Argentina aplaza pago de U$S 10.000 millones. Otras voces claman por suspensión total por la pandemia y por ser “ilegítima”
Mario Hernandez
El Gobierno argentino, presidido por Alberto Fernández, emitió el lunes 6 de abril, un DNU publicado en el Boletín Oficial, que dispone la postergación hasta 2021 del pago de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de la deuda pública nacional emitida en dólares bajo ley local. El monto totaliza casi 10.000 millones de dólares.
Las erogaciones por Intereses de la Deuda del Estado que se pagan en un sólo día (U$S 80 millones) equivalen o superan, por ejemplo, al Presupuesto del Hospital de pediatría Garrahan en un año, que es de $ 6.746 millones.
La medida fue justificada por el gobierno porque “la crisis sanitaria mundial generada por la pandemia del coronavirus Covid-19 ha alterado los plazos previstos oportunamente en el ‘Cronograma de acciones para la gestión del Proceso de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa’” y porque “a este contexto de deterioro de la situación económica y social, producto de la emergencia sanitaria, se le adiciona la inminencia de próximos vencimientos de los servicios de la deuda pública del Gobierno Nacional emitida bajo ley de la República Argentina y denominada en dólares estadounidenses”.
En abril vencen otros U$S 715 millones y en mayo los pagos previstos alcanzan al Bonar24: 1.435 millones.
El Gobierno de Mauricio Macri, que administró el país hasta 2019, se había visto obligado también al aplazamiento del pago de servicios de deuda de algunos títulos, y lo mismo hizo para ciertos casos el nuevo presidente Fernández, al asumir la conducción del Ejecutivo, aunque se continuaron pagando otros instrumentos financieros y se anunció la aún pendiente reestructuración de su pesada deuda externa, que en su mayor parte se atiene a legislación extranjera y no está bajo la soberanía judicial de la Nación argentina.
En el decreto gubernamental se exceptúan algunos títulos, como las letras en dólares en poder del Banco Central de la República Argentina, por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino de la Administración Nacional de la Seguridad Social, y otros títulos emitidos por Finanzas y Hacienda.
Partidos de izquierda, organizaciones sindicales y sociales, así como movimientos contrarios al pago de la deuda externa, vienen desarrollando una fuerte campaña desde antes de la llegada de la pandemia y ahora insisten en ello con mayores motivos, por considerar la deuda como ilegítima y como responsable de la imposición de planes de ajuste neoliberal para descargarla sobre el sacrificio de la clase trabajadora y los sectores populares.
En esta campaña ha venido actuando el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) que reúne a varios partidos de de orientación trotskysta como el MST, PTS, PO e IS. Igualmente parte de la dirigencia de la CTA, y activistas de Jubileo Sur, de ATTAC Argentina y del CADTM-AYNA, entre otros.
Al respecto, el economista Héctor Giuliano sostuvo: “En este contexto, es probable que la prórroga de pagos al 2021 por parte del gobierno Fernández sea una exhibición “para la galería” en tiempos del Coronavirus, sin mayor importancia en sí misma pero también una señal favorable a los Acreedores Externos mostrando la mejor voluntad de “pago mientras se negocia” y garantizando a la vez que los pagos que se liberan de la Deuda Interna van a servir para reforzar los de la Deuda Externa”.
Julio Gambina, fundador de ATTAC Argentina en el CADTM-AYNA, opina que esta decisión de Alberto Fernández “no es una sorpresa”, porque “el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) había señalado en un informe público oficial que la deuda era insostenible”, que es lo que vienen sosteniendo quienes se oponen al pago. Considera que este “default parcial” se va a tener que transformar en un “default completo”, porque la “Argentina no puede pagar”. Y afirma: “fue una irresponsabilidad asumir la nueva deuda, no solo con el FMI sino toda la deuda que se asumió en los últimos cuatro años”.
Asegura que “la responsabilidad del default no es tanto y sólo de quien la asume públicamente, sino de quién asumió ese endeudamiento irresponsable de la Argentina, que no puede pagar”, porque “fue una fiesta irreal, más allá de cualquier política relativa al gasto público; mucho más en crisis de crisis, de emergencia por la pandemia del coronavirus”.
A lo que agrega: “en realidad, este default parcial debería ser inmediatamente seguido por una auditoría urgente sobre la deuda, no sólo la de los últimos cuatro años sino toda la deuda, para ver cuánto hay de deuda legítima e ilegítima y de deuda odiosa”. Recalca el término “deuda odiosa”, que “no es sólo aquella tomada por la dictadura militar, sino que es ‘deuda odiosa’ aquella que tanto el acreedor como el deudor saben que no se puede pagar y además no sirve para el interés de los habitantes. La deuda fue asumida para pagar deuda, entre otras cosas, relativa a la fuga de capital, porque la fuga que es relativa a cancelación de deuda anterior, a remesas de utilidades al exterior o a constitución de activos en el extranjero, por lo cual hay que investigar urgentemente la deuda”.
Admite que la postergación del pago es adecuada, pero objeta sus límites y corto alcance en la actual situación, así como las implicaciones de la deuda para la soberanía: “Creo que el camino de la postergación es adecuado, e incluso el 2021 tampoco se va a poder pagar esta deuda, ni la deuda dolarizada de legislación extranjera; claro que eso va a significar que los prestamistas demanden ante los tribunales externos y habrá que ver si la Argentina tiene que seguir resignando soberanía jurídica sobre la plaza de Nueva York, de Londres, de Tokio o de cualquiera”.
