que se amplió el Museo Autónomo de Gestión Indígena; se inauguró la Biblioteca y se instaló el Monumento a la Yaguareté, de mucha significación simbólica. También se avanzó en la construcción de la Maloka, vivienda comunitaria y se aumentó la huerta; se recibió la visita de decenas de instituciones educativas y la importante presencia de caciques Mbyá guaraní de Misiones, y en general tuvieron el importante acompañamiento de numerosas organizaciones sociales, culturales, ambientales, de derechos humanos y de pueblos originarios.
Finalmente, el martes 27 de noviembre por la noche, en la última sesión ordinaria, se aprobó por unanimidad una declaración de interés legislativo municipal de las actividades realizadas por la Comunidad Indígena Punta Querandí, por la preservación y difusión de las culturas ancestrales de los Pueblos Originarios. Se trata de un importante gesto político no sólo para Punta Querandí (que se encuentra en la etapa final de un juicio de desalojo): es la primera acción institucional en favor de los Pueblos Originarios en Tigre.
Fuente: Kay Pacha / SERPAJ