Compartimos el documento que se leyó en el día de hoy, en el acto a 17 años de la masacre de Avellaneda.
CON LAS BANDERAS DE DARÍO Y MAXI, CONTRA EL AJUSTE Y LA POLÍTICA REPRESIVA DEL GOBIERNO DE MACRI
¡DARÍO Y MAXI VIVEN EN LA LUCHA DEL PUEBLO!
DIECISIETE AÑOS DE IMPUNIDAD: EL ESTADO ES RESPONSABLE
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLÍTICOS DE LA MASACRE DE AVELLANEDA: EDUARDO DUHALDE – ANÍBAL FERNÁNDEZ -FELIPE SOLÁ-JUAN JOSÉ ÁLVAREZ – ALFREDO ATANASOFF – LUIS GENOUD – JORGE MATZKIN – OSCAR RODRÍGUEZ
A 17 años de los asesinatos de Darío y Maxi, aquel 26 de junio del 2002, estamos en este puente emblemático para reclamar justicia por los compañeros caídos, y para denunciar no solo las políticas del hambre y represión del gobierno nacional de Mauricio Macri y de los gobernadores provinciales. Estamos para denunciar que los asesinos políticos deben ser candidatos solo a la cárcel.
Hace 17 años, el gobierno de Eduardo Duhalde intentó quebrar a sangre y fuego al movimiento piquetero que enfrentaba el hambre y la desocupación.
Confiado en el respaldo de los grupos económicos y de poder que cargaron sobre las espaldas del pueblo trabajador la crisis capitalista de 2001, Duhalde arremetió contra las organizaciones populares que salíamos a la calle nuevamente por pan y trabajo. Su objetivo era el disciplinamiento social de les trabajadores y el pueblo. Cualquier similitud con la actualidad no es una coincidencia: son los mismos grupos económicos que nunca dejaron de levantar con pala sus ganancias, y hoy intentan una vez más que la crisis la paguemos los de abajo.
La feroz represión fue decidida desde la cúpula del poder político de aquel momento. Bajo la supervisión imperialista yanqui, como parte de su estrategia regional para los “conflictos de baja intensidad”, involucró a las policías Federal y Bonaerense, a la Gendarmería, a Prefectura y a los servicios de Inteligencia. No sólo costó las vidas de Darío y Maxi: ese día hubo más de cuarenta compañeros y compañeras heridas con balas de plomo y centenares de personas detenidas en las comisarías aledañas, en las cuales una gran cantidad de compañeros y compañeras fueron torturados y golpeados.
Los grandes medios de comunicación comenzaron a difundir inmediatamente la versión oficial de un supuesto enfrentamiento entre las organizaciones piqueteras, pero la movilización popular y el coraje de muchos comunicadores y comunicadoras desbarataron la farsa.
A partir del día siguiente, miles ganamos las calles para reclamar juicio y castigo a los responsables. Gracias a eso, Duhalde tuvo que convocar a elecciones y dejar el gobierno al año siguiente. Las vidas de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki trascendieron, sus ejemplos se multiplicaron y hoy nos encontramos, como todos los años, reivindicando su lucha por trabajo, dignidad y un cambio revolucionario de nuestra sociedad.
Logramos las condenas ejemplares del comisario Alfredo Fanchiotti y del cabo Alejandro Acosta por los homicidios de Darío y Maxi, pero lo cierto es que los responsables políticos de aquella represión criminal siguen impunes.
Doce de los diecisiete años posteriores a la masacre de Puente Pueyrredón, transcurrieron bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que llegaron al poder de la mano de Duhalde y acogieron a muchos de sus funcionarios, como Aníbal Fernández, Carlos Soria y Juan José Álvarez, entre otros. Ahora para las próximas elecciones, el Frente de Todos acoge a los responsables políticos. No solo a Felipe Sola, también, mediante la integración de Massa, Jorge Vanossi, (ex ministro de Justicia de Duhalde y quien realizara la denuncia judicial contra los movimientos piqueteros, expediente que instruyó el juez federal Norberto Oyarbide).
