Ángel Bramajo conducía la camioneta Ducato que fue acribillada el 19 de mayo pasado durante un operativo cerrojo de la Policía Bonaerense; Diego Cagliero murió en el lugar, otro amigo recibió un disparo en el abdomen. Desde ese día, Ángel está detenido, imputado por el supuesto robo que originó el operativo policial. Su abogado denunció graves irregularidades en la investigación y pidió que se revoque la prisión preventiva. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una nota ante la sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Martín para acompañar el pedido de la defensa.
El 19 de mayo pasado, luego de la denuncia de un supuesto golpe comando a un supermercado de la zona de Tres de Febrero, la Policía Bonaerense organizó una emboscada en la avenida Márquez a la altura de la comisaría 5ª de Eufrasio Álvarez para detener la camioneta en la que iban los ladrones. El vehículo circulaba a 40km/h cuando comenzó a recibir los disparos; cuatro policías realizaron, por lo menos, 14 disparos.
Diego Cagliero murió en el acto. Otro amigo, Mauro Tedesco, con una herida en el abdomen, estuvo internado en grave estado varios días. Los agentes de la Policía Bonaerense Rodrigo Canstatt y Sergio Montenegro fueron imputados y detenidos por el asesinato de Diego y las lesiones a Mauro. Las pericias balísticas que de sus armas reglamentarias partieron las balas que mataron e hirieron a los jóvenes.
Sin embargo, Ángel Bramajo, quien conducía la camioneta, está detenido desde el primer día imputado por “robo calificado por haber sido cometido en poblado y en banda en concurso real con el delito de tenencia de arma de uso civil sin la debida autorización”.
Ángel lleva detenido 68 días con prisión preventiva; su abogado defensor, Juan Manuel Casolati, dice que ni siquiera hay pruebas que demuestren su autoría en el delito que se le imputa. La investigación judicial está cuestionada, a su vez, por las irregularidades en la aplicación de la resolución 1390: durante las primeras horas posteriores al ataque de la camioneta, la misma policía que participó del operativo tuvo control funcional de la escena del crimen.
Casolati presentó un recurso ante la sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Martín para que se revoque la prisión preventiva y el joven recupere su libertad. Ángel es padre de familia y jefe de hogar. En el escrito se aclara que no sólo no hay pruebas de su responsabilidad sino que tampoco existen circunstancias que permitan suponer el peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó, ante la misma sala, una nota acompañando el pedido de la defensa. En un contexto de crisis del sistema penal, reconocido por la misma Corte bonaerense, “resulta un contrasentido evidente que se disponga la prisión preventiva de un joven por supuestos delitos donde no hay elementos de convicción suficiente o indicios vehementes para sostener que el imputado sea probablemente autor del hecho”, resume el organismo en su presentación.
Ángel, el chivo expiatorio
El 19 de mayo, alrededor de las 13 horas, los jóvenes ingresaron a un supermercado de la zona de Martín Coronado; en la línea de caja se produce un altercado entre algunos de amigos, el dueño y el hijo del local y un personal de seguridad. Según los testimonios de los mismos chicos, habían querido llevarse algunos productos sin pagar. Los dejaron y agarraron la mercadería que pudieron pagar y se fueron. Ángel estaba esperando en su camioneta en la playa de estacionamiento; cuando escucha las agresiones, él también agrede verbalmente a la gente del supermercado.
Según la versión policial, el accionar de los jóvenes se trató de un golpe comando con armas de fuego; las cámaras del establecimiento no muestran nada de eso, no se ve que haya sido algo planificado ni que los amigos llevaran armas, muchos menos que con ellas hayan intimidado al personal.
Media hora después de este hecho, la camioneta ciega en la que viajaban los ocho jóvenes fue emboscada por la policía y acribillada a balazos. Ese mismo día, y siguiendo la versión policial, se abrió una causa para investigar el robo: cuatro amigos quedaron detenido, uno de ellos es Ángel. En la camioneta no había ni dinero ni mercadería y se secuestraron dos armas; el abogado Casolati y las familias de los jóvenes denuncian que las armas fueron “plantadas”.
Del expediente judicial, se desprende que se secuestra una pistola de aire comprimido y un revólver calibre 32; sin embargo, en un registro radial al 911 y en la comunicación a la Auditoría general de Asuntos Internos, los policías hacen mención a una pistola 9mm y un revólver. Estas diferencias, por sí solas, dan motivos suficientes para cuestionar si las armas se encontraban en la camioneta desde el inicio de los hechos.
“El acta de procedimiento que inicia la investigación la realizó la propia Policía de la Provincia que participó en el hecho donde perdió la vida Diego Cagliero”, señala la CPM en la nota remitida a la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Martín. La fiscal llegó, según consta en el acta, una horas después del hecho. En ese momento solicita la presencia de la Gendarmería Nacional. “Sin embargo se desprende —del propio relato policial— la presencia y realización de pesquisas por parte los oficiales, sin preservar el lugar del hecho a la espera de la fuerza de seguridad nacional”, se detalla en la nota.
La irregularidad en la aplicación de la resolución 1390 permitió a la policía manipular la escena para sostener la hipótesis primero del robo y después del enfrentamiento.
En su presentación, la CPM también cuestionó el accionar policial que terminó con un muerto y un herido. Según lo que se desprende del mismo expediente judicial, también hay serias dudas sobre las razones que llevaron a los policías a acribillar la camioneta de la manera que lo hicieron.
Los policías Juárez y Martínez declararon haber escuchado durante la supuesta persecución una “explosión”; aunque no pudieron precisar si se trataba de un disparo de arma de fuego, decidieron disparar contra la camioneta. Otros cuatro agentes sí declararon haber escuchados disparos de arma de fuego. “Sin embargo a la fecha no se pudo acreditar que las personas que se encontraban dentro de la furgoneta hayan efectuado disparos”, aclara la CPM en la nota a la justicia de San Martín.
Asimismo, de los 12 efectivos policiales que participaron del operativo cerrojo a la camioneta; sólo dos dicen haber visto a una persona con un arma dentro de la camioneta. Y un tercero declaró que “desde el interior de la camioneta del medio del parabrisas un sujeto esgrimía un objeto de color negro”; es decir, sin precisar si se trataba de un arma o no.
A estas dudas, se agrega la declaración testimonial de un testigo que observó el operativo policial y sostuvo que no observó de parte de las personas que se encontraban en la camioneta la portación de un arma de fuego.
Sin testigos ni registro de cámaras de seguridad que corroboren el robo comando y el enfrentamiento, con un acta de procedimiento irregular, con las dudas sobre el secuestro de las armas encontradas en el interior de la camioneta, la versión policial se sostiene únicamente en las declaraciones de los funcionarios policiales, los mismos que dispararon sus armas reglamentarias para matar.
Y, sin embargo, Ángel lleva 68 días detenido. El chivo expiatorio, el último renglón de una versión policial que se resquebraja por todos lados.