Bogotá, 14 ago (Prensa Latina) Las diferencias son nuestra mayor riqueza, enfatizó Leonor Zabaleta, del pueblo arhuaco, una de las comunidades indígenas que hoy es blanco de ataques en Colombia.
En este país existen 102 pueblos ancestrales y ocho en aislamiento voluntario, 70 de los 102 están en grave riesgo de exterminio físico y cultural, 31 en riesgo de extinción, 39 en inminente exterminio físico y cultural, según Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional.
Los territorios siguen siendo amenazados por la minería, por el narcotráfico y el glifosato, expresó Zabaleta en referencia a ese polémico herbicida defendido por el Gobierno para combatir los cultivos de uso ilícito.
La paz no puede ser solo con la gente, sino también con el territorio, subrayó durante su participación en el evento ‘Voces de las víctimas: diálogo intercultural y justicia restaurativa’, que tuvo lugar en el departamento de La Guajira (norte).
En su intervención se refirió a la importancia de que en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se reconocieran los daños que han sufrido los territorios en el marco del conflicto armado.
Por su parte, el palabrero del pueblo wayú Sergio Cohen, habló del valor de tener palabra, de fortalecer y respetar la justicia indígena y del diálogo como una salida a las diferencias.
En el contexto de la Semana de los Pueblos Indígenas que tiene lugar hasta el 16 de agosto, la magistrada Belkis Izquierdo, coordinadora de la Comisión Étnica y Racial de la JEP, resaltó la resistencia de los pueblos indígenas y de la materialización de sus derechos colectivos e individuales.
La JEP reconoce los avances normativos y el impulso a la participación activa de las comunidades indígenas en los procesos de coordinación inter-jurisdiccional y diálogo intercultural, apuntó Izquierdo, quien pertenece al pueblo arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta.
En su opinión, la reivindicación y reconocimiento de los derechos colectivos e individuales de esos pueblos es un proceso histórico, producto de su resistencia y dignidad, que ha costado muchas muertes, desplazamiento, despojo y debilitamiento cultural.
Hoy tenemos grandes avances normativos nacionales e internacionales, y jurisprudencia de altas cortes, que reconocen y protegen la diversidad étnica y cultural, y el impacto diferenciado y desproporcionado que el conflicto armado tiene en las comunidades nativas presentes en más del 30 por ciento del territorio nacional, puntualizó.
El desafío para la JEP es contribuir a la materialización de los derechos en el territorio, con las comunidades, sus autoridades y sus líderes, reconociendo las diferencias de cada región, las percepciones del conflicto y la existencia de una organización y un conocimiento local que deben ser potencializados.