El kirchnerismo se sirvió de la cooptación y la mentira, intentó vender una comisión que nunca se materializó porque su precio era la entrega de toda lucha. Los y las familiares de Darío y Maxi y las organizaciones que hoy regresamos a este Puente Pueyrredón rechazamos sus maniobras, denunciamos la impunidad y el encubrimiento de los gobiernos a lo largo de estos años, y continuamos exigiendo una investigación independiente y sin condiciones.
Querían que abandonáramos las calles y nunca lo hicimos. Seguimos luchando y movilizades contra la represión, el hambre, los ajustes antipopulares, ayer, hoy y siempre.
A 17 años de la Masacre de Avellaneda, los responsables de las provocaciones contra el movimiento piquetero; los que tomaron las decisiones e impartieron las órdenes; los que dieron carta blanca a las fuerzas represivas para matar a manifestantes desarmades; los que escribieron el libreto para justificar la masacre; esos responsables siguen caminando por las calles con total impunidad, sumándose como candidatos “salvadores” de la debacle social y económica del macrismo.
Las causas judiciales que debían investigar las responsabilidades políticas de la masacre permanecen cajoneadas desde hace años. La causa federal, instruida para acusar a los funcionarios nacionales descansa en el juzgado de Ariel Lijo en algún cajón de los tribunales de Comodoro Py. Pasaron cuatro fiscales, pero jamás avanzó un centímetro. En los últimos años, tras su desarchivo, se han dado nuevos testimonios y se intenta la realización de nuevos cruces telefónicos. La causa provincial, determinada para el gobernador de la provincia y los miembros del ejecutivo, a cargo de la Jueza Marisa Salvo, titular del juzgado de garantías n.º 5 de Lomas de Zamora permanece inmóvil, casi como cuando Mabel Ruiz, mamá de Maxi, la iniciara. A pesar de todos los indicios que aportaron familiares y compañeres de Darío y Maxi, las causas siguen sin avanzar, aunque se pretende que no se ha cerrado la investigación.
Por todo esto, exigimos castigo:
A Eduardo Duhalde, el principal responsable de la represión.
A Aníbal Fernández, ex secretario general de la presidencia.
A Juan José Álvarez, ex secretario de Seguridad Interior de la Nación,
A Alfredo Atanasoff, ex Jefe de Gabinete de Duhalde
Al ex ministro de Justicia de la Nación, Jorge Vanossi, que integra el Frente de Todos de la mano de Massa.
A Luis Genoud, ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, hoy miembro de la Corte Suprema de Justicia Bonaerense.
Y al entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, actualmente diputado nacional por Red x Argentina e integrante del Frente de Todos.Todos ellos siguen participando en los partidos del poder y siendo candidatos en las elecciones. ¡Son nuestros candidatos a la cárcel!
Hoy volvemos a este Puente también para multiplicar el ejemplo de Darío y de Maxi. Para denunciar las políticas de hambre y represión del gobierno de Macri, de los gobernadores provinciales y el FMI. Para decirle a este gobierno que somos millones quienes seguiremos luchando por nuestros derechos y enfrentando sus políticas de ajuste. Sigamos el ejemplo del movimiento de mujeres y feminista, con la movilización y la lucha constantes por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Luchamos porque las cifras de la pobreza y la indigencia aumentan. Los tarifazos de luz, gas, agua, y transporte, los despidos, la precarización laboral y la inflación destruyen los ingresos del pueblo trabajador; y precarizan más las condiciones de vida de las mujeres de sectores populares que deben reemplazar con su trabajo no pago los derechos que el Estado sigue recortando.
El gobierno del PRO y del FMI, ha sumido en la pobreza a más del 50% de los niños, niñas y adolescentes del país; generó cuatrocientos mil desocupados y desocupadas más en los últimos doce meses, llevando al nivel de desempleo más alto de los últimos catorce años. De esta política económica de ajuste criminal también pueden dar testimonio los y las trabajadoras precarizadas y de la economía popular. Así lo testimonian también las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez en la explosión de la escuela Primaria 49 de Moreno en agosto de 2018, y la indignación popular expresada en las multitudinarias marchas por justicia y en defensa de la educación pública.
