La discusión parlamentaria de la pomposamente titulada Ley de Solidaridad Social y Desarrollo Productivo en el Marco de la Emergencia Pública se hundió a tal punto en la grieta partidaria que resultó casi imposible seguir los argumentos del debate exprés que se sucedió en Diputados y luego en el Senado. Algo parecido ocurrió esta semana, en plena resaca navideña, con la ley impositiva que envió a la Legislatura bonaerense el gobernador Axel Kicillof.
El establishment apenas siguió las sesiones de reojo porque ya había conseguido introducir cambios en el articulado inicial del proyecto que giró Alberto Fernández al Congreso, como las rebajas del tope de retenciones para las exportaciones petroleras y mineras. Después del brindis de Año Nuevo volverá a la carga para meter baza en las reglamentaciones, donde aspira a atenuar el impacto de la suba del impuesto a la Riqueza, tal como se informó el viernes pasado en esta misma columna.
Pero la pregunta quedó flotando, sin respuesta, entre la tímida reivindicación de la reforma jubilatoria por parte de los nuevos oficialistas y la súbita y poco creíble preocupación de los nuevos opositores por los haberes previsionales. ¿Debuta acaso la nueva heterodoxia de Martín Guzmán, Matías Kulfas y Mercedes Marcó del Pont con un impuestazo? ¿Transitó Kicillof miles de kilómetros en el Clio de su amigo Carlos Bianco para estrenar el sillón de Dardo Rocha con un ajuste?
Un informe del Grupo de Estudios sobre la Realidad Económica y Social (GERES) echa algo de luz sobre las respuestas. Integrado por investigadores en finanzas públicas, el trabajo especifica que el ajuste que implica la Ley de Solidaridad ronda el 2% del PBI, con una particularidad: 1,5% del PBI responde a la suba de impuestos y 0,5% a la baja del gasto. La suspensión de la fórmula de movilidad para los haberes previsionales, contra lo que se discutió públicamente, no es lo más sustancial de la ley en términos presupuestarios.
Redondeando, la suba de 1,5% del PBI por el lado de los ingresos se compone de un 0,5% del PBI por el mayor cobro de retenciones, un 0,2% del PBI por el impuesto a la Riqueza (Bienes Personales), otro 0,3% del PBI por lo que se prevé que recaude el nuevo impuesto PAIS (30% sobre transacciones en dólares) y un 0,5% del PBI por suspender las rebajas de Seguridad Social y Ganancias que había anunciado Macri para las Pymes.
¿Cómo quedan los jubilados y jubiladas en ese contexto, según el mismo informe? De los 8,5 millones de jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas que afronta el Estado Nacional mes a mes, los 5 millones que perciben una retribución inferior o equivalente al haber previsional mínimo ($14.068) mejorarán su poder adquisitivo en un 2,8% durante 2020. El dato surge de estimar una inflación del 43% para todo el año y de incluir en la cuenta el bono de $10.000 pagadero entre diciembre y enero, dos incrementos fijos de $1.600 en marzo y en junio y dos incrementos, ya con nueva fórmula de movilidad, de 10,1% en septiembre y de 8,8% en diciembre.
Los 3,5 millones de beneficiarios restantes, en cambio, sí sentirán el peso del ajuste. Uno que hoy perciba el equivalente a dos haberes mínimos ($28.136), por ejemplo, tendrá a fines de 2020 un ingreso 6,7% inferior al de hoy en términos reales. La cuenta surge de aplicarle el mismo incremento de suma fija ($1.600 en marzo y otro tanto en junio) y las mismas recomposiciones por la nueva fórmula de movilidad durante el segundo semestre, pero sin el bono de $10.000, que no aplica a su caso.
Tanto uno como otro, según el informe, habrían tenido una mejora del 6,8% en su poder adquisitivo en caso de mantenerse la fórmula actual. Por eso, si la comparación se hace con ese índice, los jubilados con la mínima también recuperan menos que lo previsto en 2020. Pero la diferencia luce sutil frente al 20% que les recortó durante 2018 la reforma previsional de 2017 y el 5% adicional que perdieron durante 2019 por el récord de inflación en 30 años.
