El 3 de marzo por la tarde fue intervenida en el Hospital de Tartagal la menor de 13 años, integrante de la comunidad El Cañaveral de Santa Victoria Este. Se hizo valer su voz.
04/03/2019
En horas de la noche la Campaña por el Derecho al Aborto- Salta difundió la noticia que fue celebrada por el movimiento de mujeres.
La niña de 13 años, quien permanecía internada en el Hospital de Tartagal desde el viernes, había denunciado el abuso y manifestado su deseo de interrumpir el embarazo producto de una violación intrafamiliar. El pedido fue tomado en cuenta por la doctora Verónica Mamani quien intervino haciéndole valer su derecho como niña, amparada en el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación que plantea el ejercicio de los derechos por la persona menor de edad.
Instantes más tarde de conocida la noticia sectores ligados a las Iglesias difundieron el nombre de la niña, violando su derecho a la identidad y privacidad.
La ILE se produce la misma semana en que en la vecina Tucumán el gobernador peronista Juan Manzur, ex ministro de salud de Cristina Kirchner, la Iglesia y la justicia obligaron a maternar a una niña de 11 años víctima de violación, en contra de su propia voluntad.
Le dieron el alta a una niña wichi tras la interrupción de su embarazo
Luego de que le contara a su madre que había sido víctima de abuso sexual por parte de un tío, habían detectado que cursaba un embarazo de 11 semanas.
Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal
06/03/2019
Una niña de 13 años que forma parte de una comunidad wichi accedió a la interrupción del embarazo luego de que su madre denunciara por violación al tío de la víctima. La práctica se realizó el domingo y la nena ya había sido dada de alta.
La niña es de El Cañaveral, al noroeste de la región del Bermejo en Santa Victoria Este, y le contó a su madre que sufrió al menos un abuso sexual por parte de su tío.
La madre llevó a la nena al hospital de Tartagal, donde se detectó que cursaba un embarazo de 11 semanas.
Desde el Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social de Salta confirmaron que, tras recibir asesoramiento y contención psicológica, tanto la madre como la niña manifestaron la voluntad de no continuar con el embarazo.
El domingo a la tarde la víctima accedió al aborto no punible, práctica legalmente habilitada en el país cuando el embarazo es producto de una violación o pone en riesgo la vida de la madre.
La ILE (interrupción legal del embarazo) se realizó en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.
Desde el Ministerio de Asuntos Indígenas informaron que la nena evolucionaba bien y había sido dada de alta el lunes.
En los próximos días deberá dar su testimonio en cámara Gesell, en el marco de la denuncia penal que se radicó por el abuso sexual del que fue víctima.
El caso se seguía con atención, tras el caso de niñas violadas que no accedieron al derecho a la ILE en la región en los últimos meses.
En los últimos días, medios de diferentes países se hicieron eco del caso de una nena de 11 años embarazada como producto de la violación de la pareja de su abuela en Tucumán. Pese a que ella y su familia habían solicitado el aborto durante semanas, la decisión se dilató y finalmente la sometieron a una cesárea. “Quiero que me saquen esto que metió el viejo”, fue la frase de la víctima que generó impacto y repercusión internacional.
En enero se produjo un caso similar en Jujuy. La nena, de 12 años, había sido víctima de violación y su familia había pedido la ILE pero demoraron la repuesta y luego le hicieron una cesárea.
Marco legal
A fines de mayo de 2018 el Gobierno de Salta adhirió al protocolo nacional, que fija las condiciones para que una mujer acceda al aborto no punible.
Esta decisión se tomó tras la repercusión nacional del caso de una niña de 11 años violada y embarazada por su padrastro en la provincia.
Este instrumento fue elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación de acuerdo con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reafirmó el derecho al aborto no punible en casos de violación o riesgo de vida de la madre.
En el denominado caso “FAL” (por las iniciales de la víctima) la Corte determinó que la interrupción del embarazo debe hacerse en estos casos sin necesidad de intervención judicial.