La comunidad indígena Los Chuschagasta vivió una nueva jornada histórica en Tribunales. Este viernes, el juez Correccional Nº 1 Marcelo Mendilaharzu decidió absolver a Ismael Chocobar, sobrino del referente originario asesinado, y al ex cacique Demetrio Valderrama, de la denuncia interpuesta por Sofía Herrera, madre del asesino Darío Amín, por usurpar las tierras donde ellos mismos viven y que se encuentran dentro de los territorios ubicados en Trancas que fueron reconocidos por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como patrimonio ancestral de los Chuschagasta.
Viernes, 04 de Octubre de 2019 17:48
Los fundamentos del fallo se conocerán el 21 de octubre al mediodía, según Primera Fuente.
El año pasado el Tribunal integrado Wendy Kassar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnolli condenó al terrateniente Amín a 22 años de prosión y a los ex policías Luis Humberto Gómez (18 años) y Eduardo José Valdivieso (10 años), por el asesinato de Javier Chocobar.
La acusación, iniciada por Herrera en el 2011, sostenía que Chocobar había usurpado una vivienda que colinda con el lugar donde habían colocado el obrador de la cantera de piedra laja la familia Amín, situada en el paraje de El Chorro, en la localidad de Trancas.
En tanto que Valderrama estaba acusado por ser responsable de la comunidad cuando se gestó la denuncia. La demandante sostiene que los terrenos en donde está emplazada la casa le pertenecen a su familia desde 1959 y que ella los heredó.
Más allá de la situación de los acusados, la comunidad entiende que el fallo de Mendilaharzu es una ratificación de los derechos sobre las tierras que ocupan desde el tiempo de sus ancestros y, en consecuencia, puede contribuir a poner punto final a una disputa de vieja data. “Esta sentencia favorable puede ser el impulso que necesitábamos para que el Estado avance en la titularización formal de nuestra propiedad colectiva”, expresó Ismael Chocobar, tras conocer su absolución.
“El fallo se tenía que resolver de esta manera, después de un proceso que ellos no pudieron sostener, porque estaba claro que era un ataque institucional hacia nuestra comunidad. Creemos que la nueva creación de una nueva sociedad más inclusiva y democrática no se puede hacer desconociendo los derechos indígenas y atacando al otro cultural, que somos nosotros los originarios”, subrayó.
El abogado de la comunidad Carlos Garmendia coincidió: “El fallo marca un antecedente importante para todas las comunidades, ya que conjuga una nueva herramienta jurídica para luchar por sus derechos y quizás sentirse más protegidos”.
Los Chuschagasta esperan que el Estado “dé un salto de calidad en el derecho de los pueblos y empiece a trabajar para resolver estos conflictos, cuya salida no es otra que la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, una herramienta creada a los fines de poner freno a los ataques físicos y judiciales que constantemente sufren los pueblos originarios, pero que lamentablemente nunca superó la instancia de anteproyecto. “Sin esta ley, el resguardo de los derechos de las comunidades y su gente sería imposible”, remarcó Chocobar.
Sobre la implicancia que la sentencia puede tener en materia normativa, Garmendia fue cauteloso y sugirió esperar a conocer los argumentos del fallo. Sin embargo, sostuvo que “es muy importante para la lucha de las comunidades originarias. Es una costumbre de los terratenientes denunciar por usurpación a quienes siempre han vivido en los territorios que quieren explotar” y que “este fallo es un buen antecedente para poner freno a esas pretensiones”.
“Hoy Los Chuschagasta están muy fortalecidos porque la Justicia reconoció los derechos que tienen sobre sus territorios”, sentenció.
El crimen de Javier Chocobar aún sin sentencia firme
A casi un año de la condena de Amín, Gómez y Valdivieso Sassi, aún no quedó firme la sentencia debido a que se tramita un recurso de casación presentado por las defensas de los asesinos del comunero.
Por este motivo, el Pueblo de la Nación Diaguita marchará el próximo 12 de octubre (Día de la Diversidad Cultural), cuando se cumplan 13 años del asesinato de Javier Chocobar, para exigir celeridad en la resolución del tribunal de segunda instancia. “No tenemos dudas de que la condena va a quedar firme, pero queremos que no se dilate más”, expresaron.
