Hay expectativa por la nueva gestión del INAI a cargo de Magdalena Odarda. Los pueblos originarios santafesinos padecieron la gestión macrista en la que se privilegió el interés de terratenientes y no se avanzó en el reconocimiento territorial al que obliga la prorrogada ley 26160.
09/01/2020
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En noviembre de 2017 el Congreso de la Nación sancionó por unanimidad la prórroga de la Ley 26.160, que suspende los desalojos y declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país.
Con la prórroga también se extendió hasta 2021 la realización de relevamientos técnicos, jurídicos y catastrales a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Sin embargo, las comunidades denuncian que los desalojos y represiones por parte del Estado se siguen dando en distintas provincias.
En diálogo con Aire Libre, Oscar Talero, dirigente quom de la comunidad Qadhuoqte, y exrepresentante del Consejo de Participación Indígena (CPI) se mostró crítico de la gestión del INAI durante el Gobierno de Mauricio Macri y cuestionó la falta de acompañamiento a las gestiones del CPI en Santa Fe: «Vimos una falla muy importante del presidente de la INAI de ese momento, habló de la gestión anterior, porque no apoyó con la gestión que hacíamos como CPI en la provincia de Santa Fe».
«La necesidad territorial es muy amplia, muy grande, el trabajo territorial se activa viendo las problemáticas que hay en las comunidades», aseguró Talero.
Con el recambio de autoridades, y la asunción de Magdalena Odarda al frente del INAI, Talero se mostró expectante de que haya un cambio de rumbo en el organismo y enumeró las principales urgencias de las comunidades: «Pensamos en todas las cuestiones que queremos que estén en una política de Estado, la educación intercultural, el ordenamiento territorial, proyectos para las comunidades inscriptas, reconocimiento amplio de los entes jurídicos que nosotros tenemos, esa es nuestra esperanza, nosotros no hacemos piquetes a nadie, hacemos gestión con proyectos y diálogo».
La nueva gestión promete suspensión efectiva de desalojos y entrega de títulos de propiedad.
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