Anoche el presidente anunció la continuidad del aislamiento preventivo social obligatorio hasta el 10 de mayo, sin cambios en los centros urbanos de más de 500.000 habitantes, excepto la autorización para salir a caminar hasta 500 metros del domicilio una hora al día, lo que, en teoría, se aplicará en todo el país. Teniendo en cuenta que, desde el 20 de marzo, son miles los casos denunciados de personas que fueron detenidas e imputadas penalmente cuando realizaban actividades autorizadas sin necesidad de permiso oficial de circulación, como hacer compras de alimentos y medicamentos, ir al cajero o a pagar facturas, no es arriesgado prever que, entre la norma y su implementación en la calle, terciará el “atinado criterio del funcionario policial interviniente”, como les gusta decir a los jueces, y en los barrios populares tendremos una oleada de nuevas detenciones de gente que, confiada, salga a ventilarse un rato. Instamos a tener la precaución de llevar el DNI, y, en los casos que el domicilio allí consignado no coincida con el real, algo que lo acredite, como una factura de algún servicio, de manera de poder mostrar, en caso de intercepción, que estamos a menos de cinco cuadras de casa. No es garantía absoluta, pero puede ayudar.
Sigue siendo de extrema crudeza la situación en las cárceles. En Coronda, Santa Fe, uno de los primeros penales, junto al de Las Flores en la misma provincia, en sufrir la represión a las protestas, con el saldo de cinco muertes entre ambos, se inició una huelga de hambre con el mismo reclamo básico: la agilización de los trámites y el acceso a todas las garantías judiciales para que se concedan la libertad o medidas alternativas a los detenidos que reúnen las condiciones.
Es de suma urgencia que se atiendan los reclamos de las distintas cárceles. La entrada del virus a los establecimientos penitenciarios es resultado de la falta de condiciones mínimas de salubridad que se vienen denunciado desde mucho antes de la pandemia, y que, en esta coyuntura, implica un riesgo criminal. En Corrientes, a los penitenciarios que ya habían dado positivo para el test de coronavirus, se sumaron la esposa de otro funcionario, y un guardia cárcel que trasladó a su domicilio en Monte Caseros a un hombre que había terminado su condena en la UP nº 1 y había logrado su liberación hace escasos días. Así, el liberado fue puesto en cuarentena obligatoria junto a su grupo familiar, le hicieron el hisopado y se activó en Monte Caseros el protocolo preventivo.
Mientras tanto, seguimos contando muertes dentro de estas cárceles del horror: En la provincia de San Luis, además de las muertes en comisarías (Florencia Magalí Morales y Paco de 16 años), hubo, desde el inicio de la pandemia, dos muertes en la penitenciaría de la ciudad capital, Jonathan Suarez, de 29 años, el 26 de marzo y Nicolás Aballay, de 42. Ambos fueron encontrados ahorcados.
En Córdoba, se confirmó un caso de contagio positivo en el barrio “Nuestro Hogar 3”. A partir de allí, en lugar de garantizar un servicio sanitario adecuado, se desplegó un operativo conjunto de fuerzas especiales del ETER con el ejército, que instaló un “cordón sanitario”. El barrio, en el que los niveles de hacinamiento en las viviendas es elevado, quedó así completamente aislado, con el reparto de bolsones por parte del ejército como único acceso a la provisión de alimentos. Vale aclarar que cada bolsón contenía un paquete de fideos, uno de polenta y una lata de salsa. Si bien montaron un “centro sanitario”, allí sólo atienden personas con síntomas compatibles con Covid-19, de manera que al estar impedidxs de llegar al único dispensario cercano, fuera del barrio, nadie puede recibir asistencia médica.
Debemos denunciar también la violencia sexual a la que fue sometida una joven en Jujuy, que fue ultrajada por tres efectivos policiales que estaban de guardia el domingo pasado, en la comisaría 63 del sector 18 hectáreas del barrio capitalino de Alto Comedero. La mujer fue hasta allí para pedir información sobre los permisos de circulación para volver a su domicilio en Salta, pues quedó varada en Jujuy cuando estaba visitando familiares. Tres policías la encerraron y la violaron. Luego la amenazaron con matar a la joven y a su hija si denunciaba el crimen. Su familia, alerta, se percató de que algo no estaba bien, y finalmente ella contó su calvario. Un familiar relató: “Ella quería regresar a Salta y fue a la comisaría para averiguar cómo hacer. Todo mundo era atendido en la vereda y sólo ella fue invitada a ingresar a la seccional y luego de llenar unos formularios, cerraron la puerta y entre tres efectivos, la vejaron en una pieza del fondo de la comisaría”.
Además de violar y reprimir, como en las cárceles, ellos son los que no cumplen la cuarentena ni respetan los recaudos de cuidado. Muestra de esto es lo ocurrido en la localidad de Buena Esperanza, San Luis, donde se investiga a cuatro policías por incumplimiento al aislamiento social y a otros ocho por no cumplir con los deberes de funcionarios públicos. Es que el 19 de abril, personal de guardia de la comisaría 19 recibió un llamado anónimo en el que advertían sobre una reunión numerosa. Cuando concurrieron al lugar, entre los asistentes a la “reunión social” había cuatro policías provinciales.
Finalmente, difundimos y adherimos al reclamo de la Pu Lof en Resistencia Cushamen, la comunidad del Lonko Facundo Jones Huala, que fuera extraditado y está en prisión en Chile. Igual que ocurre en nuestro país, ningún recaudo sanitario ampara en el vecino país a las personas privadas de su libertad, y menos a lxs presxs políticxs mapuches, sometidxs a regímenes más duros todavía. En ese marco, psicóloga de Gendarmería (la fuerza chilena encargada del control carcelario) entrevistó a Facundo, en su lugar de detención, el 24 de abril. Horas después, la mujer dio positivo para Covid-19. La única medida tomada por las autoridades chilenas fue aislar al Lonko, que fue sacado del módulo de comuneros y trasladado al CCP de Temuko. Junto a su comunidad, exigimos al estado chileno que autorice su comunicación fluida con familiares y garantice su salud y su vida, y al estado argentino que disponga las medidas necesarias para la inmediata repatriación de Facundo Jones Huala.
No podemos dejar de recordar que hoy, 26 de abril, se cumplen 29 años de la muerte de Walter Bulacio tras una semana de agonía por las torturas recibidas en la comisaría 35ª de la PFA. Es también en su nombre y su memoria que decimos:
Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.
La salida para la clase trabajadora es la organización popular.
Fuente: http://www.correpi.org/2020/reporte-no-30-de-aplicacion-del-dnu-297-2020/