Hoy estamos en este Puente repudiando la política de la ministra de seguridad Patricia Bullrich y su doctrina Chocobar que asesina a nuestras pibas y pibes todos los días. Como el 20 de mayo, la Masacre de San Miguel del Monte en la que la policía bonaerense asesinó a Aníbal Suárez, Gonzalo Domínguez, Danilo Sansone y Camila López; e hirieron gravemente a Rocío Guagliarello. O como Silvia Maldonado fusilada por la policía en Santiago del Estero el pasado domingo 16 de junio.
Desde su asunción, este Gobierno intentó liberar a genocidas de la dictadura con diversos pretextos, en otra evidencia de su política antidemocrática y antipopular. Nuestra lucha es también por cárcel común y efectiva contra todos los responsables del genocidio de la dictadura cívico – militar.
Se profundiza la política discriminatoria y xenófoba contra les migrantes que viven en nuestro país, en especial contra quienes provienen de los países de Nuestra América. Las políticas inmigratorias excluyentes, las agresiones xenófobas (como los ataques a la compañera Dina Sánchez después de su intervención en la Marcha Federal), la represión a los inmigrantes senegaleses, forman parte de esta política sistemática.
Continúa aumentando la represión contra las comunidades de pueblos originarios en lucha por el reconocimiento de sus territorios, en distintos puntos de nuestro país, en la Patagonia con las comunidades mapuches y en el Noreste con las comunidades qom y wichí.
En 2017, el marco de esa represión, el Estado desapareció y provocó la muerte de Santiago Maldonado, y asesinó a Rafael Nahuel, en ataques armados contra las comunidades del pueblo mapuche. Las enormes movilizaciones populares contra la represión y por los derechos de nuestros pueblos originarios hicieron visible en todo el país la lucha de las comunidades originarias por su derecho a la tierra. Exigimos el juicio y castigo a los responsables materiales y políticos.
La teoría del enemigo interno, y la acusación de terroristas -que la ministra de Seguridad interior construyó en defensa de los terratenientes extranjeros de la Patagonia y trató de imponer contra el pueblo mapuche- son un montaje puesto en evidencia por el propio aparato judicial en las sucesivas absoluciones y en la reciente detención del agente el grupo Albatros de la Prefectura Naval que asesinó a Rafael Nahuel en 2017. Exigimos justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Libertad a Facundo Jones Huala. ¡Fuera Bullrich!
Denunciamos el incremento de la política represiva del Gobierno de Macri, que intenta incorporar a las Fuerzas Armadas en la represión de las luchas y en los barrios populares, intentando impedir que se manifieste la creciente bronca de lxs trabajadorxs y el pueblo de nuestro país.
Es la misma política represiva y criminal que condenó a muerte a siete jóvenes en la masacre de Pergamino en marzo de 2017 en el incendio de la comisaría Primera y a otros diez en noviembre de 2018 en la comisaría Tercera de Esteban Echeverría.
Frente a tanta impunidad, nos rebelamos ante la criminalización de la protesta y el reforzamiento del aparato represivo del Estado. Y le decimos que el Puente Pueyrredón es del pueblo en lucha y no de los represores.
Desde este Puente histórico decimos:
Basta de represión y criminalización de la protesta popular.
Basta de presxs políticxs.
Basta de gatillo fácil. Basta de hambre y pobreza.
Tenemos el orgullo de pertenecer al movimiento de mujeres, lesbianas y trans que protagonizó los primeros Paros Internacionales de Mujeres, ante el escandaloso aumento de femicidios. Fue el primer paro nacional en Argentina en 2017, mientras la burocracia sindical debatía cuáles medidas tomar ante la coyuntura de hambre y represión. Esas mujeres que se siguen organizando y luchando por una vida digna todos los días, frente a los despidos y cierres de fábricas, en las organizaciones piqueteras, organizando comisiones de mujeres en lucha, y también han salido a las calles desde 2015 exigiendo #NiUnaMenos, reclamando que el Estado es responsable por la impunidad y la violencia que sufrimos las mujeres en las casas y en los barrios. A pesar de la represión, seguimos exigiendo una respuesta para frenar el asesinato y el secuestro de mujeres en todo el país, y luchando para que el Estado tenga políticas públicas que garanticen la igualdad para las mujeres, lesbianas y trans. Gracias a la lucha, se consiguió la primera sentencia a perpetua por un travesticidio. ¡Compañera Diana Sacayán, presente!