Para Gambina “es un tema estructural, y vamos a decirlo de nuevo, no es un tema de los últimos cuatro años, sino que esta disposición de cesión de soberanía jurídica viene desde tiempos de la dictadura militar, casi medio siglo que la Argentina viene cediendo soberanía”. Toca los antecedentes de lo que califica como “un tema de fondo”, que la Argentina tiene que resolver. “No lo ha resuelto ninguna gestión constitucional en nuestro país. Todas renegociaron la deuda y el tema se reitera y no está resuelto de fondo, que es el modelo productivo y de desarrollo que se ha generado desde 1975-76 en adelante”.
La Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda envió una carta al Presidente
Sr. Presidente de la Nación Argentina
Dr. Alberto Fernández
De nuestra consideración,
Las organizaciones, movimientos y personas nucleadas en la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, que aglutina a centenares de organizaciones y referentes de una gran diversidad de sectores y pensamientos, hemos tomado conocimiento de la decisión de su gobierno de aplazar hasta el próximo año, los pagos sobre la parte de la deuda pública emitida en dólares bajo ley nacional, un monto de aproximadamente USD 8.400 millones.
Consideramos que este aplazamiento debe transformarse, de manera inmediata, en una suspensión de pagos de toda la presunta deuda pública.
Hoy, más que nunca, el país necesita resguardar sus recursos para asegurar con prioridad la salud, la alimentación y otros derechos humanos básicos de la población. Para el resto de este año, todavía se aguardan vencimientos de capital e intereses del orden de USD 10.000 millones, entre pagos al FMI, a otros organismos multilaterales, fondos de inversión y especuladores varios. Argentina no puede y no debe pagar a costa de la vida y la salud, vulnerando aún más a los derechos de los pueblos y la naturaleza ni con políticas de ajuste ni con la promoción del extractivismo tóxico para contar con las divisas necesarias, postergando así indefinidamente la recuperación económica y continuando con los despidos y rebajas salariales.
Es necesario poner fin a esta sangría. La suspensión unilateral y soberana de pagos – recurso utilizado históricamente en muchos contextos y por diversos gobiernos frente a la injusticia del pago – debe concatenarse con la investigación integral, independiente y participativa del conjunto de reclamos de deuda pendientes. Resulta imprescindible determinar cuánto hay de deuda ilegítima e ilegal, cuánto de deuda odiosa – categoría utilizada en base al Derecho Internacional Público – y proceder a su anulación.
Sr. Presidente, Ud. ha afirmado recientemente que la prioridad es la vida y la salud. Nosotres ni nadie podemos dejar de coincidir en tal prioridad. Por eso es necesario no sólo suspender todos los pagos reclamados, sino además derogar la Ley 27.544 y el DNU 250/2020. Sobre la base del supuesto que la restauración de la sostenibilidad de la deuda es la prioridad, autorizan las negociaciones de pago en curso y la contratación de nueva deuda cediendo jurisdicción a tribunales del exterior (Nueva York, Tokio, Londres…). Argentina no puede seguir resignando soberanía jurídica, disposición vigente desde la dictadura cívico-militar y que no ha sido resuelta por ninguna gestión constitucional; ni debe iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento. Se deben destinar los recursos con que ahora se paga deuda para fortalecer el sistema público de salud y las políticas sociales frente a la pandemia.
Al respecto de las preocupaciones y propuestas aquí expuestas, Sr. Presidente, solicitamos una entrevista a la brevedad posible, para poder profundizar de manera más directa. Insistimos en la necesidad de abordar un tema estratégico como es el de la pretendida Deuda Pública, desde la urgencia de atender a la gravedad del momento y asegurar que la riqueza generada por el pueblo se canalice para transitar hacia otro modelo productivo y de desarrollo al servicio de los pueblos y la naturaleza, y no de salvataje del capital.
Atte.
AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA
Argentina, 9 de abril de 2020
Actividad económica afectada
El aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) implica que solo el 40% de las actividades económicas mantengan sus niveles de producción en condiciones de cierta normalidad (entre ellas salud, seguridad y servicios públicos). Para el 60% restante la paralización es absoluta.
La demanda de naftas se redujo 80% en algunos días, 70-75% en los ‘días hábiles’ a excepción de CABA, con algo de mayor movimiento. La demanda de gasoil, que descendió 60% en el inicio, ahora está en 40-50%. Mientras, la demanda de jet fuel colapsó entre 90-100%.
El comercio emplea 19% de los trabajadores y está afectado por la cuarentena en casi 90%. La industria emplea el 13% del total y tiene un 75% de sus empresas paralizadas. Los sectores alcanzados por la cuarentena emplean al 65% de los trabajadores sobre un universo de 19 millones. Se trata de 12.000.000 de personas. Casi la mitad es de muy alto riesgo: 0,5 millones de trabajadores de casas particulares, 1,5 millones de monotributistas, 0,5 millones de autónomos y 3 millones de trabajadores no registrados ni bancarizados.
