La llegada de Macri al gobierno a fines del 2015, significó entre muchas otras cosas, el desembarco en el Estado de centenares de CEOS representantes de más de 890 empresas privadas del país.
Fue así, que el gobierno de Cambiemos ni bien asumió, alentó a gobernadores e intendentes a iniciar una ola de despidos masivos que se extendió por todo el país. Más de 32 mil trabajadoras y trabajadores del Estado Nacional fueron despedidos sin justificación alguna, y 7 mil han padecido la misma suerte en el orden de los Estados Provinciales y Municipales.
Detrás de la arbitrariedad, la injusticia y la deshumanización de esas políticas, el gobierno de Macri puso en marcha una serie de transformaciones en el Estado eliminando programas esenciales, recortando funciones destinadas a garantizar derechos para las mayorías y podando su capacidad de intervenir, construir y desarrollar políticas en clave de soberanía nacional.
Como dos caras de una misma moneda, el nuevo modelo de Estado que se construía en la senda inconclusa de la dictadura y el menemismo, era acompañado de un modelo de país que llevaba al desplome de la industria nacional, al cierre de miles de pequeños y medianos comerciantes, a la quiebra de pequeños productores agrarios y a la ruina de miles de campesinos.
No sorprende entonces el vaciamiento y desguace de un Organismo clave para el desarrollo industrial como es el INTI, que sufrió el despido arbitrario de 267 trabajadores y trabajadoras, como parte de una política buscada donde las consecuencias son la caída libre de la actividad industrial de manera sostenida y la mitad de la capacidad instalada industrial ociosa.
También el desguace de la Secretaria de Agricultura Familiar, con el despido de casi la mitad de sus trabajadores y trabajadoras, evidencia que para el actual Secretario de Agroindustria y ex Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevere, no está en su prioridad alentar la producción de alimentos sanos y baratos que se vuelquen al mercado interno, sino que su prioridad política es seguir garantizando las ganancias de quienes ya se han beneficiado a lo largo de casi toda la historia Argentina, como fue el sector Agroexportador. La quita de retenciones es, en este sentido, parte de un paquete de medidas que van en esa dirección.
Otros ejemplos son la entrega de la soberanía satelital hacia los monopolios norteamericanos, desalentando la producción nacional como fue el proyecto ARSAT I y II; hasta los intentos de cierre de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) y el conglomerado industrial del sector nuclear, el Yacimiento Carbonífero Río Turbio, el Astillero de Río Santiago, las Fábricas Militares, etc. A todo esto, se le agregó el estigma sobre la carga presupuestaria que significa mantener al Estado.
Argumento falso dado que se paga en intereses de deuda externa el equivalente a 3,3 veces de lo que se invierte en Educación y Cultura, 5 veces lo que se destina en Salud, 16 veces lo que va para Ciencia y Técnica, 26 veces lo destinado en política de viviendas y 31 veces en agua potable, por mencionar áreas significativas.
El correlato de esta clara decisión de favorecer al sector financiero internacional, se traduce en el vaciamiento, desfinanciamiento y desmantelamiento del Estado. Sin dudas, los intentos del gobierno de ir a fondo con esta idea de “achicar el Estado para agrandar la Nación”, han sido frenados por la resistencia de los trabajadores y trabajadoras.
Aquel 24 de febrero de 2016, con una Plaza de Mayo rebalsada de Estatales y abrazada por el conjunto del movimiento popular y del pueblo, fue el inicio de una resistencia que se dio en cada sector de trabajo y que sigue hasta hoy. Resistimos a los despidos y a la política de salarios de hambre.
Seguimos resistiendo, al intento de los funcionarios de perpetuarse en más de 2500 cargos de Alta Dirección Pública para garantizar su estabilidad y salarios que van de 150 mil a 250 mil pesos.
La lucha de los trabajadores y trabajadoras del INTI, de los mineros de Río Turbio, del Astillero Río Santiago, por mencionar sólo algunas, son hoy un hito más de la pelea de los y las estatales, que hemos realizado una infinidad de paros, radios abiertas, permanencias, ollas populares, ruidazos, acampes y marchas para frenar la tercera reforma del Estado. Hemos sido parte orgullosa de esa clase trabajadora que frenó la reforma laboral en diciembre de 2017.
Un nuevo escenario se avecina en octubre. Los y las Estatales tenemos la enorme posibilidad de clausurar la experiencia Neoliberal en las urnas y seguramente cada resistencia ha ayudado a multiplicar la conciencia sobre cuál es el modelo de Estado y de país de Macri.
Tenemos el gran desafío de ser parte de la reconstrucción de un Estado que ha sido salvajemente golpeado y ultrajado. Fortalecer la organización de los trabajadores y trabajadoras del Estado y construir el protagonismo necesario, será fundamental para discutir con el gobierno que viene la reincorporación de todos nuestros compañeros y compañeras, y la reconstrucción de un Estado democrático, participativo y popular.
Pablo Spataro es Secretario General de la CTA Capital