El ex comisario Ramón Roberto Maldonado fue detenido por Gendarmería cuando intentaba ingresar al país por el paso internacional San Martín, en la ciudad de Gualeguaychú. Maldonado tenía pedido de captura desde hace 10 meses cuando logró esquivar la orden de detención dictada por el Juzgado Federal 2 de San Nicolás en el marco de la causa de lesa humanidad que investiga el secuestro, tortura y muerte de seis integrantes del PRT—ERP Zona Norte ocurridos entre el 9 y el 10 de noviembre de 1976. En ese momento, Maldonado se desempeñaba como oficial de la delegación San Nicolás de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En esa misma causa, hay imputados otros ocho ex agentes de inteligencia y tres miembros del Ejército.
Ramón Roberto Maldonado estuvo prófugo de la justicia durante diez meses; este martes fue detenido en la frontera con Uruguay y un día después trasladado al Juzgado Federal 2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo. El ex comisario de la Bonaerense se negó a declarar y quedó detenido; está imputado de participar, como agente de la delegación de San Nicolás de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), en el secuestro y muerte de seis integrantes del PRT—ERP Zona Norte.
Por esta misma causa, hay otros 11 imputados: ocho son ex agentes de inteligencia y otros tres son miembros del Ejército. Es la primera vez que todos estos funcionarios de la DIPPBA tienen que rendir cuentas ante la justicia por su participación en crímenes de lesa humanidad. El caso de Maldonado es similar. Por su parte, dos de los tres imputados del Ejército ya están en prisión por condenas anteriores.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) es querellante en esta causa y aportó documentación del archivo de la DIPPBA que resultó de gran valor probatorio para avanzar en las imputaciones. Sin embargo, a pesar de estas pruebas, el juez Villafuerte Ruzo decidió dictar la falta de mérito para cinco de los imputados y la exención de prisión para el resto, excepto los ya condenados en otros juicios.
El 9 de noviembre de 1976, en un operativo conjunto de la DIPPBA San Nicolás, la Unidad Regional VII y el Batallón de Ingenieros de Combate 101 de esa ciudad, secuestraron a Carlos Santillán e Irene Ballester, que eran miembros del PRT—ERP y habían ocupado cargos importantes en la estructura del partido.
Con la información obtenida en interrogatorios con torturas, las fuerzas conjuntas continuaron el raid delictivo al día siguiente: María Cristina Lanzilloto, esposa de Carlos B. Santillán y también integrante del PRT—ERP, fue secuestrada de su propia casa en Pergamino; Adriana Pierro fue secuestrada en el domicilio de sus padres también en esa ciudad. En San Nicolás, fueron secuestrados Carlos Pérez y Leonor Genoveva.
Estos procedimientos y detenciones ilegales efectuados por las fuerzas conjuntas están detallados en los documentos de la DIPPBA. La prueba aportada por la CPM también demuestra toda la acción de inteligencia y espionaje previa que hizo posible la comisión de estos delitos. Hay entre esos documentos, fichas personales de las víctimas, fotografías, filiaciones políticas, un exhaustivo análisis de la situación del PTR—ERP.
En ese sentido, el legajo denominado “San Nicolás-Procedimientos antisubversivo” posee un informe detallado sobre la participación del personal de la DIPPBA—San Nicolás en las detenciones. Varios de los agentes de inteligencia imputados figuran en la “nómina del personal de esta sección actuante en los hechos que se mencionan”.
Ningún miembro estuvo exento de estos procedimiento, así lo rubrica el legajo “DS” [Delincuentes Subversivos] N 6864, bajo el título “San Nicolás: Desbaratamiento célula extremista del ERP”; allí consta un memorándum de una autoridad militar que hace llegar al Jefe de la DIPPBA su complacencia por el accionar de la delegación DIPPBA—San Nicolás: “Es deber del suscripto, hacer resaltar ante esa Superioridad, la encomiable labor desarrollada por la dotación completa de esta Delegación, por haber trabajado fuera de horarios, francos de servicio y hasta con recargos de tres días consecutivos, hasta lograr el desbaratamiento casi completo de la célula extremista que actuaba en la jurisdicción”.
En ese mismo legajo se deja constancia de la relación indispensable entre las tareas de inteligencia y las detenciones: “Del accionar informativo de esta Sección Regional, en conjunto con las fuerzas policiales militares y policiales de esta zona a partir de la fecha indicada, han comenzado a rendir sus frutos en los últimos dos meses”, informó la DIPPBA. Según el registro de inteligencia había “ciento treinta blancos [militantes gremiales y políticos investigados previamente] indicados a la Jefatura de Área 132 desde el mes de octubre pasado hasta la fecha, la misma ordenó la ejecución del 30% aproximadamente y de éstos se obtuvieron resultados positivos con secuestros de elementos y detención de veinte a veintiuno personas de forma directa”.
Por ahora, de los ex agentes de la DIPPBA, sólo Maldonado permanece detenido. Miguel Ángel Amarillo, Raúl Calabressi, Oscar Parodi y Enabel Cappa están procesados sin prisión preventiva. Mientras que el juez federal le dictó la falta de mérito a Pedro Eduardo Díaz, Mario Antonio Marrese, Julio Ernesto Carranza y Félix Roberto Aladro, sin embargo todos continúan imputados.
Además de los agentes de inteligencia, están involucrados tres miembros del Ejército: Antonio Bossié y Omar Andrada fueron procesados con prisión preventiva, los dos ya en prisión por condenas anteriores; el tercer militar imputado en esta causa, Guillermo Aníbal Piccione, quien ejercía el mando funcional sobre el Batallón de Ingenieros de Combate 101, también recibió la falta de mérito.
Pocas semanas atrás, la CPM apeló la falta de mérito y la exención de prisión para agentes de la DIPPBA; la Cámara aún no resolvió.