Gran parte de la otra mitad, unos 4.000.000, está protegida por las regulaciones contractuales del mercado de trabajo registrado. El 65% de los trabajadores de alto riesgo (3,6 millones) comenzarán a recibir ayudas directas del Tesoro en principio solo durante abril ($ 10.000).
Teniendo en cuenta que la población económicamente activa ronda los 21.000.000 de trabajadores, si solo el 10% de ese universo con alto riesgo de pérdida laboral queda sin su principal ocupación y se volcara al mercado de trabajo, el desempleo subiría 3 puntos porcentuales, ubicándose cerca del 13%.
En los conurbanos de las grandes ciudades, y especialmente en el bonaerense, es donde se localiza gran parte de los trabajadores con elevado riesgo de perder el empleo.
En la gran crisis de 2008/9 el gobierno nacional contaba con un superávit primario de 2,4% del PBI para financiar políticas activas y se hizo del stock de los activos de las AFJP. Ya no queda ninguno de esos resortes de amortiguación.
Solo en estos días de parate tendrán un impacto directo de 2% de caída adicional en el PBI que ya perfilaba una retracción de 1/1,5% antes de la llegada del Covid-19.
Aplanar la curva epidemiológica tiene obvios impactos sobre la economía real y el tejido social.
¿Quién pagará la crisis?
En el Cronista Comercial del 27.3, Daniel Artana, de FIEL, señalaba que “respecto de los asalariados, el Estado nacional podría coordinar alguna rebaja de ingresos al estilo de o que se hace en las suspensiones […] Los gastos salariales representan una parte importante del presupuesto de provincia y municipios […] Una reducción modesta en los salarios de los empleados públicos que deban quedarse en sus casas permitiría financiar, al menos, una parte de los gastos adicionales que genera la pandemia”. No es el único en esgrimir estos argumentos que ya se vienen aplicando en el sector privado.
Más de 45.000 trabajadores que se desempeñan en locales de comidas rápidas cobraron menos de lo que esperaban en abril. Fue cuando les liquidaron la segunda quincena de marzo. Desde el 19 de marzo, la mayoría de los locales de fast food, se encuentran cerrados.
Entonces, la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos utilizó un artículo del Convenio Colectivo de Trabajo del sector para pagar jornadas laborales “mínimas”.
La liquidación de sueldos de entre el 20 y el 31 de marzo de los trabajadores se hizo según el artículo 6 inciso B del CCT del rubro, según un comunicado de la Cámara del sector que agrupa a McDonald’s, Burger King, Starbucks. Este artículo contempla que ante ocasiones excepcionales, las jornadas de horas mínimas pasan de 60 a 48 mensuales.
Otras cadenas como Mostaza y KFC, que no están en esa entidad, habrían tomado una actitud similar. Esa medida, más la pérdida del presentismo, ocasionó que los trabajadores perdieran el 50% de sus ingresos en la segunda quincena de marzo.
También los establecimientos gastronómicos decidieron cerrar sus puertas, aunque algunas de las cadenas más grandes siguen trabajando con delivery pese a los reclamos de sus empleados que deben trasladarse hacia las sucursales en medio de la pandemia.
Otras industrias también evalúan reducciones salariales, por ejemplo, Aluar que planea una disminución del 30%, según lo manifestó su presidente, Javier Madanes Quintanilla.
“Las industrias esenciales, que continúan funcionando, representan un 20-25% de la actividad. Pero, mientras dure la pandemia, el resto de la economía necesita algún acuerdo con sus sindicatos para aguantar esta situación”, expresó el empresario.
Aluar posee cuatro instalaciones en Puerto Madryn (Chubut). Allí estableció un mecanismo de empleo rotativo. Cada día van a trabajar entre 800 y 1.000 personas, mientras una porción mayor se queda en sus casas. “Estamos dialogando con los sindicatos UOM y UOCRA para una reducción salarial, que podría ser del 30%, teniendo en cuenta que hay personal que no concurre. Hay una actitud madura de los sindicatos (sic)”, recalcó Madanes.
CGT en cuarentena
Dirigentes sindicales nos explican los beneficios de salir a trabajar en medio de una pandemia, luego de estar sentados en una misma mesa con empresarios capaces de mandar un telegrama de despido a 1.500 trabajadores como si fuera un mero trámite en medio de una crisis inédita. O banqueros preocupados por las cuentas y la rentabilidad que arriesgan la vida de nuestros abuelos y la población al no planificar el pago de jubilaciones.
Los argumentos y las justificaciones son que no podemos dejar de producir, que se va a cortar la cadena de pago, que no podemos parar la economía, entre otras. Lo que se oculta, pero que aparece cada vez más evidente, es el pensamiento de que los trabajadores y trabajadoras son descartables, son un costo más.
Y si no aceptan, leña como en Penta
Unos doscientos trabajadores venían realizando una olla popular desde hace días en las puertas de la planta del frigorífico Penta protestando por la falta de pago de la quincena de marzo, los despidos, la precariedad de las condiciones de trabajo (casi la mitad está en negro) y la persecución a la Comisión Interna. A la tarde del jueves se inició la represión que dejó al menos a 20 operarios heridos, dos de ellos con lesiones importantes.
