CORREPI: Quinto reporte de aplicación del DNU 297/2020

Desde la conferencia de prensa de ayer al mediodía, en la que la ministra de Seguridad informó que más de 43.000 personas habían sido detenidas en todo el país por aplicación del DNU 297/2020, de las cuales unas 41.000 fueron liberadas una vez que las notificaron de la infracción y 2.226 permanecían arrestadas, no se han vuelto a difundir datos oficiales a nivel nacional.

Sin embargo, la información parcial que se puede obtener de algunos distritos demuestra que sigue ascendiendo la cuenta. En la provincia de Corrientes, desde las 0 horas del viernes 20 fueron 1.451 las detenciones realizadas Chaco; 563 en Corrientes, más de 1.800 en Córdoba, 2.009 en Formosa, 599 en Jujuy, 879 en Misiones, 3.189 en Santa Fe, 1.036 en CABA, etc.

No es menor alertar sobre los métodos implementados en varios casos para cumplir con las instrucciones fiscales de no hacinar en las comisarías a las personas demoradas o detenidas. En Palpalá, Jujuy, se habilitaron hace cuatro días unos “corrales” (verdaderas jaulas) al aire libre para alojar temporariamente a lxs arrestadxs. Lo mismo se le ocurrió a la policía correntina, que armó sus propios corrales con las rejas que habitualmente usan para los vallados.

“Corral” en Palpalá, Jujuy
“Corral” en Corrientes

En otras provincias, como Córdoba, el recurso es hacinar unidades penales, como si sobrara el lugar. Elías Agustín Abregú (19), un pibe que venía denunciando hostigamiento policial hace tiempo, fue detenido en Alta Gracia, Córdoba, y posteriormente imputado por resistencia a la autoridad y violación del aislamiento. Después de varias horas en la comisaría local, lo trasladaron en la madrugada a la Unidad de Contención del Aprehendido, en el Establecimiento Penal 9, a casi 40 km. de distancia de su domicilio, lo que dificulta enormemente que su familia pueda acercarle comida y elementos de higiene.

Ni hablar de la ascendente cantidad de denuncias sobre hechos aberrantes, que comprueban a diario cómo se descarga la violencia represiva sobre los habitantes de los barrios populares y sobre las personas más expuestas y vulnerables. A las imágenes de los bonaerenses de San Alberto, se sumaron en las últimas horas la no menos explícitas de gendarmes en la villa 1-11-14, forzando a jóvenes a hacer sentadillas y saltos de rana “para que tomen conciencia”, o de policías de la Ciudad, en pleno centro (Córdoba y Montevideo), agrediendo a un muchacho que intentaba mostrar una constancia que acreditaba que es paciente externo del Borda.

Particularmente grave fue la situación vivida por una compañera del FOL en Tucumán, que, a pesar de contar con autorizaciones emitidas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para cumplir tareas comunitarias en un merendero de Villa Luján, fue interceptada por la policía provincial. La detención no se efectivizó gracias a la serenidad y firmeza de la compañera, pero exhibe el nivel de hostigamiento que padecen las clases populares y sus organizaciones.

En el caso de los policías de San Alberto y de los  gendarmes de Lugano, se ha informado que fueron identificados, desafectados de la fuerza y sumariados penalmente. No hemos sabido que los detuvieran, pese a que el delito cometido es mucho más grave que el de desobediencia, por el que el muchacho de Córdoba y Montevideo permaneció dos días arrestado, según informó el Ministerio Público de la Defensa de CABA.

Como si fueran poco el despliegue de fuerzas federales que padecemos, la ministra de Seguridad dictó la Resolución 51/2020, publicada hoy en el Boletín Oficial, por la que habilita a los mandos de  la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería y la Prefectura Naval a convocar “personal superior retirado” para sumarse a las tareas en el marco de la vigencia del DNU 297/2020. Si bien la resolución, con obvio criterio, excluye a los condenados por delitos, no sucede lo mismo con quienes tienen causas en trámite. En esa hipótesis, sólo se excluye a los acusados por delitos dolosos, con lo que el enorme universo de integrantes de fuerzas de seguridad beneficiados por jueces y fiscales que califican como “sin intención”, es decir, no dolosos, los homicidios de gatillo fácil, estarían en condiciones de volver a las calles.

Insistimos en que, en este contexto de excepción, la represión, o medidas aún más extremas que algunos reclaman o pretenden implantar de hecho, como el toque de queda o el estado de sitio, no sólo no frenan la pandemia, sino que suman una carga más sobre las ya exhaustas espaldas del pueblo trabajador.

Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.

La salida es la organización colectiva y popular.


Fuente: http://www.correpi.org/2020/quinto-reporte-de-aplicacion-del-dnu-297-2020/

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