Tras la gran lucha popular de los 11 días de Huelga Nacional, las protestas pueden haber dejado las calles de Ecuador pero el clima político y social continúa en extrema tensión. Mientras el gobierno intenta deslindar culpas, perseguir opositores y ocultar pruebas de las violaciones a los derechos humanos de su represión, la CONAIE lanzó una declaración pública destinada a la flamante titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Además, la organización anunció que avanzaría en consolidar la seguridad comunitaria, la Guardia Indígena, lo cual desató una nueva oleada de histeria y demonización.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) exigió al FMI dejar de presionar al gobierno para firmar acuerdos y convenios perjudiciales a la población.
La demanda se oficializó mediante una “Carta con Intención” -un juego de palabras en relación a las cartas “de intención” que el Fondo establece con los distintos gobiernos-, suscrita por autoridades de 18 pueblos, 15 nacionalidades, 52 federaciones provinciales y 10 mil comunidades, que conforman la CONAIE conjuntamente con la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENAIE), la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) y la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana (CONAICE).
En la Carta, dirigida expresamente a la nueva directora del Fondo, Kristalina Georgieva, los originarios condenan “la insistencia de aplicar, tercamente, políticas de austeridad que no sólo desconocen las complejas realidades de nuestros pueblos, sino que ignoran olímpicamente nuestras prioridades”.
También destaca que las políticas recomendadas por la institución financiera imponen una idea de “desarrollo” que no responde a las necesidades concretas del país y parecen concentrarse en “resolver” problemas que no son del pueblo.
|| CARTA ABIERTA AL FMI
El Movimiento Indígena le dice NO al Fondo Monetario Internacional, FMI, a través de esta carta abierta.@FMInoticias @KGeorgieva pic.twitter.com/9nNTsEBw5N
— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 21, 2019
Una de las críticas del movimiento indígena radica en que hace pocos meses, bajo la asesoría del FMI, 214 grupos económicos quedaron eximidos de pagar 987 millones de dólares que debían al Estado ecuatoriano.
Asimismo, aseguraron que aún existe una deuda impaga, concentrada en las mismas principales empresas, por un valor de cuatro mil millones de dólares, ante lo cual consideraron adecuado empezar por cobrar lo adeudado, antes que pedir préstamos.
Por otra parte, consideraron que “lo lógico sería entonces buscar financiamiento, primero, en bancos donde la tasa de interés sea baja”, pues, los préstamos ofrecidos por el FMI “están bastante cerca de lo que nosotros conocemos como ‘chulco'”, una expresión popular que significa usura.
Los originarios también cuestionaron la necesidad de aplicar medidas agresivas de ajuste estructural, así como el aumento al precio de los combustibles, solo para cuadrar cuentas fiscales o la aplicación de flexibilización laboral y ambiental con el supuesto fin de mejorar la competitividad a largo plazo.
No dejaron de señalar que para cumplir el acuerdo con el FMI el gobierno nacional ecuatoriano, encabezado por Lenín Moreno, llevó al país a una explosión social de 11 días, marcada con una fuerte represión y un saldo de 8 muertos, 1192 detenidos y 1340 heridos.
Último balance de la @DEFENSORIAEC durante el #ParoNacionaleEC del 3 al 13 de octubre de 2019 (24h00).#RomoCriminal #JarrinCriminal https://t.co/CUJ8px2CHu
— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 16, 2019
En ese contexto, instaron al Fondo a parar las presiones o “los gobernantes y grupos de poder beneficiarios y benevolentes con ustedes, el FMI, deberán asumir las consecuencias de aplicar una política económica ortodoxa, cómplice, entreguista y antidemocrática que vulnera nuestro derechos y los de la Madre Tierra”.
La carta se difunde en el marco de una etapa de diálogo entre las organizaciones indígenas y el gobierno nacional iniciada el pasado 13 de octubre, cuando Moreno aceptó derogar el Decreto 883, que eliminó el subsidio a los combustibles y elaborar junto a los sectores movilizados una nueva regulación. La negociación aún no ha dado frutos.
Caza de brujas contra opositores y medios
Mientras el gobierno insiste con la tesis de una presunta conspiración internacional en su contra que le permita correr el eje de su propia responsabilidad política -versión a la que también se sumaron en los últimos días los gobiernos derechistas de Chile y Argentina- desató una persecución contra políticos opositores y medios comunitarios.
La acusación general es la de haber organizado un presunto “golpe” contra Lenín Moreno.
En este marco el gobierno inició la detención de dirigentes de Revolución Ciudadana afines a Rafael Correa -el ex líder de Moreno- como la ex-alcaldesa de Durán, Alexandra Plúas, y el allanamiento y detención de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, entre otras personas.
Otras seis personas, entre los que se cuentan tres legisladores correístas, se refugiaron en la embajada de México en Quito, donde solicitaron “protección y resguardo”: la asambleísta Soledad Buendía y su cónyuge Edwin Jarrín, el asambleísta Carlos Viteri y su cónyuge Tania Pauker, el asambleísta alterno Luis Fernando Molina y el procurador síndico de la Prefectura de Pichincha, Leónidas Aníbal Moreno Ordóñez.
El gobierno mexicano comunicó el asilo en un comunicado en el que recuerda que además, el pasado 12 de octubre ya se lo había extendido a la asambleísta Gabriela Rivadeneira. Y la agencia de noticias Notimex informó que el exasambleísta Virgilio Hernández también había solicitado protección.
