Juicio por la Masacre del 47 al pueblo Pilagá

La causa por delitos de lesa humanidad por la Masacre del Rincón Bomba después de 14 años está cerca de su sentencia. El viernes pasado se dio por terminado el período probatorio. Una de las partes autoras, la Federación Pilagá presentó testimonios de las víctimas y la investigación profunda que realizó Valeria Mapelman. La parte demandada, el Estado Nacional, pidió, entre otras cosas, rechazar una prueba anticipada: la revisión de una fosa común, pero la Justicia no hizo lugar. 

La Federación Pilagá en el Juzgado Federal de Las Lomitas, Formosa, durante el período de prueba el viernes pasado. Foto Mariano Basavilbaso

Una masacre histórica durante el primer gobierno de Juan D. Perón en una provincia comandada sin alternancia por peronistas y una causa llena de irregularidades es un combo ideal para la impunidad. Pero la Federación Pilagá, que reúne veinte comunidades pertenecientes al Pueblo Pilagá impulsa la investigación con perseverancia. “Quieren una sentencia integral, no solamente un resarcimiento económico, sino una reparación histórica”, dice la apoderada de la Federación, la abogada Paula Alvarado.

Solicitamos un juicio por la verdad. Tenemos un proveído medio que es una causa de lesa humanidad y lo que queremos en una sentencia definitiva donde figure que esto fue una causa de lesa humanidad, que fueron crímenes perpetrados por el Estado en 1947. Lo pedimos en virtud al derecho a la verdad, al derecho a la memoria y con los mismos parámetros que se piden otras causas de lesa humanidad”, dice la abogada Alvarado.

Las reparaciones históricas no consuelan solo a las víctimas de esta clase de delitos; además, construyen identidad para todo el pueblo. No puede haber construcción nacional si no se sabe la verdad de las cosas. Es por eso que los organismos de derechos humanos argentinos presionaron durante tanto tiempo para buscar memoria, verdad y justicia para las víctimas del Terrorismo de Estado que avasalló a las generaciones de 1976 hasta 1983. Pero falta trabajar sobre los delitos estatales ocurridos fuera de ese período. Sobre todo, cuando se trata de los habitantes que estaban antes de la conformación del país, que siguen sometidos a un abandono perpetuo por parte del Estado. Y que causa más malestar cuando se tiene en cuenta que fueron la primera línea, junto con los afrodescendientes, en los ejércitos independentistas. Mucha historia queda por recuperar.

Justamente esta falta de apoyo hace muy difícil solventar económicamente el seguimiento de la causa. La Federación y su abogada están realizando una pequeña campaña a través de las redes sociales para recaudar fondos. Los viáticos hasta el Juzgado en Las Lomitas son costosos para un pueblo pobre. Hubo pruebas en el expediente que no pudieron realizarse a causa de la falta de dinero. Un ejemplo: la única fosa que se excavó de la que extrajeron 25 cuerpos puede que tenga más restos humanos si siguieran más en profundidad. Además, se presentaron en el expediente ubicaciones de otras tres fosas comunes sin investigar y así van a quedar.

Las irregularidades son muchas también. Los pilagás, víctimas directas de la Masacre pudieron presentarse como querellantes recién en el 2012 como Federación Pilagá. Desde 2005, año en que se inició la causa, y hasta ese momento, solo figuraban como denunciantes. Además, la parte penal se extinguió porque luego de tantos años los imputados murieron. Carlos Smachetti, ex Gendarme fue el último y tuvo prisión preventiva, pero en su domicilio. “El único procesado Carlos Smachetti, logró prisión preventiva en su casa, cuando la consigna es la cárcel común para estos casos”, dice la abogada. Luego, su certificado de defunción tardó un año en llegar al juzgado Federal de Las Lomitas para acreditar el fallecimiento. Mientras tanto la causa estuvo parada. Otro perjuicio que ocasionó dejar pasar los años es que de todos los ancianos testigos hoy solo está con vida Julio Quiroga. “Lo que me preocupa es que de 2005 a 2016 fallecieron 26 ancianos. El pedido de justicia era de ellos que se fueron sin prestar declaración en el juzgado”, explica la apoderada Alvarado.

