El hacinamiento, las torturas y la falta de atención médica son algunas de las principales deficiencias denunciadas por la Comisión Provincial por la Memoria durante la presentación de su informe anual en la Municipalidad de San Martín.
El viernes 27 de septiembre se presentó el Informe Anual de la Comisión Provincial por la Memoria en el Salón Malvinas Argentinas de la Municipalidad de San Martín. Bajo el título “El sistema de la crueldad XIII” sobre lugares de encierro, políticas de seguridad, salud mental y niñez en la provincia de Buenos Aires, fue presentado por Alberto Palacios, del Observatorio de San Martín; el padre José Pepe Di Paola (párroco en José León Suárez y pro-secretario de la CPM) y Roberto Cipriano García (secretario de la CPM).
Eran las 18.15 y se invitaba a los compañerxs a tomar sus asientos para la presentación del informe. Palacios abrió la presentación agradeciendo la participación y colaboración de la Red de Familiares contra la Tortura y otras Violencias Estatales de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM); la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM); la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional; la Comisión Memoria Verdad y Justicia San Martín; organizaciones sociales y municipio. Luego fue el turno de José Pepe Di Paola, quien insistió en la búsqueda de encontrar la verdad.
La consolidación del sistema de crueldad parte de la existencia de una cadena punitiva compuesta por el Poder Judicial, la policía y el servicio penitenciario que no hacen mas que ocultar la realidad. Teniendo en cuenta esta cadena, la Comisión por la Memoria monitorea el accionar del Poder Judicial y policial, interviene en las políticas públicas y acompaña a las víctimas de las torturas y violencias estatales.
Antes de comenzar con los datos del informe, Roberto Cipriano García, coordinador de la mesa, habló sobre su rasgo principal: “Para la erradicación de todo tipo de violencia institucional debe haber un acompañamiento en las distintas instancias reparatorias como dignificación, diagnóstico de las causas estructurales y políticas públicas”. Además, señaló que el “Observatorio pretende ser una piedra en el zapato para los partidos políticos porque la violencia es ejercida por el propio estado y la democracia no garantiza todos los derechos, se necesita el esfuerzo de vecinos y vecinas”.
El informe comienza denunciando la sobrepoblación en las cárceles, alcaldías y comisarías. En diciembre de 2018 había 48.615 personas detenidas y seis meses después, para el mes de julio 2019m la suma llegó a 50.500 detenidxs. Explicó García que un importante porcentaje de lxs encarceladxs tienen causas por narcotráfico, y que como este delito está vinculado con la pobreza del país, siendo las mujeres una de las principales víctimas ya que por falta de inclusión laboral terminan obligadas a participar de la venta de estupefacientes en cantidades pequeñas. Según los datos relevados por la CPM, esta población se duplicó en poco tiempo: en 2017 era un 24% y en 2018 aumentó a 51%. Dentro de las detenidas trans-travesti los números arrojan un crecimiento de un 36%, siendo mencionado el caso de Mónica Mego por la desidia, discriminación y maltrato que sufrió tras haber contraído tuberculosis en la cárcel. La crueldad se vio reflejada en el diagnóstico tardío, la falta de atención médica y la brutalidad con la que se la trató por el asco que le daba a los agentes penitenciarios tocarla, lo que ocasionó que ella quedara parapléjica.
En cuanto a la salud mental, sostienen que tanto en las instituciones privadas como en el caso de los hospitales públicos, o en el caso de personas en conflicto con la ley penal en las unidades penitenciarias 34 y 45 del Servicio Penitenciario Bonaerense, la atención se realiza en condiciones indignas. Una causa de muerte – remarcó Roberto Cipriano García – es el ahogo por la dificultad para deglutir los alimentos debido a la sobremedicación. Son 180 personas fallecidas en el marco de internaciones por razones de salud mental. Si bien existe una falta de datos oficiales, durante 2017 eran 13.500 personas a disposición de organismos judiciales.
También se advirtió en el informe sobre la niñez conectada a la policía: “Más de la mitad de lxs pibes son pobres y quedan afuera del sistema de oportunidades”. El sistema estructural, el hambre y el abandono deberían ser temas tratados por el estado, pero este refuerza más el presupuesto en seguridad que en cubrir las necesidades de niñxs y adolescentes. En 2018 el presupuesto por seguridad aumentó un de 9,8%.
El análisis y la interpretación de los datos confirma nuevamente la regresión en materia de derechos humanos y profundización de las políticas de seguridad orientadas a la violencia bajo la justificación de la guerra contra el “terrorismo” y “narcotráfico” alentados por la ministra Patricia Bullrich. La doctrina Chocobar es prueba de esto, ya que se habilita la intervención policial con armas de fuego de manera regular. Los números son escandalosos: 120 muertos por uso de la fuerza letal, 74 víctimas son menores de 30 años, 20 menores de 18 años, 53 víctimas con una edad de entre 15 y 24 años, y 5 femicidios. El 78,4 % de las muertes fueron para evitar robos y el 68% de las muertes fueron intervenciones fuera del horario de servicio.
Carceles: sobrepoblación, tortura y muerte
Tortura:
* 12.421 hechos de agravamiento de las condiciones de detención que se constituyen en torturas o malos tratos.
Sobrepoblación:
* 113% – 42 mil personas detenidas con solo 20 mil plazas.
Mujeres y trans:
* 2.013 mujeres detenidas en provincia de Buenos Aires. En 2018 la cantidad de mujeres detenidas subió un 18% y los varones un 11%.
* 36% creció la población trans-travesti, 86% de ellas está procesada.
Muertes:
* 140 muertes en cárceles. 72% de los casos como consecuencia de problemas de salud no asistida,
Violencia policial en los territorios
* La CPM relevó 379 hechos de violencia policial.
* Uso letal de la fuerza: 120 muertos por uso de la fuerza.
Salud mental
* 180 personas fallecidas en el marco de internaciones por razones de salud mental. 57% en instituciones del sector público y 63% en lugares privados.
Emergencia en niñez y adolescencia
* 680 niños, niñas y jóvenes en el encierro. 85 niños y niñas no punibles. Población que creció de forma continua: 2015 0,8% -2018 13%.