Mientras los diputados ratificaban la autorización para vender autos y motos a bajo costo en la zona franca de La Quiaca, integrantes de una comunidad se presentaron en la puerta de la Legislatura con planos denunciando la usurpación de sus terrenos. El gobierno quedó entrampado en su falta de transparencia: nunca mostró los documentos de las consultas que exige la ley.
31/10/2019
La legislatura concretó una sesión especial en la que aprobó una adenda para la ley que regula el proyecto de zona franca: se autoriza la venta de autos y motos.
El debate se vio atravesado por la protesta de comunidades de La Quiaca Vieja, que aseguran tener posesión ancestral de los predios en donde se dispone el proyecto.
El gobierno asegura haber realizado las consultas con la comunidad, pero quedó entrampado: nunca brindó información respecto de los avances del proyecto.
El gobierno avanza con la arquitectura legal que le permitirá instalar una zona franca en La Quiaca y en Perico, sitio contemplado en el código aduanero en el que se exceptúa el pago de impuestos.
En consecuencia, es posible adquirir productos a bajo costo.
Este jueves, la legislatura realizó una sesión especial en la que el oficialismo se preocupó con celo de que el único tema fuera la zona franca, evitando que se aluda a la derrota en las elecciones del 27 de octubre.
El único proyecto impulsaba una agenda en la ley de creación de la zona franca, que permite la venta de automóviles y motocicletas, que se suma a una larga lista de productos podrán ser comercializados en el futuro a precios excepcionales.
Los plazos puestos por el propio gobernador hablan de un año como meta para finalización del proyecto.
Un paso clave habla de la construcción de las obras para el funcionamiento del gran centro comercial donde funcionará la zona franca.
En La Quiaca, se dispuso la expropiación de terrenos para que una UTE conformada por tres empresas realice la construcción, explotación y administración del proyecto. Está integrada por tres empresas: la estatal JEMSE y las privadas Telinfor y JUMI.
Sin embargo, integrantes de la comunidad de La Quiaca Vieja, llegaron a San Salvador de Jujuy para expresar su malestar por lo que consideran la usurpación de sus terrenos.
Aseguran que las tierras en las que el gobierno proyecta la construcción de la zona franca forman parte de un relevamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que reconoce los terrenos como un patrimonio ancestral que les pertenece.
Este tipo de tierras está protegido por la constitución nacional y por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El oficialismo se defendió asegurando que la ubicación de los terrenos apuntados fue objeto de consultas realizadas entre 2018 y 2019.
Fue lo que esgrimió el presidente de bloque de Cambia Jujuy, Alberto Bernis. Sin embargo, fue tildado de mentiroso por los comuneros presentes en el recinto.
Comunidad indígena reclama contra la instalación en su territorio de la zona franca de La Quiaca
Pobladores de la comunidad indígena de La Quiaca Vieja, donde se pretende instalar una zona franca de venta minorista, se manifestaron el jueves pasado contra el proyecto, exigiendo que se respeten sus derechos sobre el territorio.
31/10/2019
Así lo manifestaron al movilizarse hasta la Casa de Gobierno provincial y la Legislatura, donde además denunciaron “amenazas” para que abandonen el lugar, según afirmaron ante la prensa local.
Desde el gobierno provincial se había manifestado que el emprendimiento no afecta a las viviendas de los pobladores y que se construirá en un lugar totalmente deshabitado, pero desde la Comunidad aseguran que la zona está en el centro de su territorio.
“Las que quieren tomar ahora son 75 hectáreas y están al centro de donde realizamos nuestro pastoreo, por eso nos sentimos muy molestos”, dijo Marciel Trejo, referente de la Comunidad aborigen de La Quiaca Vieja, integrada por más de 30 familias.
Agregó que autoridades de gobierno llegaron en un primer momento con “falsas promesas”, que hoy están siendo “ninguneados” y que se pretende “violar” sus derechos, ya que “no se hizo la consulta previa, libre e informada”.
En tanto, Trejo señaló que lo que se les ofreció son pagos “ínfimos” por los terrenos o tierras en otras ubicaciones, cuando “la mayoría son propiedad de otras comunidades indígenas, que tienen sus reglamentos y que lógicamente también van a defender que no se ocupen sus territorios”.
Por otro lado, la referente aborigen reprochó que “la zona franca solo trae beneficios para empresarios”, cuando en realidad las comunidades de la zona viven hace más de 100 años allí de la agricultura y la ganadería.
Finalmente, Paulina Trejo, otra integrante de la comunidad, expresó también su molestia por la zona franca, además de su “angustia y dolor”, al afirmar que “hay abuelos que reciben amenazas de desalojo”, sin tenerse en cuenta las “necesidades que pasan”.
En el marco del reclamo, la comunidad también hizo una presentación en la Legislatura provincial, donde esta tarde habrá una sesión especial para aprobar una adenda al convenio de Adhesión a la Ley nacional de Creación de Zonas Francas, que terminará de habilitar la venta de electrodoméstico y automóviles en el lugar, ya autorizado por Nación.
El planteo apuntó a que no se siga dando curso al proyecto de la zona franca de La Quiaca, por el cual también ya se aprobó en marzo del año pasado y con los votos del oficialismo, una ley de expropiación de más de 1200 hectáreas sin detallar información respecto a la propiedad de las mismas, según denunciaron los legisladores opositores. (Télam)