El incremento de agresiones sexuales por parte de la policía sigue mostrando cómo se potencia la violencia machista cuando intersecta con la represión estatal. Hoy la denuncia llega de Posadas, Misiones. Una joven de 21 años recibió un mensaje de un policía, a través de Facebook, para ir a buscarla a su casa en su camioneta. En el vehículo había otro policía más, y, entre ambos, la violaron varias veces, amenazándola con sus armas. Luego la dejaron abandonada a la entrada del barrio. De paso, le robaron el teléfono celular. Hecha la denuncia, se verificaron las conversaciones por Facebook y ambos policías fueron identificados, pasados a disponibilidad y detenidos.
En Córdoba, el sábado, la policía ingresó a la casa de una familia en la localidad de Alta Gracia, sin mostrar orden de allanamiento y se llevó detenidos a Roque y Daniel González. Irrumpieron en la casa al grito de “si no se quedan quietos los quemamos”, golpearon a una de las mujeres y no tuvieron empacho en manipular sus armas en la misma habitación en la que había bebés durmiendo. Apenas se fueron, las parejas de ambos hermanos se dirigieron a la Unidad Judicial de Alta Gracia, tanto para denunciar el accionar policial como para averiguar los motivos de la detención. Tras larga insistencia, les dieron alguna respuesta parcial sobre la situación de los muchachos, pero no les recibieron la denuncia de la mujer golpeada contra la policía, argumentando que “si ella ponía resistencia, la policía tenia total derecho de pegarle”. Los detenidos fueron trasladados a la UP 9 en Córdoba capital. Un nuevo ejemplo del accionar violento y represivo de la policía cordobesa, que requiere resaltar el valor de las vecinas, que no se callaron y buscan visibilizar lo ocurrido.
Desde San Luis llegan noticias de la causa que investiga la muerte de Florencia Magalí Morales cuando estaba detenida en la comisaría 25ª de Santa Rosa del Conlara. A pesar del reclamo de la familia y de las organizaciones antirrepresivas, sigue sin aplicarse el Protocolo de Minessota, conjunto de reglas establecidas por la ONU para diversos casos de responsabilidad estatal, como desapariciones forzadas y muertes de personas detenidas o de cualquier modo bajo custodia del estado, sus órganos o agentes. Se hizo lugar, apenas, a una ampliación del informe de la autopsia, con nuevos exámenes, siempre y cuando la familia asuma los gastos de la exhumación y transporte del cuerpo, para determinar la temporalidad y origen de algunas lesiones que, aunque no idóneas para causar la muerte, Florencia no presentaba antes de ingresar a la comisaría. Sin perjuicio de los nuevos elementos que puedan surgir, insistimos en que toda muerte bajo custodia es responsabilidad directa del aparato estatal.
Mientras estas cosas siguen pasando en todo el país, se intensifica la campaña reaccionaria contra el reclamo de resolver la grave situación carcelaria, entre cacerolazos que promueven la muerte y falsas informaciones hasta de funcionarios judiciales, como la jueza de ejecución penal de Quilmes, Julia Márquez, convertida por Eduardo Feinmann y otros agitadores de la represión en “la voz autorizada” en la materia. La jueza –cuyo juzgado tuvo que ser cerrado el 11 de marzo, porque la magistrada volvió de Italia con síntomas de Covid-19 y no se aisló- lanzó públicamente una serie de “datos oficiales” de liberaciones masivas de violadores y asesinos, que fueron desmentidos por la fuente alegada, el Tribunal de Casación Penal bonaerense.
Los datos reales, en cambio, muestran dos cosas: 1) Que en marzo y abril de este año, pese a la emergencia, se otorgaron en toda la provincia muchas menos prisiones domiciliarias o medidas similares que en los mismos meses del año 2019; y 2) Que de los pocos casos de beneficios concedidos por causa de la pandemia, la enorme mayoría corresponde a delitos menores y sin violencia, como narcomenudeo y delitos contra la propiedad.
Es imprescindible que desde las organizaciones populares sigamos esforzándonos en refutar las falsedades y mentiras con las que se intenta crear una versión alternativa de la brutal realidad carcelaria, a la que el estado debe dar urgentes respuestas para evitar más contagios y más muertes.
Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.
La salida para la clase trabajadora es la organización popular.
Fuente: http://www.correpi.org/2020/reporte-no-35-de-aplicacion-del-dnu-297-2020/