El asesinato del líder bribri Sergio Rojas develó la pésima situación que viven los pueblos originarios en Costa Rica, pese a presuntas legislaciones y hasta medidas cautelares de organismos internacionales para protegerlos.
El crimen contra el activista bribri, ultimado de al menos 15 balazos el 18 de marzo pasado en su casa de habitación en Yeri, territorio indígena de Salitre, conmocionó a Costa Rica, y fue condenado por toda la sociedad, incluido el Gobierno, que por medio del presidente Carlos Alvarado repudió ese acto violento contra la vida de Rojas.
Sin embargo, poco más de 200 organizaciones de una veintena de países responsabilizan al estado costarricense del asesinato de Rojas, y aseguran que por ello el Bicentenario de la Independencia está manchado de sangre.
Esas entidades afirman que el asesinato de Rojas es un crimen político cuyo responsable es el Estado costarricense.
‘La inacción, la desidia, la negligencia y la incompetencia de éste y de los gobiernos anteriores para resolver la usurpación de los territorios indígenas y de las autoridades judiciales y policiales de Buenos Aires de Osa, para asegurar la integridad de Sergio y de muchas más personas indígenas, llevaron a su asesinato’, denuncian.
El texto indica que el Estado costarricense estaba perfectamente enterado de las acciones de usurpación de los territorios indígenas y otros actos de asedio, persecución, amenazas y atentados directos contra Sergio y muchos más originarios.
Además, hubo varios intentos de homicidio contra el mismo Sergio y muchos otros indígenas de la zona sur.
‘Ante todos esos casos, el Estado costarricense nunca aplicó protocolos de prevención de la violencia y mantuvo una actitud que sigue propiciando la indefensión y la impunidad. En ninguno de esos casos los agresores fueron condenados’, sostiene.
Refiere que ante las amenazas sufridas por los originarios y a solicitud de las comunidades Salitre y Térraba, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó en 2015 garantizar la vida e integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe de Térraba y Bribri de Salitre.
Durante una reciente visita a Costa Rica, Vanessa Jiménez, abogada que presentó el caso de los referidos indígenas ticos ante la CIDH, aseguró que el Estado costarricense no disparó contra Rojas, pero sí es responsable por no aplicar las medidas cautelares y no actuar contra los ocupantes de tierras de los originarios.
‘El gobierno de Costa Rica no ha desalojado ni un solo no indígena de los dos territorios con medidas cautelares, pero sí ha desalojado a miembros de pueblos originarios. No han detenido a un solo perpetrador de violencia. No han sancionado ni a un solo perpetrador de violencia’, aseguró Jiménez.
Por ello, la abogada adelantó que la CIDH podría llevar el caso a la Corte Interamericana, lo cual -señaló- unido al informe de tres relatores especiales de la ONU donde exigen a las autoridades costarricenses identificar a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Rojas, significa que tienen los ojos de la comunidad internacional sobre Costa Rica.
Los expertos de la ONU sostienen que ‘las autoridades costarricenses deben proporcionar inmediatamente una protección culturalmente apropiada a los integrantes de los pueblos indígenas en situaciones de riesgo por la defensa de sus derechos’.
Igualmente urgen al Estado tico a abordar las causas subyacentes de esta violencia, en particular garantizando los derechos de los pueblos indígenas a territorios y recursos.
Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó una moción del diputado del Frente Amplio (FA), José María Villalta, e investigará la responsabilidad del Estado en el asesinato del líder indígena bribri.
‘El Estado es responsable por el crimen al no aplicar las medidas cautelares que la CIDH dictó para proteger la vida de Sergio Rojas’, afirmó el legislador del FA a la prensa.
Presionado por todas las organizaciones y entidades internacionales que lo responsabilizan del crimen, el Gobierno de Costa Rica entregó a representantes de comunidades indígenas Bribri, de Salitre, y Teribe, de Térraba, un plan operativo que actualiza las medidas de seguridad vigentes hoy para proteger la vida de los integrantes de esos pueblos ancestrales.
El Gobierno indicó que las conversaciones sobre temas específicos continuará del 22 al 26 de abril en Buenos Aires de Puntarenas, donde se encuentran los referidos territorios de esos pueblos indígenas, amenazados por ocupaciones de sus tierras por parte de no aborígenes, y de desplazamientos por parte de autoridades oficiales.
Sin embargo, los defensores de derechos humanos y de las comunidades ancestrales de Costa Rica, así como representantes de las entidades internacionales coinciden que la única forma de resolver la situación radica en que el Estado aplique la ley, inicie el saneamiento del territorio, o sea, expulse a los usurpadores para lograr un clima de paz y tranquilidad en los pueblos indígenas y se les garanticen sus derechos.
*Corresponsal de Prensa Latina en Costa Rica.