Sobre el inicio del conflicto desde mediados de marzo explicó el delegado Angel Mileo: “Los compañeros solo quieren salir a trabajar. Fue el empresario Ricardo Bruzzese quien cortó abruptamente el diálogo por no querer acatar una conciliación obligatoria que vino desde Nación ordenada el 17 de marzo. Bruzzese inmediatamente cierra el frigorífico y prácticamente nos deja en la puerta de entrada. Todo lo que dice sobre los matarifes es mentira. Nos están llamando a nosotros porque quieren volver a trabajar este es unos de los frigoríficos más grandes del país. Da vergüenza (Bruzzese) porque quiere justificar la represión de haber cerrado la empresa y haber dejado a más de 240 obreros con sus familias en la calle sin pagar. Al día de la fecha no hemos cobrado los haberes de la segunda quincena de marzo y ahora está llegando abril. Estamos desesperados sin un mango. No puede decir nada. Que vaya a la justicia pero él sabe que es mentira”, agregó Mileo.
El jueves fueron brutalmente reprimidos en momentos que se encontraban realizando una protesta pacífica en las puertas de la empresa.
En declaraciones a Futurock, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, señaló que «el problema es cómo reprimieron y no que hayan reprimido», y remarcó que el accionar durante la protesta en Quilmes «no fue profesional» y que «el jefe del operativo actuó mal».
«Entiendo el reclamo de ayer en Quilmes, pero hay un límite que no se puede cruzar», sostuvo el ministro bonaerense y agregó: «La policía tenía una orden y tenía que hacerla cumplir, pero tenía que hacerlo bien» (sic).
No obstante, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de la Auditoria General de Asuntos Internos dependiente del ministro de Seguridad bonaerense, dispuso desafectar a los policías que participaron el jueves por la tarde de la represión a los trabajadores.
El Municipio de Quilmes, encabezado por intendenta Mayra Mendoza, repudió la represión contra los trabajadores del frigorífico Penta que intentaban ingresar a la planta ubicada en la localidad de Bernal Oeste. «De ninguna manera el Municipio de Quilmes avala la represión sufrida por los trabajadores y repudia la violencia como mecanismo de solución a este conflicto. Esto se da en el marco de la pandemia por el coronavirus y, en medio de esta crítica situación, 250 trabajadores fueron despedidos por la empresa frigorífica», indicó un comunicado difundido por Ejecutivo de ese distrito de la zona sur del Gran Buenos Aires.
Desde el Municipio, consignaron que Penta S.A. se encuentra «en conflicto con sus trabajadores», y que «se llevó a cabo una reunión en la sede comunal con autoridades locales, representantes del Ministerio de Trabajo bonaerense y dirigentes sindicales». Según fuentes de la comuna, el encuentro fue encabezado por Mendoza, y participó el director Provincial de Delegaciones Regionales del Ministerio de Trabajo, Miguel Funes, quien le transmitió a la intendenta la situación que atraviesan los trabajadores del frigorífico.
«El titular de la empresa, Ricardo Bruzzese, hace dos semanas que no permite el ingreso del personal a su lugar de trabajo, no abonó los sueldos ni acató la conciliación obligatoria», remarcaron las fuentes del Ejecutivo quilmeño. «En la reunión se acordó insistir con las presentaciones legales ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y de la provincia de Buenos Aires y la búsqueda de una solución al conflicto», subrayaron los portavoces comunales.
Este lunes 13 de abril a partir de las 9:00 los trabajadores realizarán una acción de protesta en la rotonda de Pasco (Camino General Belgrano y Pasco, Quilmes) donde piden el apoyo de organizaciones sociales, políticas y sindicales y acercar su donación ya que el empresario Bruzzese mantiene las puertas de la fábrica cerrada desacatando la conciliación obligatoria y no les paga los sueldos adeudados.
Asimismo, la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (FESITCARA) resolvió un paro nacional para este lunes 13 de abril en rechazo a la represión y los abusos patronales en el Frigorífico Penta en Quilmes. “Es una vergüenza que en momentos en que todo el pueblo sostiene un sacrificio enorme contra la pandemia mundial que nos azota, las patronales que siguen llenándose de millones sin largar un peso no cumplan con las leyes y el Convenio, y encima utilicen a la policía para castigar a los que se plantan en defensa de nuestros derechos laborales”, afirmaron desde la Lista Roja de la Carne.
El caso Techint: el Ministerio de Trabajo viola la normativa de emergencia avalando acuerdo patronal-sindical
El titular de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, Jorge Elizondo señaló:
El Gobierno Nacional ha prohibido los despidos por Decreto 329 del 31 de marzo de 2020, cuyo artículo 2° determina:
“Prohíbense los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto en el Boletín Oficial”.
El artículo 4° del mismo Decreto declara la nulidad de los despidos y suspensiones violatorios de estas prohibiciones en estos términos: “No producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”.
Los empleadores que despiden o suspenden violan no sólo el Decreto 329, sino el plexo normativo de la emergencia, constituido por el DNU 297 del 20/03/2020, de aislamiento social preventivo y obligatorio, y las resoluciones del Ministerio de Trabajo, que contienen diversas normas protectorias del trabajo tales como las dispensas para concurrir al mismo.
Dos días antes, el grupo económico Techint Compañía Técnica Internacional S.A.C.I. había anunciado el despido de 1.450 trabajadores encuadrados en el Estatuto de la Construcción (ley 22.250), que cumplían sus tareas en las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Neuquén.
