Mientras se completa el peritaje de los teléfonos celulares de los 13 imputados, el fiscal Lisandro Damonte avanza en la investigación sobre la trama de encubrimiento que quiso hacer pasar la masacre por un simple accidente de tránsito. En los próximos días se concretarían los pedidos de prisión preventiva para los policías y el funcionario municipal, y no se descartan nuevas detenciones. Durante una reunión con el procurador Julio Conte Grand, familiares de las víctimas y la Comisión Provincial por la Memoria pidieron profundizar la instrucción sobre los responsables políticos. Rocío, la única sobreviviente, mejora día a día.
El 31 de marzo pasado, Danilo había sido detenido ilegalmente durante más de cinco horas; su detención queda registrada en el libro de la comisaría. Aquel día, adolescentes y jóvenes estaban reunidos como era habitual en la plaza; en un momento, uno de ellos intenta conectar su celular a un toma corriente y se corta la luz del espacio público, la policía llegó al lugar y a los gritos ordenó que se pongan contra la pared: Danilo y otro amigo se defienden de las acusaciones y son cacheteados y trasladados a la comisaría local.
En otra oportunidad, policías detuvieron el Fiat Spazio de Aníbal y le reclamaron una coima bajo la amenaza de secuestrarle el vehículo. Ese relato de corrupción policial también se investiga en la causa.
Un hecho y el otro parecen dar cuenta de una trama de persecución, hostigamiento y violencia policial que venía ocurriendo en la ciudad y que comenzó a emerger a partir de la masacre. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) está preparando un informe al respecto, hasta el momento se puede hablar de más de una decena de hechos similares: es el testimonio de vecinos y vecinas que permiten construir el registro de detenciones arbitrarias e ilegales, causas armadas y también hechos de violencia física.
“¿Cómo puede ser que la intendenta Mayol no supiera que todo esto hacía la policía en su ciudad?”, se preguntan las familias de las víctimas de la persecución mortal. Esa pregunta se la trasladaron al procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, durante la reunión que mantuvieron este jueves en la sede de la ayudantía fiscal de San Miguel del Monte. De la reunión también participó la CPM, como patrocinante de las familias de Danilo y Camila, y el fiscal de la causa, Lisandro Damonte.
“Es importante que el Procurador los reciba y escuche las dudas de la familia. Desde la CPM pedimos que se investigaran las responsabilidades políticas; es evidente, por lo que empieza a confirmarse en la investigación, que este hecho ocurre en el marco de otras violencias ejercidas por los mismos policías ahora imputados y que, indudablemente, generaron las condiciones de posibilidad de la masacre. Se tiene que avanzar en la investigación penal de esos hechos y también la responsabilidad política de quienes definieron y defendieron ese accionar como parte de las políticas de seguridad municipales”, señaló su secretario, Roberto Cipriano García, tras la reunión.
Durante el encuentro, tanto el procurador como el fiscal aseguraron que los trece imputados iban a continuar detenidos, se comprometieron a avanzar con la investigación sobre el encubrimiento y no descartaron que haya nuevas detenciones.
En ese sentido, desde los últimos días, el fiscal Damonte está preparando los pedidos de prisión preventiva para todos los acusados: doce policías y el funcionario municipal Claudio Martínez. Estas solicitudes y las pruebas en que se fundan será analizadas por el juez de Garantías Eduardo Silva, titular del juzgado que al principio de la investigación estuvo subrogando Marcela Garmendia.
Mientras tanto, la instrucción judicial sigue con la mirada puesta en los informes finales que resulten de las pericias a las armas secuestradas en la comisaría local y de los teléfonos celulares de los imputados. El análisis del tráfico de comunicaciones durante la noche de la masacre puede aportar nuevas pruebas sobre la persecución policial y el encubrimiento, y la participación de otros policías y funcionarios municipales en estos delitos.
Los resultados de estas pericias serán decisivos para acreditar o no las distintas hipótesis que se manejan en la causa judicial sobre el origen de la persecución: si bien no hay ninguna línea de investigación descartada, las principales hipótesis apuntan al abuso de autoridad a partir del llamado al 911, la masacre como una secuencia de los hechos de corrupción y violencia policial previos y una tercera hipótesis vinculada a un supuesto tráfico de drogas pero sobre la cual no hay ninguna información que se desprenda de la instrucción.
Rocío
La única sobreviviente de la masacre, Rocío Guagliarello, de 13 años, está consciente y acompañada por su familia, su evolución es diaria y, si bien continúa en la unidad de terapia intensiva, su pronóstico es favorable.
Desde que su estado clínico comenzó a mejorar, Rocío fue sometida a distintas intervenciones quirúrgicas para reparar las múltiples fracturas que tenía producto del impacto del Fiat Spazio contra el acoplado estacionado en la colectora de la Ruta 3.
A pesar de los grandes avances en su estado de salud, por el momento, el fiscal Damonte no tiene previsto tomarle declaración testimonial a la adolescente.
Fuente: http://www.andaragencia.org/la-investigacion-sobre-la-trama-de-encubrimiento/