CHACODIAPORDIA tuvo acceso exclusivo al alegato del Estado Nacional en el juicio civil por la Masacre de Napalpí en el que está próximo a dictarse sentencia por parte del Juzgado Federal de Resistencia. No sólo negó que se tratase de un delito de lesa humanidad sino que lo consideró parte de un enfrentamiento político entre socialistas y el gobernador Fernando Centeno.
El avión utilizado durante la masacre de Napalpí, fotografiado por el equipo del etnólogo Lehmann Nitsche
23/07/2019
A fines de mayo pasado, el Estado Nacional presentó su alegato ante el Juzgado Federal de Resistencia en el marco de la demanda civil por la que se reclama una indemnización por daños y perjuicios por los hechos conocidos como la Masacre de Napalpí, de los que se cumplieron 95 años hace pocos días. Según la demanda, el 19 de Julio de 1.924 fueron asesinados más de 450 miembros de las comunidades qom y moqoit en manos de las fuerzas policiales del por entonces Territorio Nacional tras reclamos por mejores condiciones de trabajo en la Reducción Napalpí (hoy Colonia Aborigen).
En su defensa, el Estado Nacional no sólo negó que se haya probado la matanza y el genocidio indígena ordenado por autoridades nacionales sino que, además, aseguró que se trató de una disputa política en la cual, ante la proximidad de las elecciones, el Partido Socialista (que gobernaba el municipio de la ciudad de Resistencia) intentó endilgarle responsabilidad de lo que consideró un “mero hecho policial” al por entonces gobernador del Territorio Nacional, Fernando Centeno. ¿La fuente de esta afirmación?: el diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación donde quedó asentado ese debate. En el alegato se menciona el testimonio de un legislador socialista de apellido Arribazaga quién habría aportado una dosis de “dramatismo” a su exposición cuando se trataba de “circunstancias de hecho no acreditadas de acuerdo con las constancias del sumario policial”. Así, uno de los fundamentos centrales del alegato del Estado Nacional es que lo acontecido en la masacre de Napalpí no constaba en los registros oficiales de la Policía del Territorio Nacional, la misma que ejecutó la matanza.
En su versión, el Estado Nacional también tergiversó el día que ocurrieron los hechos, ya que refieren al 12 de Julio y no al 19 de Julio de 1.924 y confundió al brazo ejecutor mencionando a la Gendarmería Nacional (y no a la Policía del Territorio Nacional) cuando esa fuerza recién fue fundada en el año 1.927.
Otro de los elementos que esgrimió a favor de su postura el Estado Nacional es que en el debate parlamentario en el Congreso en ningún momento se acreditó que se tratara de un delito de lesa humanidad ni que se haya realizado denuncia a ningún organismo especializado para su tratamiento, hasta que hace pocos años los fiscales federales de Resistencia iniciaron una actuación de oficio para investigar la Masacre de Napalpí (y cuyo requerimiento de elevación a juicio se presentará a principios de agosto próximo, tras la feria judicial de invierno).
El negacionismo como regla
El alegato refuta, además, el aporte como perito del periodista Mario Vidal al que define como “autodenominado historiador”, sobre cuyo trabajo afirma que “no merece calificación de tarea técnica, ni ostenta rigor histórico” ya que “sólo se reduce a reconocer como verdad los hechos denunciados en la demanda”. También se descalifica la pericia del licenciado Ibáñez, quién relevó el terreno y realizó varias excavaciones donde halló restos óseos aunque no pudo corroborar si se trataba de huesos humanos para lo que aconsejó la intervención de especialistas forenses. Por último, considera que el informe pericial psíquico social “más que un dictamen pericial se asemeja a una monografía” referida al concepto de genocidio, la violencia racial y la discriminación.
Vale recordar que la demanda civil fue iniciada en el año 2.004 por la Asociación Civil “La Matanza” (que integran los abogados Julio César García y Carlos Alberto Díaz) en nombre y representación de la comunidad de aborígenes de la etnia Toba actualmente vivos en la República Argentina. En un importante tramo de su alegato, el Estado Nacional intentó negar la legitimación de esta asociación para impulsar la demanda. Sin embargo, se trata de la misma que representó a la etnia Pilagá que, semanas atrás, logró una sentencia histórica que determinó la responsabilidad civil del Estado Nacional en la Masacre de Rincón Bomba, ocurrida en el año 1.947 en la provincia de Formosa a manos de Gendarmería Nacional. Así, luego de 15 años de innumerables trabas y planteos dilatorios por parte del Estado Nacional, se está a un paso de conocer si se lo condena a resarcir a las comunidades indígenas afectadas.