El 30 de marzo de 2020, el Ministerio de Trabajo de la Nación somete el conflicto a conciliación obligatoria.
El 6 de abril se celebra un acuerdo entre la UOCRA y Techint en virtud del cual se acuerda convalidar los despidos de todos los trabajadores, sobre la base de las siguientes condiciones:
- Que ambas partes conocen los términos, alcances y procedimientos de la ley 22.250. como así también la excepcionalidad de la pandemia Covid-19.
- La empresa abonará a cada trabajador la liquidación final correspondiente, incluyendo salarios hasta el 6 de abril de 2020.
- La empresa entregará a cada trabajador el certificado de libre disponibilidad del fondo de cese laboral ley 22.250.
- La empresa se aviene a abonar una gratificación extraordinaria que se efectivizará junto con el pago de la liquidación final, que va de $ 33.000 para la categoría de oficial especializado, a $ 24.000 para la categoría de ayudante.
El Secretario de Trabajo de la Nación resuelve declarar el acuerdo homologado mediante la Resolución N° 355 del 6/04/20. El artículo 5° establece que “la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el artículo 1° de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos en el mismo”.
En primer lugar, resulta evidente que el Decreto 329/20 ha sido ignorado tanto en el texto del acuerdo como en la resolución del Secretario de Trabajo que lo homologa. Así ha sido burlado el conjunto de normas dictadas por el Gobierno Nacional contra la propagación de la pandemia Covid-19 y para morigerar sus consecuencias sobre la población.
Contrariamente a la información tergiversada de diversos medios gráficos y televisivos, a los trabajadores despedidos no se les abonará indemnización alguna por despido, ni duplicada por aplicación del Decreto 34/2019, ni simple. Los 1.450 trabajadores están encuadrados en el Estatuto de la Construcción ley 22.250, de contenido claramente inconstitucional y discriminatorio, que priva a los trabajadores de la construcción del derecho a ser indemnizados en caso de despido arbitrario o sin causa. Sólo se les abonará el Fondo de Cese Laboral (aportes del 12 % durante el primer año y del 8 % a partir del segundo), los salarios hasta el 6/4/20 y la gratificación otorgada por la empresa.
Pero el Decreto 329/20 no establece diferencia alguna entre los trabajadores; debe aplicarse a todos, incluyendo por supuesto a los de la construcción. Donde la ley no distingue, no debemos distinguir. No puede prevalecer la ley 22.250 —que priva de estabilidad a los trabajadores de la construcción— sobre la normativa de emergencia, que prohíbe todos los despidos.
Consideramos que el acuerdo homologado por la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación, viola el Decreto 329 y el conjunto de la normativa de emergencia, y que puede ser cuestionado legalmente por los trabajadores afectados.
Miserables
Los chóferes del servicio del transporte interurbano de pasajeros de Córdoba anunciaron que realizarán un paro, a partir del lunes, en reclamo por el pago total de los salarios del mes de marzo, la medida afectará a las localidades de los valles que rodean a la capital provincial y algunas del interior del distrito.
El titular de la Asociación Obreros de la Industria del Transporte Automotor (Aoita), Emiliano Gramajo, explicó en declaraciones a medios locales que «decretaron servicio esencial al transporte, pero resulta que para los salarios no lo somos».
La empresa Danone – La Serenísima vuelve a la carga contra la modalidad de trabajo 7×2, esta vez afectando a 65 trabajadores, a quienes pretende tenerlos trabajando por 44 horas semanales. Esa modificación representa una reducción salarial del 40%.
Como no hubo instancia de negociación, a pesar de que la justicia había ordenado no innovar, los empleados resolvieron que el lunes irán a una huelga que paralizará la planta.
Vale aclarar que Danone – La Serenísima, por ser uno de los servicios declarados como esenciales, nunca dejó de trabajar ni de producir a pesar del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Tras haber faltado a los protocolos sanitarios de la pandemia, despedir cinco compañeros por persecución sindical y realizar durante cinco días un lockout patronal para desconocer la conciliación obligatoria, el Grupo Beltrán modificó su accionar.
Esto se logró fundamentalmente gracias a la firme voluntad de las compañeras y compañeros trabajadores aceiteros de la planta Avex Dánica quienes, junto a su organización gremial, su Sindicato y su Federación, sostuvieron firmemente la voluntad de lucha en defensa de la salud, de la vida, de los puestos de trabajo y todos los derechos laborales que legítimamente les corresponden.
En la mega siderúrgica Acindar, de la compañía Arcelor Mittal, en su planta de Villa Constitución, al sur de Santa Fe, se apeló a un esquema de suspensiones rotativas con una reducción del salario a unos 1.200 empleados directos más otros 1.000 contratistas.
Por videoconferencia entre la compañía y la Comisión directiva del gremio llevan adelante la negociación en la que la UOM intenta volver a “foja cero” la situación.
Acindar plantea la reducción del sueldo al 65%, cuestión que fue rechazada de plano y luego propusieron un 75% por tres meses, mientras que la UOM insiste en respetar el DNU 329/20 del Ejecutivo nacional publicado hace apenas diez días que prohíbe las suspensiones “por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo de sesenta días de publicada la norma”.
