La investigación del juez Alejo Ramos Padilla sobre la existencia de una red de espionaje ilegal y de extorsión enfureció al gobierno nacional, dando lugar a la decisión del presidente Mauricio Macri de pedir la destitución del magistrado. Consultamos a distintos especialistas para que opinen sobre la causa y sobre la respuesta del gobierno nacional ante una presentación que reviste suma gravedad institucional.
“Hay una estructura de poder que consiste en una suerte de simbiosis institucional entre miembros del Poder Judicial, miembros del Ministerio Publico de la Nación y algunos sectores multimediáticos. Esto produce una fuerza muy poderosa (…) y es la que nos pone en inferioridad de condiciones” explicó el Dr. Roberto Andrés Gallardo, juez en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
La denuncia que el juez de Dolores expuso primero ante la Comisión de Libertad de Expresión y luego ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, involucra a integrantes del Poder Judicial, Ministerios, fuerzas de seguridad, poderes políticos y medios de prensa, en coordinación con el gobierno de Estados Unidos.
“Es una contribución importante a la sociedad para que se conozca la presión que ejerce y quien maneja verdaderamente las cosas dentro del Poder Judicial” respondió Luis Federico Arias, juez destituido de su cargo después de haber intervenido en la investigación por las inundaciones de abril de 2013 en La Plata y en el freno a los tarifazos de luz en la provincia de Buenos Aires. Arias agregó que “están dadas las condiciones para un juicio político al Presidente de la Nación”.
El gobierno, mientras tanto, impulsó un pedido de juicio político para Padilla: El ministro de Justicia Germán Garavano instó al Consejo de la Magistratura para que solicite la remoción del magistrado. Elizabeth Gómez Alcorta, abogada especialista en Derechos Humanos dijo que “Macri marcó con el dedo que tiene que dejar de ser juez quien por ahora lo único que hizo fue correr un velo”, y cuestionó las declaraciones del presidente y de la diputada Elisa Carrió quien dijo que el juez “ya está muerto” y que sólo falta que “entre a un depósito”.
Por ultimo Eduardo Barcesat, reconocido abogado constitucionalista declaró: “Es un tramo mas de la imbecilidad que rodea la gestión de gobierno y de la incapacidad de su ministro de justicia para saber hacer valer cuales son los antecedentes reales del juez”.