La Comunidad Campo Maripe que habita el corazón de Vaca Muerta denuncia la explotación no autorizada de una cantera de piedra caliza en su territorio. Se mantiene tensión en el lugar ante la llegada de fuerzas policiales y un permiso de explotación que desconocen.
Martes 28 de enero | 17:16
El Logko del Lof (comunidad) Campo Maripe, Albino Campo declaró a La Izquierda Diario que una persona ingresó a explotar una cantera de piedra caliza sin el consentimiento de la comunidad. Este atropello cuenta con el aval de la familia Lara, conocida por ser parte del Movimiento Popular Neuquino y particularmente la figura de Jorge Antonio Lara, quien fue figura del sobichismo y durante los últimos años desempeña distintos cargos políticos dentro del gobierno provincial. Actualmente es el secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente de la provincia de Neuquén.
“Acá vamos a estar, se metieron sin permiso. A esta persona amiga de Lara le han dado el titulo para sacar arena caliza pero sin el conocimiento de la comunidad así que en este momento está la policía y vamos a ver que pasa en las siguientes horas. Nosotros como Lof Campo Maripe siempre hemos estado defendiendo nuestro derecho y nuestro territorio. No vamos a seguir permitiendo que jueguen con los derechos del pueblo mapuce. Estamos en alerta ante este nuevo atropello”, dijo el Logko Albino Campo.
Una comunidad atravesada por el despojo y la criminalización
La comunidad Campo Maripe habita el territorio en cercanías a Añelo, corazón de Vaca Muerta, desde el año 1927. En el año 1940 el Ministerio de Agricultura, bajo la presidencia de Ramón Castillo, reconoce regularizar la situación de los habitantes del territorio, particularmente una deuda de pastizaje que va del año 1927 a 1941. Durante la última dictadura militar la familia Vela adquiere de manera irregular partes del territorio. El territorio, lógicamente es arrasado y la comunidad pasa también a ser propiedad de los terratenientes Vela. El Estado provincial en aquel entonces solo les otorga el permiso de pastorear el lugar con sus animales y construir sus viviendas, pero continúan bajo la propiedad de Andrés Vela.
Hasta el año 2000 se suceden amenazas de manera constante a la permanencia de la comunidad en su territorio ancestral. Sus casas son destruidas y se los corre de ese lugar. Aquí es donde dicen Basta! y deciden pelear por las tierras que han habitado durante más de 70 años.
En el año 2006 la Ley 26.160 declara la emergencia en materia de permanencia y posesión de las tierras ocupadas por pueblos indígenas en el país. La comunidad se inscribe con su propia personería judicial en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Fue el mismo Jorge Lara quien en el año 2015 realizará un relevamiento junto a la cartera que presidía, el Ministerio de Trabajo, Seguridad y Ambiente, donde se constata que son 34 familias las que habitan ancestralmente una extensión de 11 mil hectáreas.
Al año 2016 la comunidad Campo Maripe tenía más de 450 pozos de fracking dentro de sus tierras. Ese número ha aumentado en los últimos años junto a los intentos de judicialización y persecusión a los integrantes del pueblo mapuce.
En abril del año pasado el Juez Gustavo Ravizolli dictó la absolución a seis integrantes de la comunidad que fueron imputados bajo el delito de “usurpación” de su propio territorio. En agosto del mismo año, el fallo del Tribunal Superior de Justicia confirmó la nulidad de la sentencia absolutoria. Ante este fallo la Comunidad Campo Maripe junto a la Confederación Mapuce de Neuquén apelaron a la Corte Suprema de Justicia sosteniendo la validez de la sentencia absolutoria.
Idas y vueltas en el terreno judicial que demuestran la voluntad política del gobierno provincial de darle todo a las petroleras, a costa del despojo del pueblo mapuce de sus territorios, con persecución y causas armadas para castigar a quienes se enfrentan al extractivismo que genera el fracking y defienden sus derechos como pueblo originario.
Una vez más esta situación viola el derecho a consulta previa como derecho de pueblos indígenas que establece la Constitución Nacional. La reforma Constitucional del año 1994 reconoció a los pueblos indígenas como sujetos de derecho y propició su participación en los intereses que les afecten. El artículo 75 inciso 17, estableció: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.”