El secretario gremial de la Asociación Empleados de Comercio (AEC) de Rosario, Juan Gómez, relató que en el sector comercial local las irregularidades se presentaron bajo la forma de reducción de salarios del mes de marzo, anuncios de algo similar en los haberes de abril y adelanto de vacaciones, además de suspensiones y despidos.
«Hay empresas que están violando las normas y aprovechándose de la situación ya que no quieren pagar todo el sueldo de marzo cuando se perdieron sólo seis días hábiles, y para los haberes de abril, tienen las herramientas de ayuda que dispuso el Estado para que esto no ocurra», reflexionó el dirigente quien aseguró que denunciaron 14 casos ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe.
Desde AEC denunciaron a empresas como Julerique (que en medio de la pandemia le dio vacaciones a su personal), y a otras por violación a las disposiciones nacionales como Garbarino, Los Dos Chinos, Gestión Integral de Cobranzas, Joe Dessing SA, Cotillón Alegría, Scandinavian Outdoors SA, Ciba SRL, La Lily SA, Siltac SRL, Marcelo Trento SRL, Edacom SRL, Pacific Group, Bruno Gabriel y Gustavo S.H y Calzados Gunar SA.
Uno de los gremios que salió con fuertes denuncias públicas fue el de la construcción. El secretario general de la seccional Rosario de la Uocra, Carlos Vergara, manifestó su preocupación por los cerca de 300 despidos que realizaron empresas constructoras desde que se arrancó la cuarentena. Según indicó, el 70 % de las firmas que trabajan en el sector público y privado aprovecharon la situación para enviar telegramas a los obreros, acentuando la crisis laboral que arrastra el sector.
También los trabajadores de Neverland, el espacio de entretenimiento que funciona en el Shopping Portal Rosario, denunciaron la decisión de la empresa de suspender a partir del 1º de abril a los casi 390 empleados y les comunicaron unilateralmente que solo se les abonara el proporcional de los días trabajados durante marzo. Significa que apenas percibirán poco más del 30 % de sus salarios. El Sindicato Unico de Trabajadores de Espectáculos Públicos y Afines, gremio que los nuclea denunció la situación y apuntó a Ares SA, la firma que administra el espacio de entretenimiento.
Por otra parte, se presentó la semana pasada en la Legislatura un proyecto de comunicación pidiéndole al gobierno provincial que interceda ante el despido de 35 trabajadores de la empresa Unife SA que explotaba la franquicia de la empresa de urgencias médicas Vittal de Rosario. Una terrible ironía en medio de la crisis sanitaria ya que es personal que prestaba servicio de forma directa, en relación de dependencia (enfermeros, paramédicos, despachadores, administrativos, etc.) y de manera indirecta, como monotributistas (médicos, choferes de consulta, maestranzas, etc.).
También en Rosario, el bar Paradiso, ubicado en la Rambla Catalunya, despidió a 14 trabajadores sin causa.
El Ministerio de Trabajo de la provincia que conduce Roberto Sukerman habilitó una nueva vía de comunicación para recibir consultas y denuncias por suspensiones, despidos, pagos de salarios y condiciones en el desarrollo del trabajo a través de un correo electrónico (denunciastrabajo@santafe.gov.ar) una instancia que permite a muchos trabajadores que están temerosos por sus fuentes de trabajo o sin cobertura sindical, realizar la denuncia ante el organismo oficial.
Las empresas que arman productos electrónicos aprovechando el régimen promocional de Tierra del Fuego, pagaron apenas el 70 % del salario a sus trabajadores. Además, en San Luis, la compañía Mabe —líder en la fabricación de heladeras en la Argentina— suspendió a todo su personal hasta el 19 de abril y abonará solo el 70 % de sus sueldos.
La situación de los trabajadores esenciales en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio es muy delicada. Expuestos al contagio y, muchas veces sin las medidas de seguridad necesarias, siguen cumpliendo sus funciones. Es el caso de los empleados de Coto, que vienen con una serie de protestas en las que exponen la falta de cuidados por parte de la empresa.
En las últimas horas se replicó el pedido de ayuda, desesperado, de los trabajadores de la sucursal 80 de Coto, ubicada en French y Pueyrredón en la Ciudad de Buenos Aires. Allí ya se detectaron 3 casos confirmados de Covid19 y se esperan resultados de nuevos análisis. Pero, según exponen, la firma se niega a activar los protocolos sanitarios y mantiene abierta la tienda.
De hecho la mayoría de las firmas retiraron los repositores externos para protegerlos de posibles contagios, ante la gravedad de la situación, pero la sucursal sigue funcionando y hasta se registraron aglomeraciones de clientes que fueron a hacer sus compras habituales.
Desde el gremio denuncian que está colapsado el número al que hay que llamar para denunciar la situación y hasta dejaron una denuncia en la fiscalía para que tomen cartas en el asunto. Se acercó la policía pero no hubo cambios sustanciales.
La marca multinacional de café Hard Rock, cuya razón social es la empresa New Viking Investment propiedad de Pablo Lucini, despide trabajadores en medio de la pandemia por coronavirus. “Ya tenían preparado un sobre con el dinero ofrecido y un recibo ya confeccionado previamente para cada empleado”. El argumento que expresó el empleador Rubén Gonzales correspondiente al restaurante de Puerto Madero, fue: “esto es lo que hay, no sabemos qué va a pasar el mes que viene si vamos a abrir”.
