“La sociedad comprende las dificultades para sanear la economía y que la contracara de eso son años difíciles”, dijo el ministro Nicolás Dujovne en el canal Todo Noticias el lunes pasado. La frase, sin réplicas por parte de su entrevistador, como tantas otras, fue repetida en múltiples medios y es la forma elegida para eludir explicar las enormes distancias entre las metas de crecimiento, inflación y reducción de la pobreza reafirmadas hasta hace pocos meses y los pésimos registros.
En su defecto, ahora el punto de comparación es un escenario imaginario: que Argentina iba a ser Venezuela, sin contrastar respecto a los resultados que los propios funcionarios del actual gobierno decían que esperaban o que buscaban lograr.
En relación al crecimiento, según las estimaciones oficiales plasmadas en los Presupuestos Nacionales de 2017, 2018 y 2019 y los anuncios para 2016 al mes de haber asumido, la economía debería acumular una expansión del 7,7% en los cuatro años del gobierno de Cambiemos. Sin embargo, el país sufrirá una contracción superior al 3%, de acuerdo al INDEC para el período 2016/18 y las amistosas estimaciones del FMI de 2019 (proyecta una caída del PBI del 1,7%). Así, serán no menos de 10 puntos de distancia entre lo estimado y lo realizado, con sobrestimaciones de crecimiento en todos los años.
Aún peor fueron sus metas de inflación comparadas a lo registrado; en todo el mandato presidencial, según los objetivos del gobierno, la economía debería haber acumulado un aumento general de precios del 62%, pero rondará el 250%; son cuatro veces más que su meta. Y, en cuanto a la pobreza, la medición es confusa dado que tomaron discrecionalmente un punto de partida de un período (segundo trimestre de 2016) gravemente afectado por la devaluación de diciembre de 2015, la quita de retenciones y los abruptos aumentos de tarifas de servicios públicos. No obstante, respecto a ese momento la pobreza también exhibirá una importante suba, en lugar de la baja prometida.
Pero el aspecto que debería generar el más amplio y fuerte repudio y que el relato del gobierno oculta con la complacencia de grandes medios de comunicación es que hay muy relevantes actores de poder (sector financiero y empresas proveedoras de servicios públicos, fundamentalmente) que gozan de políticas muy a su favor, sin que esas ayudas impliquen compromisos de inversiones, generación de empleos y/o desarrollo de proveedores locales que mejoren el nivel general de vida de la población. Por el contrario, emergen como grandes ganadores del proceso y, en su ejercicio abusivo a través del cobro de tasas de interés, comisiones y tarifas desproporcionadamente altas en relación a los estándares internacionales, acaparan recursos del resto de los sectores, comprimiendo más la actividad económica y agigantando las desigualdades.
En el relato oficial, los pronunciados aumentos de precios derivados de sus políticas son camuflados como parte de la supuesta “normalización” de la economía. Sin embargo, por caso, el tendencioso intervencionismo del gobierno fijando tasas de interés de referencia superiores al 44%, sin paliativos para ningún sector, durante ya más de un semestre es algo inédito y destructivo que implica una enorme transferencia de riquezas en contra de quienes producen y condena al país a una profunda depresión con secuelas que costará mucho superar.
Así, el sector financiero, desde que estalló lo que el relato oficial bautizó como “tormenta” (abril de 2018) y hasta diciembre de 2018, aceleró notablemente el aumento de ganancias y llegó a totalizar beneficios por 145.601 millones de pesos en solo tres trimestres. A valores constantes, su rentabilidad creció 71% contra el mismo período del año anterior que ya había sido beneficioso para el rubro. Esas ganancias no son resultado de inversiones o desarrollos innovativos, son consecuencia del establecimiento de políticas públicas que les facilitan la extracción de recursos del resto de los sectores, cada día más ahogados.
Casualmente, los funcionarios de mayor rango del “equipo económico” provienen del mundo financiero y, cuando terminen su gestión, seguramente volverán a los puestos que abandonaron cuando pasaron a la función pública o serán premiados por el resultado sectorial de su trabajo.
Es muy lamentable que los grandes formadores de opinión omitan esta dualidad entre los grandes ganadores y los enormes padecimientos de los amplios sectores postergados: industria, construcción, comercio y especialmente trabajadores, jubilados y pensionados. El solo hecho de observar esas desigualdades debería derivar en un reclamo para diseñar y aplicar políticas capaces de redistribuir rentas extraordinarias de los sectores favorecidos hacia los que están siendo dañados, sobre todo porque estos últimos son los que, por las características propias de su funcionamiento, impulsan positivamente la actividad productiva, con inversiones, generación de empleos y distribución del ingreso.
La triste realidad es que la economía no podrá crecer, bajar la inflación y la pobreza con un gobierno que complace negocios de grandes grupos de poder desinteresados del devenir de nuestro país.
Fuente: https://www.baenegocios.com/economia-finanzas/Los-enganos-del-discurso-oficial-20190226-0083.html