En Chile, por primera vez en la historia, más de 200 municipalidades (dos tercios) consultaron a sus vecinos/as simultáneamente sobre temas institucionales, agenda social, regionales y locales, la que tuvo una alta participación según han señalado diversas fuentes, destacando que una amplia mayoría quiere una nueva Constitución Política.
Se estima que participaron del proceso de votación este 15 de diciembre 2.144.075 personas con votos escrutados según recuento a las 22,00 horas por parte de Asociación chilena de Municipalidades (Sólo en la modalidad online fueron más de 1.521.864 personas que participaron).
En el primer conteo dado a conocer a las 18,30 horas, se señaló que el 91,3% está de acuerdo con cambiar la actual Constitución Política y sólo 8,7% rechaza cambiarla, cuya tendencia con algunas variaciones con el correr de las horas, mantiene a una amplia y contundente mayoría a favor de una nueva carta magna.
En cuanto al mecanismo, la opinión fue clara a favor de una Convención Constitucional integrada en su totalidad por ciudadanos electos íntegramente para este efecto en desmedro de la opción “Convención Mixta” (miembros del parlamento y miembros electos de la ciudadanía), aunque paralelamente y fuera de estas opciones, una amplia expresión social exige una Asamblea Constituyente, opción que no fue considerada por la mayoría de los municipios.
Si bien la consulta se ha señalado como “no vinculante”, permite una proyección y reafirmación sobre la urgencia de cambios estructurales institucionales como la Constitución Política; y a su vez, les permite a las Municipalidades conocer ciertas prioridades para establecer agendas de trabajo locales de acuerdo a intereses y necesidades de la ciudadanía.
El municipio de Las Condes que encabeza el Alcalde Joaquín Lavín, fue uno de los que eliminó de las consultas las referidas a la Constitución y modalidad Constituyente, indicando que “ese punto será contestado en abril del 2020”, en consideración al plebiscito que se efectuará.
La consulta ciudadana municipal fue organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades y contempló el pronunciamiento transversal sobre temas institucionales, tales como una nueva constitución y si el voto debe ser voluntario u obligatorio, entre otros.
En una segunda parte o papeleta, la consulta se refería a la agenda social, donde se debía elegir los tres temas más importantes para resolver.
Finalmente, en la tercera parte o papeleta, cada municipio debió instalar los temas de interés local y regional. Este voto fue exclusivo de cada comuna, como fue el caso de la Municipalidad de la pequeña localidad de Tirúa, Región del Bio Bio, que entre sus consultas destacó “¿Está de acuerdo con que se retiren las empresas forestales (desincentivando todo monocultivo) y se impida el ingreso de salmoneras y pesca industrial a la comuna?.
La Consulta Ciudadana Municipal tuvo diferentes modalidades: Convencional – presencial y/o digital, cuya propuesta surgió en el marco del estallido social en Chile y de la crisis institucional del estado ante la incapacidad del gobierno de dar respuesta a los problemas y conflictos de fondo que son señalados por la ciudadanía.
La Constitución Política que rige en Chile
La Constitución Política como carta fundamental o norma base del estado se impuso en la dictadura de Pinochet, excluyendo la participación de la gran mayoría de los habitantes, fijando el cómo se organiza y distribuye el poder, cuáles son los derechos de las personas y cómo se crean las otras normas del sistema como son las leyes, decretos y reglamentos, fijjando un estado “subsidiario” a favor del interés de corporaciones privadas y transnacionales.
La Constitución Política no tiene un origen democrático, no expresa el sentir, intereses y necesidades colectivas, establecida en un momento histórico de manera coercitiva, sin un consenso político y que en diversos aspectos, excluye o limita derechos humanos, siendo la herramienta principal que ha sostenido el brutal y violento modelo económico neoliberal, basado en el lucro y explotación desenfrenada.
Además de la falta de garantías e implementación de una amplia gama de derechos, existen diversas otras razones por las cuales es urgente cambiarla y que tienen efectos directos en la vida de las personas:
– La Constitución está lejos de cumplir con principios y valores humanos y democráticos sobre justicia, equidad, igualdad, libertad, paz social y reparación. No asegura la distribución justa y equitativa de los recursos financieros del estado para cumplir con las obligaciones en necesidades y bienestar social de la población y fija la organización institucional bajo un régimen político extremadamente centralista que posibilita abusos del poder.
– La Constitución fija candados legislativos sobre los quórums para modificar o aprobar ciertas leyes, principalmente en los referidos a los intereses de sectores privados de propiedad, privilegios de empresas y privatización de las aguas.
– A causa de la actual Constitución, existe un conflicto de competencia y de facultades públicas como consecuencia de la falta de autonomía y rol debido del Tribunal Constitucional. Su actuar a través de resoluciones arbitrarias han afectado a diversos derechos humanos de la población.
– La Constitución es extremadamente extensa, de difícil comprensión, llena de semánticas, con diversas retóricas vacías. La Constitución como carta magna debe ser simple, accesible en sus contenidos, eficaz, directa, pluralista y basada en un estándar de derechos.
– En la Constitución Política el derecho a la propiedad se encuentra protegido de manera preferente y no se asegura que el estado resguarde derechos sociales de manera directa. Esto quiere decir que el Estado no se posiciona como primer responsable de satisfacer estos derechos sino que los ha endosado al uso y abuso de su administración de entes privados en temas tan elementales como salud, vivienda, educación, previsión, medio ambiente, cuyo ejercicio de estos derechos no se encuentra debidamente garantizados para la población, a pesar de las obligaciones internacionales que el Estado tiene.
– La Constitución NO reconoce la realidad sobre la diversidad de los Pueblos que habitan Chile. Es etnocentrista, homogenizante, unicentrista y colonial. La existencia de un estado no es igual a la existencia de una sola Nación. Se niega y excluye la existencia de los Pueblos y Naciones originarias cuya existencia antecede en miles de años a la formación del estado. La soberanía debe recaer en todos los Pueblos que habitan Chile, con un reconocimiento explícito como sujetos de derechos colectivos. No hacerlo, es seguir extendiendo los actos históricos y sistemáticos de violencia, despojos, masacres, discriminación, abuso, arbitrariedad y dominación.