La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, querellante en la causa que investiga el asesinato de Rafael Nahuel, recusó a la jueza Liliana Catucci y el juez Eduardo Rafael Riggi integrantes de la Cámara de Casación Penal 3. La medida fue llevada adelante por los abogados Natalia Araya, Julieta Blanco, Sebastián Feudal y Juan Mandagaran tras considerar que “los integrantes de dicho Tribunal, al dictar resolución en el incidente de excarcelación de Lautaro González y Fausto Jones Huala, han manifestado expresamente su desvalorización de la comunidad Mapuche con expresiones teñidas de una clara parcialidad, y excediéndose en los límites de su competencia”. Jones Huala y González fueron los jóvenes mapuches que bajaron el cuerpo de Nahuel del cerro, poco antes de que muriera al costado de la ruta 40 tras haber sido baleado por la espalda por el prefecto Javier Pintos, del grupo Albatros, que ingresó al territorio recuperado de Villa Mascardi el 25 de noviembre de 2017, dos días después de un violento desalojo.
03/07/2019
El equipo jurídico, patrocinante de los padres de Rafael Nahuel, agregó que el tribunal en su fallo no cumplió con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ni con el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y garantiza el respeto a su identidad. Desde la APDH alertaron que “se podría consumar la impunidad del asesinato en caso de que estos jueces tengan en sus manos la última decisión. No es casual que la Ministra Patricia Bullrich, en un programa de televisión, haya dicho que confía que esta sala va a cambiar el fallo de la Cámara de General Roca”.
El fallo emitido por la Cámara Federal de General Roca el 15 de mayo fue lapidario respecto de las responsabilidades políticas del asesinato de Nahuel, luego del violento desalojo de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu que protagonizó una patrulla del grupo Albatros. “Es notorio que el Ministerio de Seguridad ha asumido, en la actual gestión, un rol activo en la defensa irrestricta de los funcionarios de las fuerzas de seguridad involucrados en episodios bajo investigación judicial. Y lo ha hecho no con la mesura, la distancia y el respeto por el Poder Judicial de la Nación y la división de poderes que exige la República, sino con intervenciones que no toman en cuenta el trámite de las causas judiciales, sus tiempos ni las decisiones de los magistrados”, expresaron los camaristas. Así quedó judicialmente demolido el relato oficial sobre la muerte de Rafita, como lo llamaban: que el hecho habría sucedido según los funcionarios de Bullrich en medio de un “enfrentamiento armado” entre la Prefectura y miembros de ese pueblo originario.
Sin embargo, respecto de Jones Huala y González sigue vigente la reaccionaria decisión de Casación que incluso modificó la calificación de los hechos para justificar el dictado de su prisión preventiva. De modo que hacia allí apunta la acción de la APDH y los letrados de los Nahuel, en el entendimiento de que estos camaristas que han expresado su posición antimapuche también podrían llegar a intervenir y revertir el fallo de la Cámara de General Roca. Éstos jóvenes que acudieron de manera solidaria terminaron imputados por la supuesta usurpación del predio.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/204038-jueces-con-imparcialidad-en-duda