De izq. a der.: Israel Alegre de Namqon, Formosa capital. Paula Alvarado, abogada por la Federación Pilagá. Cipriana Palomo, Ángel Navarrete y Bartolo Fernández dirigentes de la Federación. Foto: Federación Pilagá

La masacre comenzó el 10 de octubre de 1947 cuando una multitud de pilagás se había reunido en La Bomba, un paraje ubicado cerca de Las Lomitas, en el centro de Formosa. Habían sido convocados desde varias comunidades de la provincia por Tonkiet, un líder religioso que sanaba. La iglesia pentecostal había ingresado por esa época y este curandero había realizado una síntesis entre esta religión y los métodos de los antiguos pilagá. “Entonces, empiezó a curar con la biblia como lo hacían los piogonak con la calabaza. Sanaba sífilis, tuberculosis, enfermedades no solo provocadas por el ingreso del europeo a la zona, sino por la mala alimentación, la falta de tierras, el estrés provocado por la guerra constante que le hacía el Estado”, dice Valeria Mapelman, autora del documental y del libro Octubre Pilagá, estudios pormenorizados de la Masacre del Rincón Bomba, en una charla-debate en la Faculta de Filosofía y Letras. (1)

Esa tarde comenzaron a caer un aluvión de balas sobre los indígenas. Fue el primer fusilamiento y durante las próximas semanas, familias enteras fueron perseguidas por el monte y masacradas. Quemaron los cuerpos y los depositaron en fosas comunes para ocultar el desastre. Quedaron muertos y desaparecidos.

En la represión participaron varios escuadrones de Gendarmería Nacional, un avión de la Fuerza Aérea que voló con un escuadrón de ataque abordo desde el aeródromo militar de El Palomar en Buenos Aires y en la cual las colonias indígenas de Bartolomé de las Casas y Francisco Javier Muñiz, dependientes de la Dirección de Protección al Aborigen, fueron utilizadas como campos de reclusión de prisioneros”, según la investigación de la documentalista presentada como prueba en la causa. Da cuenta de la reclusión de indígenas destinados a trabajos forzados el anciano Setkoki´en, registrado como Melitón Dominguez en el DNI, que a los 11 años fue llevado a trabajar como carrero a la colonia Muñiz. Un años después muchos de ellos lograron escapar de estas colonias pero el miedo y terror logró instalarse y recién en 2005 empezaron a hablar de la Masacre. “Es un genocidio silencioso y estamos tratando, como organización, hacer visible. Queremos que se vea que realmente se cometió un crimen a nuestra raza pilagá. Queremos hablar sin tener miedo. Mi mamá fue sobreviviente y nosotros nos enteramos de lo que pasó ahí en La Bomba por los testimonios de los ancianos”, expuso en una charla en el SERPAJ Cipriana Palomo, Presidenta del Consejo de Mujeres de la Federación Pilagá. “Por eso tan importante es la lengua, la conservación de la lengua, cómo los ancianos pudieron hablar en pilagá lo que les había pasado y creo que la lengua es lo que los mantuvo vivos porque eso lo guardaron en secreto en su memoria y en su lengua oral y lo pudieron transmitir por eso es muy importante para los descendientes pilagá la memoria y el testimonio en lengua pilagá”, explicó.

El próximo 28 de mayo se deben presentar los alegatos. La Federación Pilagá sigue dando charlas para hacer visible la historia argentina que no quiere contarse y recaudando fondos para los viajes al juzgado.

Datos para colaborar con la Federación Pilagá: Presidenta de la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá (consejo de Mujeres): Cipriana Palomo +54 9 371 862-3642.-Abogada: Paula Mercedes Alvarado: paulila5@hotmail.com / 01167479956.

(1) Cátedra Historia Argentina III «B» (cátedra Eduardo Sartelli), FFyL (UBA) y el Centro de Estudios en Ciencias Sociales (CEICS). Facultad de Filosofía y Letras

Fuente: https://www.anred.org/?p=115034

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