El problema radica en que está frenada la segunda etapa del relevamiento de comunidades que están a cargo del gobierno nacional.
Foto: Pablo Leguizamon
23/04/2019
A más de 10 años de la vigencia de la Ley 26.160, que debiera transparentar el uso ancestral de la tierra, referentes de pueblos originarios dieron cuenta de los compromisos incumplidos por el gobierno nacional, y se encuentran preocupados porque tienen miedo de potenciales despojos territoriales en Río Negro.
El problema radica en que está frenada la segunda etapa del relevamiento de comunidades que están a cargo del gobierno nacional, según denunciaron los representantes Ignacio Prafil, Luis Pilquimán y Mario Barrio; acompañados por Valentina Currupil, actual titular del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci).
Prafil puntualizó ante Río Negro que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) tiene que decidir el traslado a la Provincia de veedores para constatar que las comunidades a relevar tiene las autoridades constituidas “en forma real”, y deben constituirse los Consejos de Participación Indígena (CPI).
De acuerdo a la información que poseen los representantes aborígenes tras contactos con el INAI, es que los técnicos de la Nación “no vienen por falta de viáticos” pese a que en marzo pasado se realizaron asambleas en la Línea Sur, Alto Valle y Zona Atlántica.
Según este referente político-territorial “no es una porfía nuestra, existe un derecho, contamos con el apoyo del gobierno provincial que puso toda la voluntad para que eso se cumpla, y el relevamiento lleva tiempo”.
Si bien aclaró que los fondos para realizar el operativo están depositados, a su entender “se corre el riesgo de que alguien venga a hacer un desalojo” y además “los meses pasan, se viene el invierno, y la prórroga de la Ley tiene fecha de vencimiento”.
Los representantes mapuches consideraron que existe “falta de voluntad política” del ente nacional e insistieron con que “las demoras ponen en riesgo situaciones inestables”.
Precisamente, la norma declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país.
Tal cual lo afirmado por Prafil fue prorrogada hasta el 23 de noviembre de 2021, y en este marco se crea un Fondo Especial para la asistencia de las comunidades indígenas por un monto de 30.000.000 de pesos.
El fondo – a cargo del INAI- debe ser destinado a afrontar los gastos que demanden un relevamiento técnico —jurídico— catastral de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades indígenas, las labores profesionales en causas judiciales y extrajudiciales, y los programas de regularización dominial.
Datos
50 son las comunidades indígenas que hasta ahora se relevaron en Río Negro. Inicialmente se estima incluir en la segunda etapa a 60 pero se cree que hay 160 en territorio rionegrino.
13 son los años desde que entró en vigencia la Ley Nacional 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país.
Fuente: https://www.rionegro.com.ar/pueblos-originarios-temen-por-perdidas-de-tierras-en-rio-negro-959737/
Relevamiento de tierras, eje de reclamo de comunidades mapuche en el centro de Roca
Referentes de comunidades originarias de Río Negro se movilizaron hoy a Roca para pedir el urgente relevamiento de sus tierras en el marco de la Ley 26.160. Aseguran que el trámite que está frenado y están perdiendo parte de su territorio ancestral. Cuatro testimonios.
Reclamo de pueblos originarios del Alto Valle por el relevamiento de sus territorios. Foto: Cesar Izza
Florencia Bark / Diario Río Negro
29/04/2019
“La Ley 26.160 de emergencia fue aplicada dentro del territorio de la República Argentina, pero hace dos años que en la provincia de Río Negro está parada”, declaró Sonia Marin, lonco de la comunidad Nehuen Aituwe del paraje Peñas Blancas, cerca de Catriel.
Varios kilómetros recorrieron autoridades de comunidades originarias de Catriel, Aguada Guzmán, Los Colorados y Regina para visibilizar su reclamo hacia el Gobierno Nacional, en la esquina del Ministerio de Trabajo de Nación, en Avenida Roca y Tucumán.
Aseguran que esta norma -que rige con prórroga hasta el 2021- y establece la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras ancestrales, no se está aplicando en la provincia.
El problema de fondo, según plantearon, es que la tenencia de sus tierras queda desdibujada y terminan perdiendo parte de sus derechos sobre esos territorios.
“Hoy lo que falta para que se ponga en vigencia es que acá en la zona Valle, esté conformado el Consejo de Participacion Indigena (CPI) que se elija el representante que es el nexo con el Estado. Eso falta para que esto empiece a funcionar”, analizó la lonco de “Nehuen Aituwe”.
El órgano estatal a cargo de realizar esta acción es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), según explicaron.
Sonia Marin, lonco de la comunidad “Nehuen Aituwe”. Foto: Cesar Izza
Según explicaron, la tenencia legal de las tierras ancentrales, es un largo camino. La Ley 26.160 posibilita que se realicen los relevamientos, pero luego sigue el trámite de la posesión, es decir, los títulos comunitarios. “Hasta ahí todavía no pudimos llegar” dijo y agregó: “es una lucha más”.
Testimonios
Rosa Villagran, lonco de la comunidad “Nehuen Mapu” asentada en Catriel contó su caso a “Río Negro”.
“Necesitamos que se haga el relevamiento. Desde el 2014 que el INAI respondió que iba a relevar el territorio hasta la fecha, hemos perdido casi todo el territorio, nos queda -por decir- 300 metros cuadrados”, lanzó la referente.
Según su relato, una porción de su territorio fue vendido hace cinco años a un tercero, “con nosotros adentro” y otra parte fue declarada zona natural protegida.
“Eso nos perjudicó, porque al ser zona protegida quiere decir que cualquiera puede entrar. Hemos sido víctima de robos, de matanza de animales y nosotros vivimos de eso”.
Alberto Alfredo Nuñez, lonco de la comunidad “Peñi” de Los Colorados también participó de la manifestación en Roca.
Alberto Nuñez, lonco de la comunidad Peñi . Foto: César Izza
“Nosotros tenemos el relevamiento de las tierras desde el 2009 y no nos lo quieren reiniciar para actualizar. Tenemos 23.000 hectáreas no podemos trabajarlas porque tenemos gente usurpando nuestro territorio”, alertó.
“Al no tener el relevamiento vivimos como antes, en la nada, cualquiera viene y te quita la propiedad”, contó Emilio Cabrera, lonco de la comunidad “Como Amuley” de Aguada Guzmán quien repartió responsabilidades en el gobierno Nacional y Provincial.
Emilio Cabrera, lonco de la comunidad “Como Amuley” de Aguada Guzmán. Foto: Cesar Izza
En su caso, se les hizo el relevamiento en 2009, pero acompañan a las comunidades que faltan en este reclamo.
26 comunidades originarias existen en el Alto Valle (desde Valle Verde hasta Chichinales), aunque aún hay algunas que están en plena conformación.
50% de esas comunidades tienen hecho el relevamiento en la primera etapa de la Ley 26.160, pero el resto está a la espera, según Sonia Marin. Ninguna en el Alto Valle tiene titulo comunitario.
Cabe destacar que la Ley Nacional 26.160 entró en vigencia hace 13 años y con ella, se declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras de pueblos originarios.