El año pasado, la inmensa movilización del movimiento de mujeres y disidencias tomó las calles, y consiguió con lucha y con debate en todos los ámbitos la media sanción de la ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en la cámara de Diputados. La media sanción fue conseguida por la presión de la movilización masiva, que le imprimió un envión decisivo al ascendente movimiento de mujeres. El Gobierno de Macri terminó accediendo a abrir la discusión parlamentaria sobre el aborto legal antes del 8 de marzo, para zafar de una sesión especial del Congreso para esa fecha, que hubiera tenido lugar bajo el cerco de una movilización multitudinaria. Pero la decisión de “abrir el debate” concluyó en el mismo punto: los diputados deliberaron con el telón de fondo de una movilización que algunos calculan en un millón de personas. Bajo esta presencia contundente, quedaron enterradas las maniobras del clero, el Estado y los partidos que, antes y ahora, conspiraron contra esta reivindicación fundamental.
Este año, vamos con más fuerza a ganar las calles, las rutas, las plazas, nuestros lugares de trabajo y estudio y nuestras barriadas. Como en las multitudinarias jornadas del paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo, el 3 de junio por Ni una menos, y el pasado 28 de mayo en la octava presentación del proyecto para que el Aborto Legal, Seguro y Gratuito sea ley en 2019.
Toda la potencia de la marea feminista se expresa en un movimiento que se fortalece articulándose con las luchas antirracistas, clasistas, anticoloniales y contra la heteronorma. Cada vez más nuestros sueños y nuestras luchas son feministas, disidentes y plurinacionales.
Vamos por todos los derechos que nos faltan, contra todas las opresiones de género. Estamos contagiando a compañeres de otros países, revolucionándolo todo. Por eso afirmamos que, sin las mujeres, trans, lesbianas, bisexuales, toda lucha va por la mitad. Vamos por más feminismo, vamos por más unidad, hasta derrotar todas las formas de opresión contra las mujeres y el conjunto de lxs oprimidxs.
¡Niñas, no madres!
¡Ni una muerta, ni una mutilada más por aborto clandestino!
Exigimos la aparición con vida de todas las mujeres secuestradas en las redes de trata, y Justicia por todas las asesinadas por la violencia machista.
¡Separación de la iglesia y el Estado!
Desde este Puente, escenario de nuestra historia, reivindicamos la lucha de Darío y Maxi como expresión de la juventud que se organiza y lucha en los lugares de trabajo, en los colegios y facultades, en los barrios y en las zonas rurales; la que enfrenta a la burocracia sindical y la precarización laboral, como Mariano Ferreyra.
Desde este puente, saludamos a todas las luchas que enfrentan el ajuste, la represión y el saqueo a lo largo y ancho del país:
A todxs lxs trabajadorxs de nuestro país, que enfrentan el techo del 30% en paritarias miserables (cuando la inflación acumulada este año ya ronda el 60%), los despidos crecientes en el Estado y en la actividad privada, y la ofensiva de las grandes patronales.
A todo nuestro pueblo trabajador que el 14 y 18 de diciembre de 2017, resistió en la calle la reforma de la ley previsional, un ataque a los ingresos de millones de jubiladxs y a la jubilación futura del conjunto de lxs trabajadorxs. En aquellas históricas jornadas, la represión contra cientos de miles de personas incluyó gases tóxicos, seguida de una feroz persecución y cacería. Las balas de goma y las piedras de las fuerzas de seguridad dejaron numerosxs heridxs, y tres manifestantes perdieron un ojo. Hubo decenas de detenidxs y procesadxs.
La detención de Daniel Ruiz y las acusaciones contra César Arakaki, Dimas Ponce y Sebastián Romero apuntan a demonizar a las organizaciones y manifestantes que se movilizaron contra la reforma previsional. La prisión preventiva desde hace más de ocho meses de Daniel Ruiz, constituye un escarmiento en su persona contra la movilización popular y su resistencia ante la eliminación de derechos fundamentales del pueblo trabajador como la jubilación y los derechos laborales. Exigimos el cierre de las causas de Ruiz, Arakaki, Romero y de todxs los detenidxs del 14 y 18 de diciembre de 2017.
