El sindicato Camioneros movilizó con miles de afiliados a las puertas de FEMSA Coca Cola, para rechazar el “preventivo trucho” y rechazar los despidos que prepara la empresa. También denunciaron las reformas laborales por sector y por empresa que impulsa el gobierno de Mauricio Macri.
El gremio de Camioneros liderado por Hugo y Pablo Moyano, junto a varios gremios de los espacios que integra -el Frente Sindical para el Modelo Nacional y la Multisectorial 21F- movilizó a las puertas de la planta de FEMSA Coca Cola en Tapiales, La Matanza, en rechazo a potenciales despidos masivos, pero también para confrontar con lo que entienden es una nueva ofensiva de reforma laboral sectorial impulsada por el gobierno de Cambiemos.
La empresa arribó el viernes pasado a un acuerdo con el sindicato de aguas y gaseosas (Sutiaga) para efectuar 35 cesantías en su planta de Pompeya, tras ser rechazado el pedido de un preventivo de crisis.
Ese mecanismo legal les permite a las empresas que presenten tres balances negativos consecutivos realizar suspensiones de personal, despidos masivos y reducir las indemnizaciones en caso de recortar empleos. La intención inicial de la mexicana FEMSA era suprimir 80 puestos, pero finalmente el Gobierno rechazó la apertura del procedimiento, en medio de una seguidilla de empresas -como Fate, Avianca y Atlántida- que este año solicitaron el mismo trato recibido por Carrefour en 2018, beneficiada con una reducción de sus contribuciones patronales y un acuerdo de rebaja salarial.
Enterados de la situación, Camioneros se declaró primero en estado de alerta y movilización, y el viernes -una vez sellado el acuerdo en la embotelladora- comenzó a preparar el acto. Según escribió ayer Juan Manuel Barca del portal iProfesional, detrás de la decisión de Coca Cola, Moyano sospecha que se esconde una reestructuración laboral más profunda, en línea con la propuesta de la Federación de Empresas de Autotransporte de Carga (Fadeeac) que a principios de mes solicitó la modificación de 20 puntos del convenio de Camioneros, una iniciativa que el Gobierno aprueba o impulsa, de acuerdo a la fuente, pero que es rechazada frontalmente por el sindicato.
En ese marco, el gremio denunció la semana pasada presiones de la fabricante de gaseosas sobre las distribuidoras para que se declaren en situación de crisis y así facilitar cambios en las plantillas. Solo esa compañía emplea a más de 10.000 personas entre empleados directos y externos en 10 plantas y 92 centros de distribución en el país que son operados a través de sus socios Femsa y Regis (Capital y Buenos Aires), Arca (Norte) y Andina (Centro y Sur).
Pero Moyano también está preocupado por otras empresas grandes de aguas y gaseosas que, al igual que la fabricante de la fórmula secreta, podrían llegar a reducir personal por la caída del consumo, el aumento del combustible y las tarifas. En el radar del sindicato aparece la cervecera Quilmes, que cuenta con un centro logístico al lado del de Coca-Cola en Tapiales, pero que por el momento no evalúa desvincular personal, según informaron fuentes de la empresa a iProfesional.
La otra multinacional en la mira es la fabricante de bebidas y productos lácteos Danone, en la que el año pasado hubo protestas por el despido de 44 choferes en la planta de Chascomus, donde se envasa el agua mineral Villa del Sur.
Nuevo apriete del gobierno
En este marco de confrontación, Hugo Moyano relató haber recibido una notificación del Ministerio de Producción y Trabajo, al que calificó como “una de las delegaciones del Fondo Monetario Internacional”, según la cual la convocatoria que encabezó frente a Coca-Cola no había sido preavisada. “Seguramente querrán ponernos una sanción”, sostuvo el gremialista al recordar la multa por cerca de mil millones de pesos que le aplicó a Camioneros el exministro de Trabajo Jorge Triaca, y que fue judicializada.