Así, se vieron forzados y presionados para aceptar la suma de dinero que rondaba, dependiendo del empleado entre $33.000 y $45.000, con la promesa de que en un futuro se los volvería a recontratar.
“El resto de los empleados con respecto al importe percibido como salario en la mayoría de los casos no superan los $10.000/$12.000 en los recibos y unos $1.000/$2.000 en negro dependiendo del puesto y el mes trabajado. Dejando sin efecto la correcta aplicación de los aportes, horas extras, horas nocturnas, etc. Sin respetar los convenios colectivos”, finalizó el trabajador de Hard Rock Café Recoleta.
Las marcas de bijouterie TodoModa e Isadora agrupadas en la firma Blue Star Group de los hermanos Castelli, no abonaron los sueldos de marzo completos a sus trabajadoras, con rebajas entre 7.000 y 9.000 pesos. El argumento de la empresa que comunicó la decisión a sus empleadas por teléfono para evitar dejar evidencias, fue que “esas horas no se trabajaron” desentendiéndose del contexto de pandemia. Asimismo las trabajadoras denuncian amenazas de despidos si no se acatan las medidas tomadas por la patronal.
“Nos avisaron que no nos iban a depositar el presentismo, horas nocturnas, bono por imagen, bonos por fallo de caja (estos bonos son parte del sueldo que cobramos mes a mes), tampoco iban a abonar el premio por gestión de venta del mes de febrero; en cuanto a las empleadas full time decidieron descontarles 5 (cinco) días del mes de marzo”, según relatan las empleadas en un comunicado.
Trabajadores de la empresa de plásticos Mascardi, ubicada en la localidad de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza, denunciaron la falta de pago de los salarios correspondientes al mes de marzo. Los mismos debían depositarse el 6 de abril. “La empresa anunció que no nos abonará el salario del mes de marzo, mensual o quincenal según los casos, con el débil argumento de que las oficinas administrativas están cerradas por la cuarentena”.
Otro multimillonario con negocios en declive, Miguel Galperín, hermano de Marcos Galperín, migrante a Uruguay, y dueño de Mercado Libre, exhibió la patética miserabilidad de los grandes empresarios en la Argentina. El diputado Itaí Hagman denunció que Sadesa, la curtiembre de la familia que provee cueros a Nike y Adidas, despide personal por carta documento pese al decreto presidencial.
Después del reclamo presentado por el Sindicato de Empleados de Comercio y Afines (S.E.O.C.A) de la zona oeste, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires intimó a la empresa Garbarino-Compumundo a pagar los sueldos pendientes en las próximas 24 horas.
Ante la presión pública, la empresa no pudo seguir sosteniendo los despedidos de Ayelén Córdoba y Carlos Roa, ejecutados durante su reclamo por medidas de seguridad e higiene para llevar a cabo los vuelos de repatriación.
Sin embargo,según denunciaron desde la comisión interna de GPS – Aerolíneas Argentinas, la persecución y la discriminación sindical continúa y tras verse obligados a reincorporarlos no les permiten regresar a sus antiguos puestos de trabajo.
El gobernador Arcioni (Chubut) en el podio de los miserables
El miércoles por la tarde se dio a conocer un audio donde el Jefe de Seguridad de la Provincia de Chubut, Paulino Gómez, le indica a un personal jerárquico de la policía provincial que se lleven a cabo detenciones arbitrarias. Frente a esto la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) exigió la renuncia de ese funcionario como así también de su superior, el Ministro de Seguridad provincial, Federico Massoni.
«Zavala por favor te pido, activá en el centro ahora. Tratá de meter gente en cana, el ministro nos está preguntando por qué la Primera no tiene detenidos. Si hay mucha gente debe andar gente en infracción», dice Gómez. «Busquemos un poco, de última lo demora en el lugar, le hacés el acta en el lugar o los llevás unos minutos a la comisaría. Sacá a los ‘pucará’ (grupo especial) que si buscan encuentran gente que ande ‘chimangueando’ (robando)», insiste a su subordinado. Queda en evidencia que es el poder político el que presiona, tal como puede escucharse en el audio.
«La situación que vive la provincia de Chubut es insostenible: largos meses de atraso salarial, abandono de los establecimientos educativos y de la salud, esto sumado a la actitud prepotente y autoritaria de las autoridades políticas atemorizando a la población«, afirmó María Elena Naddeo, co-Presidenta nacional de la APDH. «El audio de Paulino Gómez, Jefe de Seguridad de Chubut, es la expresión directa de un gobierno que apela a la represión en vez de preocuparse por el bienestar social. Las organizaciones sociales y la APDH estamos pidiendo la renuncia de dichos funcionarios y la intervención y auxilio del poder nacional», agregó Naddeo.
Sirenas que anuncian el “toque de queda” decretado por el propio Massoni a las 19:30 horas, salidas a comprar tres veces a la semana según el número de DNI y otras restricciones de movimiento que constitucionalmente no son atribución del Ministro de Seguridad, ni siquiera del gobernador, han sido anunciadas oficialmente.
El miércoles se conocía que lejos de tender a relajar las medidas restrictivas del aislamiento social, el ministro planea endurecerlas, cerrando el paso por la Ruta 40 incluso a personas autorizadas. La decisión preocupó a las autoridades de Río Negro porque implicaría la imposibilidad de traslado al personal de Salud que habita en Chubut y trabaja en Río Negro, como ya sucede con trabajadores del correo y comercios.