Un fallo llevó alivio a la comunidad de los Chuschagasta
La Justicia absolvió a dos comuneros denunciados por usurpación. “Este juicio no se hizo contra dos individuos, es un ataque a toda la comunidad”, consideró Ismael Chocobar
PRESENCIA. Unos 20 miembros de la comunidad viajaron desde El Chorro para presenciar el final del juicio.
Por Valeria Totongi
Ismael Chocobar y Demetrio Valderrama regresaron al territorio de su comunidad, Los Chuschagasta, en el paraje El Chorro, absueltos del delito de usurpación. Los había acusado Sofía Herrera, madre de Darío Amín, preso por el crimen del dirigente comunitario Javier Chocobar, en 2009.
Valderrama era cacique en 2011, cuando Herrera inició la denuncia, y Chocobar, sobrino del dirigente asesinado, es el trabajador social de esa comunidad diaguita, que volvió a vivir en El Chorro después del asesinato.
La acusación sostenía que Chocobar había usurpado una vivienda ubicada junto al lugar donde había colocado el obrador de la cantera de piedra laja la familia Amín, situada en el paraje de El Chorro, en la localidad de Trancas.
Herrera sostiene que los terrenos donde está emplazada la casa fueron adquiridos por su familia en un remate, en 1952, y que ella los heredó. Valderrama estaba acusado por ser responsable de la comunidad cuando se gestó la denuncia.
La casa del conflicto -según surgió en el juicio- fue construida por Fortunata Díaz, la abuela de Ismael. Así lo ratificó Néstor Chocobar, padre de Ismael, cuando declaró en el juicio, que comenzó el 9 de agosto y terminó ayer. Así, el fallo del juez Correccional Nº 1, Marcelo Mendilaharzu, ratifica, según considera la comunidad diaguita Los Chuschagasta, sus derechos sobre las tierras ubicadas en el Valle de Choromoro, entre las que se encuentran las bases territoriales de El Chorro, La Higuera y Ñorco.
Las tierras ubicadas en el Valle de Choromoro, que incluyen la cantera de laja y la casa que son parte del conflicto, son parte de una disputa que tuvo su pico el 12 de octubre de 2009, cuando Amín, acompañado por Luis Humberto Gómez y Eduardo Valdivieso, llegó armado a la base territorial comunitaria de El Chorro. Ese día, Gomez sacó una pistola y se inició un tiroteo que terminó con la muerte de Chocobar y que causó graves heridas a Andrés y a Emilio Mamaní.
Pero el conflicto por esas tierras no comenzó ese día, sino que tiene más de 40 años, y así lo expresó Valderrama en sus últimas palabras, antes de escuchar el fallo.
“Desde el año 77 venimos con estos juicios (por la propiedad de las tierras). Primero fue mi padre y ahora yo, a mis 75 años, tengo que seguir con estas denuncias”, dijo el ex cacique de la comunidad. Para él, la defensa y la fiscalía habían pedido la absolución porque no se encontraba en el lugar cuando ocurrió el hecho de la denuncia.
Chocobar se extendió más en sus últimas palabras, y se refirió al pedido que había hecho el fiscal Ernesto Salas, de que se lo condene a la devolución de la casa en conflicto. “No podría devolver algo que es de mi familia”, dijo.
También defendió la plena vigencia de las leyes que establecen derechos de las comunidades indígenas, como la ley 23.302, que crea del INAI, y la ley 26.160, que declara la emergencia “en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas preexistentes”. La vigencia de esta última fue prorrogada hasta noviembre de 2021, por la ley 27.400.
Esa normativa “no es una ilusión, como dijo el fiscal”, argumentó Chocobar, antes de volver sobre dichos del fiscal Salas: “El fiscal se refirió al crimen de mi tío como ‘el incidente’ o el ‘hecho desafortunado’. No fue un incidente, fue un asesinato, y Salas lo nombra así solamente porque es la muerte de un diaguita”, señaló.
Se dirigió también al abogado Juan Robles, representante de Herrera, quien en su alegato dijo que la familia Amín va a estar de nuevo en el territorio. “Ya hubo una muerte y a la comunidad le costó mucho salir del miedo que dejó ese crimen”, insistió.
Fuente: https://www.lagaceta.com.ar/nota/820462/actualidad/fallo-llevo-alivio-comunidad-chuschagasta.html