La estrategia de la acusación permanente

Primero querían desalojarlos, después los acusaron de usurpadores, ahora dicen que son agresivos. Los titulares registrales que disputan tierras con pueblos originarios llevan los procesos al fuero penal. Ahora los imputados son ocho miembros de la Comunidad Diaguita Kalchaki La Aguada.

10/05/2019

La titular de la Fiscalía Penal Nº 6, Ana Inés Salinas, cumplió el lunes 7 de mayo con el acto de convocar a indagatoria a ocho integrantes de la Comunidad Diaguita Kalchaki La Aguada, ubicada en el departamento Cachi, cerca del pueblo del mismo nombre.

La Fiscalía enrostra una larga lista de delitos: usurpación por despojo, daño agravado, impedimento del normal funcionamiento del transporte por tierra, resistencia a la autoridad, lesiones leves calificadas por el concurso premeditado de dos o más personas y contra un miembro de las fuerzas policiales.

El trabajo de la fiscala parte de dos denuncias de un empleado de Bodega Puna, de la finca El Mollar, Reynaldo Guillermo Morales, de la agente Rosa Tapia y el cabo Juan Carlos Suares. También se basa en informes policiales para afirmar que lxs comunerxs fueron lxs agresores. La denuncia de Morales es del 17 de enero pasado, tres días después de la primera denuncia de la Comunidad, realizada el 14 de enero, contra la Bodega por la usurpación de un terreno, un canchón de unos 40 por 110 metros que era usado para secar pimentón para pimiento.

El dictamen fiscal se basa además en una segunda denuncia de Morales, realizada luego de la represión policial a comuneros, el 4 de febrero pasado. Esa vez fueron detenidos seis comuneros, incluido un menor de edad. El empleado de la finca afirmó que los comuneros cortaron el camino vecinal del paraje La Aguada.

Basándose en esta denuncia y en otro informe policial, la fiscala califica como “agitadores” a Nemesio Fabián, autoridad de la Comunidad; el médico y comunicador comunitario Miguel Plaza, el comunicador comunitario Ulises Yanes y a Dora Siares. “Los acusados comenzaron a agredir al personal policial con piedras, palos, puntas, gomeras, boleadoras, resultando lesionado personal uniformado y dañado el móvil policial”, afirma. La lista de los imputados indagados el pasado 7 de mayo se completa con Martín Humana, Néstor Casimiro, Walter Fabián y Amalio Fabián.

En el dictamen de la fiscala Salinas no se menciona la denuncia del 14 de enero de la Comunidad en contra de la Bodega. Y tampoco figura, y ya fue desechada por la justicia, la denuncia que hicieron algunxs de lxs comuneros detenidxs el 4 de febrero, que aseguran haber sido víctimas de maltrato y hasta tortura con picana eléctrica por parte de miembrxs de la Policía.

Lxs ocho indagadxs fueron acompañadxs por los abogados Martín Plaza, también del pueblo diaguita, y José Díaz Cueto y la abogada Verónica Huber. En los comunicados informando de la citación a indagatoria la Comunidad, integrante de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Salta (UPNDS) calificó esta acción“Criminalización y persecución al pueblo de la Nación Diaguita”.

Huber, que asiste a comunidades originarias desde hace años, explicó la jugada judicial de lxs titulares registrales: “La estrategia fue la siguiente: empezaron con juicios de desalojo, cuando la Cámara Civil comenzó a generar un criterio uniforme respecto de la suspensión de la 26160 (de emergencia de la propiedad comunitaria indígena y que suspende los desalojos hasta que se complete el proceso de relevamiento de los territorios ocupados ancestralmente en el país), los titulares registrales empezaron a interponer denuncias penales por usurpación”.

“Cuando algunas de las denuncias por usurpación, no todas, comenzaron a suspenderse también por la ley 26160, empezaron a agregar daños y lesiones al personal policial que intervenía siempre a favor de los titulares registrales y nunca a favor de las comunidades que se defendían en algunos casos con las posibilidades que tenían de la usurpación de sus territorios”, detalló a Vove la abogada. “Tal cual pasa con La Aguada, y contra comunidades. Se vio hace poco con la condena a Amado Mamani, del Pueblo Tastil, por la denuncia del abogado del finquero Francisco Jovanovicz en el marco de una disputa por tierras. Hay también otro proceso penal abierto contra comuneros de la Comunidad Diaguita Las Pailas”, recordó la letrada. Y en la provincia hay otras muchas causas penales por conflictos territoriales.

La estrategia es clara, aunque lxs integrantxs del Poder Judicial pretendan tener los ojos vendados. “Es una estrategia que han ido desarrollando a lo largo de los años. Cuando se les iban cerrando los caminos iban encontrando nuevas vías como para perjudicar a las comunidades. Actualmente en general las denuncias contra las comunidades tienen que ver con supuestos daños y lesiones que les propinarían al personal policial cuando el personal policial está actuando de manera ilegal porque les está impidiendo el pleno uso y disfrute de la posesión ancestral que vienen detentando”, añadió Huber.

¿Lxs juecxs y fiscalxs tienen menor receptividad con las denuncias de comunidades originarias que con las que hacen lxs finquerxs?, quiso saber Vove. La respuesta fue afirmativa: “Hay una clara incomprensión de las nociones de posesión ancestral, de los alcances que tiene, de los medios de prueba. Pretenden acreditar por vía de prueba de la posesión civil lo que es posesión ancestral y justamente los conceptos son diferentes porque los medios de prueba son diferentes. Solemos encontrarnos con bastante desconocimiento de principios de derecho civil en los jueces y fiscales penales porque no es el área que ejercen. Y mucho más en este caso que es un tema que hasta los mismos civilistas no tienen muy en claro porque no es del ámbito del derecho civil sino del derecho público y cuesta mucho internalizar los alcances y la protección que tiene la posesión ancestral indígena, más en casos como el de La Aguada en el que ya intervino el Estado nacional y ya el Estado Nacional le ha reconocido a la Comunidad previo a todo este conflicto, previo a la aparición de Bodega Puna, ya intervino el Estado Nacional, ya hizo las constataciones requeridas, ya hizo los relevamientos que requiere la ley y ya acreditó que la posesión ancestral la detenta la Comunidad La Aguada”.

“Ellos dicen que nosotros estamos usurpando, que nosotros somos los malos y que nosotros somos los que buscamos pelea, pero es al contrario, todo lo contrario, todo lo que han hecho ahora, todo lo que han hecho, todo sale mentira”, explicó a su vez Nemesio Fabián, después de presentarse ante la fiscala.

“La tierra es nuestra desde siempre”, ratificó. “Todo lo que han dicho es a lo contrario, no es nada de lo que ellos se ponen en la nota, en la denuncia que han hecho, en la situación que estamos ahora. Todo lo que ellos informan todo es al revés, no es como dicen, sino que lo que están mal son ellos porque ellos son los usurpadores y ellos son los que han buscado roña”, reiteró el líder de La Aguada, quien recordó que el propio comisario Ramiro Santos Corimayo les dijo que defendía la parte privada.

Fuente: http://vove.com.ar/la-estrategia-de-la-acusacion-permanente/

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