En medio de una crisis social y económica provocada por el propio gobierno de Arcioni que ya lleva dos años, con estatales y jubilados que aún no cobraron febrero y un sistema de Salud que evidenció estar colapsado con el brote de Hantavirus vivido el verano de 2019 en la cordillera, la emergencia sanitaria nacional tiene consecuencias devastadoras para la población. Con una provincia en bancarrota, sometida al pago de una deuda pública agobiante que se descarga sobre las espaldas del pueblo trabajador, la situación se agrava aún más.
Al igual que sucedió con el reclamo de docentes y estatales que durante la primera gestión del actual gobernador le costó el cargo al propio Massoni, la única respuesta del gobierno parece ser la represión y el recrudecimiento de las políticas punitivas junto con el desprecio más absoluto por la vida y la salud del pueblo chubutense.
“La policía de Chubut tiene tanta impunidad que la mujer acá no vale nada”. La frase fue pronunciada por Ana Ramírez que fue violada en reiteradas ocasiones por su superior durante la instrucción para ingresar a la fuerza provincial. Durante el curso también sufrió todo tipo de agresiones y hostigamientos. No lo soportó más y abandonó a 22 días del egreso. Antes de hacer público su martirio, Ana había denunciado las vejaciones ante los jefes de la institución, pero solo recibió destrato e indiferencia. Cuando al fin consiguió una orden de restricción contra uno de los instructores que la había amenazado si seguía hablando, le balearon la puerta de su casa, poniendo en riesgo no solo su vida, sino también la de su familia. “Ahora que se metieron con mis hijos, voy a contar todo y luchar hasta las últimas consecuencias, y si me pasa algo, por lo menos van a saber quiénes son los principales sospechosos”, avisa.
CABA
Una reunión virtual de dirigentes de ATE de todos los frentes afectados por la situación de CABA evaluó con dureza que la combinación entre dengue y Covid-19, un cóctel explosivo para los trabajadores y la sociedad, que no se percibe como noticia urgente. El distrito más rico del país no está abasteciendo de insumos y de elementos de protección a los trabajadores. En el contexto de la pandemia, los dirigentes estatales de los trabajadores empleados en el territorio gobernado por Horacio Rodríguez Larreta manifiestan su preocupación por los compañeros del sector salud, los que asisten en centros de cuidados, y quienes trabajan en asistencia general. “Al igual que en el Malbrán, Conicet y todos los sectores que están a destajo trabajando en equipos multidisciplinarios, los aplausos reconocen, pero hay que sumarles condiciones y salarios. Es imprescindible que los evasores y blanqueadores, pongan recursos. Es una medida que bancamos, el nuestro no es un sindicato que vaya a declarar un paro un jueves santo en un escenario de extrema delicadeza, quien lo hace desnuda las miserias humanas de un sindicalismo careta que finge luchar”.
Las 2.200 personas enfermas de dengue constituyen una cifra récord silenciada hasta la sordina por la prensa en el distrito capitalino, en especial la zona de Flores Sur. La evidente falta de insumos provistos por la patronal supermercadista encabezada por Alfredo Coto ya tiene sus primeras víctimas y baja persianas por “desinfección”, lo que puede resultar de alto costo sanitario. Hay al menos cinco casos de coronavirus entre trabajadores de las grandes cadenas de supermercados de CABA: uno en Coto Once, frente a Plaza Miserere; tres en el Coto de Recoleta, de French y Pueyrredón, y un quinto caso en el Carrefour Express de Córdoba y Ecuador. La cotidianidad del trato con miles de clientes pone en riesgo a los trabajadores y exige un esfuerzo mayor en la seguridad.
Llega tarde y a pocos
El ANSES postergó el inicio del pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que iba a iniciarse el 15 de abril. La decisión implica que se empiecen a pagar desde el 21 de abril es decir casi una semana más tarde y a un mes de haberse iniciado la cuarentena. Las personas que no tienen cuenta bancaria cobrarán recién el 6 de mayo.
Más de 11 millones de personas se inscribieron para cobrar el subsidio anunciado por el Estado. La cantidad más que triplica a los planes originales del Gobierno, que había anunciado la entrega de la IFE a 3.6 millones de personas.
Los que solicitaron el bono de $ 10.000 y les fue denegado e ingresaron con clave personal a la página de la ANSeS donde se explica la o las razones por las que quedaron excluidos del beneficio, pueden hacer el reclamo si tienen los elementos que prueben que el rechazo del organismo no es correcto.
El reclamo se puede hacer al mail consultas@anses.gov.ar , por teléfono al * 130 y por la línea 130. Y esta semana habrá una oficina de atención o “UDAI (Unidad de atención integral) virtual más allá de analizar la reapertura controlada de las delegaciones de la ANSeS.
Hasta el lunes pasado, no habiendo concluido el cruce de datos, los rechazados sumaban 3.000.000.
Mientras, más de 220.000 empleadores se registraron en las primeras 48 horas en el Programa de Asistencia en Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP), informó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Fuentes: Clarín, Clarín Económico, Tiempo Argentino, APU, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, argentina.indymedia, Aporrea, Página12, BAE.