Otra víctima de la persecución fue Pablo Del Hierro, director del Centro de Formación Monseñor Leonidas Proaño (uno de los fundadores de la Teología de la Liberación), organización comunitaria del sur de Quito, bajo la acusación de haber actuado como “centro logístico” de “insurgentes”.
Contra la prensa
También contra los medios no alineados con el gobierno avanzó la persecución.
Continuando con la hipótesis de la presunta conspiración, la ministra de Gobierno María Paula Romo -una de las principales responsables políticas de la represión- hizo declaraciones públicas sobre la responsabilidad de medios y periodistas en el presunto complot de golpe.
En plena conferencia de prensa increpó a una comunicadora del medio “Wambra”, y les dijo: “ustedes también han colaborado con las noticias falsas”. La misma funcionaria indicó que le “llamaba la atención que la agencia de noticias rusa RT trasmitiera en vivo lo que sucedía en Ecuador”.
Durante la Huelga Nacional los medios alternativos y comunitarios, junto con agencias extranjeras como RT, dejaron en extrema evidencia el blindaje mediático que los principales medios ecuatorianos le brindaron al gobierno de Moreno.
En ese marco, el periodista del medio alternativo “Nuestroamericano”, Cristian González, fue detenido mediante un allanamiento a su vivienda en donde se secuestraron equipos. Se lo acusó de “incitación a la rebelión”, de similar manera que a los políticos opositores.
Además, desde el gobierno amenazan a las personas que registraron las protestas. “Muchas personas están borrando los videos y las fotos que filmaron, temen que los vayan a detener”, comentaba un comunicador. La ministra Romo avisó que utilizarían lo encontrado en las redes sociales como “prueba” para intentar identificar y criminalizar tanto a comunicadores como a las personas que salen en las filmaciones.
Curiosamente, la represora Romo se describe a sí misma en su perfil de Twitter como parte “de la izquierda que cree en los derechos y las libertades”.
Alrededor de 100 comunicadores de diferentes medios, en su mayoría de Quito, se reunieron el 15 de octubre y publicaron un pronunciamiento manifestando que “el gobierno Nacional pretende delegitimar de manera sistemática” su trabajo y que la información difundida fue “frontal, verificable y verificada desde el lugar de los hechos”. Señalaron que el trabajo en red logró “romper el cerco mediático”.
Los comunicadores denunciaron “que fueron afectados por la censura tecnológica y digital” y reprimidos por órganos gubernamentales, y responsabilizaron al Gobierno Nacional por “la integridad de cada uno de nosotras, nosotros y nuestras plataformas”.
La ONU y la CIDH
La ofensiva del gobierno busca eliminar pruebas y aterrorizar testigos tanto ante las causas judiciales locales como ante las visitas de delegaciones de organismos internacionales.
Desde el domingo 20 de octubre y hasta el próximo 8 de noviembre un equipo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU se encuentra en Ecuador para investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos y abusos cometidos en el país en el contexto de las recientes protestas.
#Ecuador🇪🇨
Un equipo de @UNHumanRights visitará el país del 20 de octubre al 8 de noviembre para indagar sobre alegaciones de abusos y violaciones de #DerechosHumanos, en el marco de las recientes protestasℹ️https://t.co/UccRmqSwHn
@ONU_es @NoticiasONU @ONUecuador @CINUBogota https://t.co/9TYKnpx7rx— ONU Derechos Humanos – América del Sur (@ONU_derechos) October 18, 2019
De igual manera se hará presente en el territorio una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre el 28 y el 30 de octubre.
Guardia Indígena
Tras la salvaje represión y la continuidad de las amenazas a las libertades y garantías democráticas, Jaime Vargas, presidente de la CONAIE anunció que se avanzará en consolidar la seguridad comunitaria, lo cual desató una nueva oleada de histeria y demonización del gobierno y sus medios adictos.
“Vamos a organizar con nuestros excombatientes, con nuestra seguridad comunitaria, tenemos que hacer nuestro propio ejército, nuestro propio ejército que defienda al pueblo”, dijo Vargas en un encuentro realizado el 19 de octubre con las bases del movimiento indígena, en la provincia de Morona Santiago, en donde daba cuenta de la participación de la CONAIE en las protestas contra la eliminación del subsidio a los combustibles.
La Fiscalía General de Ecuador rápidamente anunció que iniciaba una investigación contra Vargas.
“Ante las declaraciones hechas en la ciudad de Macas (centro sur) por el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, en las que hizo un llamado a la creación de un “ejército propio” del movimiento indígena, la Fiscalía General del Estado informa a la ciudadanía que ha iniciado una investigación previa”, dijo la Fiscalía en la red social Twitter.
Vargas reaccionó a la investigación anunciada por la Fiscalía e indicó, en un comunicado, que la formación de la “Guardia Indígena” nace del derecho a la autodeterminación y es una parte constitutiva del pluralismo jurídico reconocido constitucionalmente.
Añadió que dicha “Guardia Indígena” tiene como objetivo seguir el camino de vigilancia, control, alarma, protección y defensa de sus territorios y sus pobladores, en coordinación con las autoridades tradicionales y las comunidades.
“La Guardia Indígena es una realidad y existe en nuestros territorios y organizaciones (…), no tiene una estructura militar y existe ancestralmente; las comunidades (…) velan de esta manera para la protección y conservación de sus territorios y elementos propios de sus formas de vida”, enfatizó Vargas.
La Huelga terminó pero la calma no ha regresado a Ecuador.
[…] Ecuador: CONAIE exigió al FMI que deje de presionar por ajustes (Indymedia Argentina, 23/10/2019) […]