Más de 190 agrupaciones civiles, colectivos y comunidades, así como medio centenar de académicos y defensores ambientales expresaron su rechazo a que se continúe la construcción del Tren Maya en medio de la crisis sanitaria por el Covid-19.
AMLO muestra un mapa del Tren Maya. Foto Roberto García/ Archivo
21/04/2020
En un escrito llamaron también al gobierno a respetar la libre determinación de las comunidades, pues consideran que la consulta a pueblos originarios no cumplió con los criterios internacionales.
Este martes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la asignación de la construcción y explotación por 50 años del Tren Maya a la empresa paraestatal Fonatur Tren Maya.
Las organizaciones destacaron que es “preocupante que frente a la emergencia sanitaria que se ha generado a nivel mundial por la aparición del Covid-19, el gobierno federal pretenda mantener las actividades relacionadas con el proyecto denominado Tren Maya, a pesar de que su construcción y el desalojo de personas no es esencial en el contexto de la actual pandemia.
“Esta determinación, pone en riesgo la salud y la vida de las y los trabajadores que tendrán que continuar con las obras derivadas del citado proyecto, así como de la población, mayoritariamente indígena, afectada por el mismo. El propio gobierno federal ha resaltado la importancia de mantener la cuarentena y evitar toda aquella actividad que no sea indispensable para la subsistencia de las personas, situación que no aplica en el presente caso”.
Subrayan que continuar la construcción del Tren Maya en el actual contexto, genera un “estado de indefensión hacia aquellas personas y comunidades que han manifestado su rechazo u oposición al proyecto”.
Añaden que ante la falta de normalidad en el funcionamiento de los tribunales, se debe garantizar la posibilidad real de que las personas, comunidades o colectivos puedan ejercer su acceso a la justicia para impugnar cualquier acto u omisión del proyecto, puedan hacerlo.
“Pareciera ser que el gobierno federal se aprovecha de la actual coyuntura para avanzar, sin el riesgo de oposición, en la continuación de un proyecto que ha sido cuestionado por diversos sectores y cuya opacidad incluso ha generado la emisión de una orden de suspensión por parte de un Juez Federal ante un amparo presentado por comunidades de Calakmul y Candelaria”.
Criticaron que sea “imposible realizar solicitudes de información con respecto al avance del proyecto debido a la suspensión de plazos ante los institutos estatales y el instituto federal en materia de transparencia”.
Indican que el acuerdo que publicó el gobierno federal por motivo de la coyuntura actual establece que las actividades no esenciales deben detenerse, y critican que sin embargo se avale la construcción del Tren Maya a pesar de la contingencia, a lo que se suma “la opacidad y falta de información con la cual el gobierno federal ha manejado este proyecto. De manera insistente se ha señalado la ausencia de información sobre los impactos ambientales, económicos y sociales que dicha obra acarreará para la población, particularmente para las comunidades mayas afectadas”.
Remarcan que la consulta a diversas comunidades indígenas afectadas por el proyecto, la que fue realizada entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de 2019, “no se apegó a los mínimos establecidos por la normatividad internacional, principalmente lo establecido por el Convenio 169 de la OIT de consultas indígenas, e incluso fue cuestionado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
Llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a que “suspenda la construcción del denominado Tren Maya y, con posterioridad a la emergencia sanitaria, inicie un proceso de diálogo real, serio, informado y equitativo que garantice los derechos a la información, y que cumpla con el Convenio 169 de la OIT, Declaraciones de la ONU y de la OEA con respecto a la participación, al medio ambiente sano, al territorio y a la libre determinación de las comunidades afectadas por dicho proyecto”.
Ello porque “continuar este proyecto en las actuales circunstancias, representa una grave vulneración a los derechos humanos de las comunidades afectadas y de la población en general”.
Entre las agrupaciones firmantes están: Red de Litigio Estratégico en favor de Comunidades Indígenas y Campesinas de la Península de Yucatán, Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Greenpeace México, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).