Meritócratas
Lo decisivo a la hora de considerar o no al paquete de medidas de Alberto como un ajuste clásico, sin embargo, es también la redistribución que implica hacia la base de la pirámide. Las políticas compensatorias para los beneficiarios de más bajos ingresos comprenden a un universo de poco más de 9 millones de personas: 5 millones de jubilados y pensionados y 4,1 millones de beneficiarios de la Asignación Universal para Protección Social. Computando los bonos de $5000 y $2000 respectivamente, según el mismo informe del GERES, “ese grupo se asegura un flujo de ingresos superior a los que hubieran percibido con la fórmula anterior hasta junio 2020”. Son los famosos “100.000 millones de pesos que estamos volcando al consumo” de los que se jactó Fernández ante Luis Majul en la entrevista que le concedió el fin de semana.
Las últimas novedades que transmitió en Punta del Este un banquero con buena llegada al equipo albertista también son tranquilizadoras para los blanqueadores de la era Macri: la sobrealícuota especial de Bienes Personales (1,25% adicional al 1,25% que se aplica a los mayores patrimonios) se condonaría si el contribuyente radica en el país un 10% de esos fondos declarados en el extranjero.
Es lo que le resta definir en las próximas horas a Guzmán con Mercedes Marcó del Pont y sobre lo que la jefa de la AFIP habría querido avanzar más. Asuntos que se negocian largamente en un gobierno con una base tan heterogénea. Una letra chica que también anoche entraba en discusión en la Legislatura bonaerense, donde Kicillof debió entregar a la oposición bastante más de lo que entregó Fernández en el Congreso.
Al margen de la renegociación de la deuda y de los trazos gruesos incluidos en la primera ley ómnibus del albertismo, Guzmán apunta a hacer una sintonía fina que recorte gastos superfluos y despilfarros de gestión que empezaron a detectar en todos los ministerios. Uno de los más llamativos que se encontró fue el de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), un órgano bajo la tutela de Guillermo Dietrich que presidía Carlos Pérez.
De esa repartición, Dietrich ordenó gastar más de $50 millones en escoltar las turbinas y aerogeneradores que empresas como Román y COAMTRA trasladaron por cuenta y orden de contratistas como Vestas, General Electric y Envision Energy. Es dinero que no se utilizó para campañas de seguridad vial, que podrían haber ahorrado no solo dinero sino también vidas humanas.
Son gastos menores, pero que en el agregado suman. Como los que detectó Miguel Pesce en el Banco Central, que de todos modos tiene su propio presupuesto aparte del Tesoro así que no engrosa el déficit fiscal. La ausencia prolongada de la vicepresidenta Verónica Rapoport con goce de sueldo sobre el final de su mandato y los viáticos y liquidaciones finales de los últimos directores que renunciaron son algunas de esas perlas.
Que dios y la patria
La Iglesia Católica, en plenas navidades, también es objeto de la misma disputa político-ideológica que nubla la correcta evaluación de las leyes impositivas. En el grupo de whatsapp empresarial “Nuestra Voz”, por ejemplo, se comentó mucho una nota de opinión del cura Gustavo Irrazábal en La Nación con una peculiar lectura de la pobreza, que polemiza con la del Papa Francisco. El debate dista de ser estrictamente teológico, especialmente en vísperas del encuentro de Asís, que convocó el Papa para fines de marzo próximo en la ciudad donde nació San Francisco, de quien él mismo tomó el nombre para su papado.
¿Quién lo inspiró al Papa para organizar ese encuentro en Asís? Joe Stiglitz, el premio Nobel de Economía que conoció en mayo de este año. Ni más ni menos que el maestro y referente académico de Guzmán, el nuevo ministro de Economía. El jurista Roberto Carlés, amigo personal del Papa, tuiteó hace pocos días que Bergoglio le habló de Guzmán por aquellos meses.
Irrazábal no coincide con ninguno de ellos. “Los bienes creados por Dios no son suficientes para cubrir todas las necesidades humanas y nunca lo serán. Por eso, la pobreza no es exclusivamente producto de la injusticia, sino que es ante todo la condición natural del hombre. La primera pregunta no debería ser entonces por qué hay pobreza, sino cómo puede ser que por primera vez en la historia una parte sustancial de la humanidad se haya liberado de ella”, escribió el sacerdote, que lidera el Instituto Acton.
En julio de 2018, cuando se celebraba una reunión de la Pastoral Social, el mismo cura escribió que “el piqueterismo es un fenómeno jurídica y moralmente inaceptable, una clara violación del derecho a trabajar y circular libremente, pero la pastoral social no parece hoy interesada en exhortar al respeto de la ley ni en dar a conocer la enseñanza de la Iglesia en este punto”. La semana pasada, con la venia del Papa y de Alberto Fernández, ese “piqueterismo” lanzó su propio sindicato. Lío en puerta.
Feliz Año Nuevo.