Reivindicamos, a través de Darío y Maxi, a todos los mártires de las luchas obreras y populares.
A los 30 mil compañeros y compañeras detenidos desaparecidos por la última dictadura cívico militar y a los asesinados por la represión durante la democracia.
Reivindicamos a lxs caídos en las luchas obreras y populares:
A Víctor Choque, Teresa Rodríguez; Francisco Escobar y Mauro Ojeda asesinados en el puente Corrientes en 1999; Carlos Santillán y Oscar Barrios y Aníbal Verón en Salta en 2000 y 2001. A las víctimas de los crímenes de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, a Javier Barrionuevo y a Carlos Fuentealba. A Rosemary Churapuña, Emilio Canaviri Álvarez y Bernardo Salgueiro, asesinados en la represión del Indoamericano. A Roberto López y Sixto Gómez y Mario López, de la comunidad Qom de Formosa. A Florentín Díaz, asesinado en Castelli, Chaco. A Cristian Ferreyra y Miguel Galván, asesinados por los sicarios del agronegocio en Santiago del Estero. A Mono, Jere, Patón y César Oviedo en Rosario. Seguimos exigiendo justicia por Mariano Ferreyra, asesinado por luchas contra la precarización laboral. A Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, asesinados por las fuerzas represivas contra las comunidades mapuches.
Alzamos nuestra voz por la desaparición de Julio López y por el esclarecimiento de los crímenes de Luciano Arruga y Silvia Suppo. Por todos los asesinados por gatillo fácil.
Nos solidarizamos con todas las luchas de nuestros pueblos hermanos latinoamericanos, seguimos exigiendo Justicia por Berta Cáceres, lideresa del COPINH en Honduras asesinada en marzo de 2016. Exigimos justicia por las 56 niñas incineradas en Guatemala en 2018. Y castigo a los asesinos de Marielle Franco en Brasil. ¡El Estado es responsable!
Todos ellos, todas ellas, están representadas también en el nombre de la estación “Darío Santillán y Maximiliano Kosteki”, que hemos convertido en una muestra permanente de arte popular y de lucha, recuperándola para las clases desplazadas como un espacio concreto y simbólico, con el nombre de estos dos luchadores populares. Ellos formaron parte de una generación de luchadores. La que enfrentó al menemismo y a la Alianza, la del 19 y 20 de diciembre, la que combate todos los días el hambre, la miseria, la explotación y la opresión. Son nuestra bandera para seguir construyendo el poder del pueblo. También gritamos presente para aquellos compañeros y compañeras que han luchado codo a codo con esta generación de militantes. Nos referimos al compañero Antonio Bitto del MTR 12 de Abril y el compañero Chacho Berrozpe del MTR Votamos Luchar, que nos dejaran ya hace algún tiempo y han ocupado un lugar en las luchas populares de nuestro pueblo.
Volvemos al puente con el mismo reclamo de trabajo genuino; basta de precarización laboral; basta de hambre y represión.
No al pago de la deuda externa y al acuerdo con el FMI, que profundiza la miseria y la dependencia económica y social.
Por una Argentina sin explotadores ni explotadxs.
Castigo a todos los responsables políticos y materiales de la masacre de Avellaneda.
Basta de criminalización de la protesta social, basta de represión.
Inmediata libertad a Daniel Ruiz.
Libertad efectiva y desprocesamiento a los choferes de la Línea Este de La Plata que están bajo prisión domiciliaria: Emanuel Lazara, Sebastián Mac Dougall, Pablo Varriano y Luciano Ficocchi.
Absolución de todos los choferes procesados de la Linea 60.
Absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras.
Basta de violencia contra las mujeres, lesbianas y trans. Ni Una Menos. El Estado es responsable.
¡Cupo laboral trans ya!
Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Que sea ley.
Por tierra y vivienda digna para todxs.
Continuemos el Paro nacional activo con un Plan de lucha de todo el pueblo trabajador hasta derrotar los planes del Gobierno y del FMI.
Fuera el imperialismo de América Latina. No a las bases militares en Argentina y Nuestra América.
Unidad de todxs lxs luchadores y luchadoras contra la explotación y la opresión.