En apenas dos días arreciaron los ataques represivos contra trabajadorxs de distintos ámbitos que protagonizaron reclamos por la situación grave que están viviendo.
El lunes por la tarde, en Jesús María, Córdoba, la policía, junto a fuerzas especiales de infantería, realizó un violento operativo represivo contra lxs empleadxs municipales. Lxs trabajadorxs se encuentran en lucha contra el recorte que el intendente Luis Picat aplicó a sus salarios, a pesar de que había firmado un acta donde aseguraba que eso no ocurriría. La respuesta que se les dio fue el desalojo ordenado por el fiscal Guillermo Monti, con una brutal represión que incluyó disparos, corridas y amedrentamiento a lxs vecinxs, y que tuvo como saldo 42 personas detenidas y al menos un herido leve. En este contexto de crisis, el recorte salarial es de tal repercusión que lo que muchxs cobraron no llega ni a cubrir una canasta básica familiar.
En la mañana del miércoles, la policía chaqueña detuvo a ocho compañerxs de la CUBa MTR y el Polo Obrero, integrantes del Frente de Lucha, que se habían movilizado a la Casa de Gobierno a reclamar alimentos para los barrios. La respuesta del gobernador Capitanich frente al reclamo más básico imaginable, fue la represión.
También ayer, al mediodía, la policía de Santa Fe detuvo veinte compañeros del Polo Obrero de Villa Constitución que estaban realizando un corte de calle frente a la municipalidad de esa ciudad del sur santafesino, con todos los recaudos de seguridad necesarios. Cooperativistas y recicladores urbanos precarizadxs por el municipio durante años, muchos de ellos volcados al cirujeo para llevar un plato de comida a sus humildes casas, reclamaban contra el hambre.
Tanto lxs detenidxs de Jesús María, como lxs de Chaco y Santa Fe, fueron liberadxs gracias a la presión popular y las muestras de solidaridad de organismos y organizaciones de todo el país. Seguimos exigiendo respuesta inmediata a sus justos reclamos y el cierre de las causas iniciadas.
El martes a la noche, en Barrio San Roque de la Cuidad de Córdoba, detuvieron a Horacio Enrique Romero que fue ingresado al Establecimiento Penitenciario nº 9 el miércoles a las 11 de la mañana, fue atropellado por un patrullero, está totalmente golpeado y con una pierna fracturada. Hasta ahora ninguna unidad judicial le explicó a su madre dónde estuvo desde la noche del martes hasta ser ingresado al EP9. Tampoco tuvo la atención médica correspondiente, no se le curó la pierna ni se le trató la fractura, por otra parte el médico forense que lo revisó le dijo que “no tenía nada”.
Son muchas las denuncias diarias que recibimos de golpes y torturas en espacios de detención, y del cotidiano accionar policial que hace peligrar la vida de las personas detenidas, que en este contexto de pandemia se ve recrudecido. Para luchar contra la impunidad de las fuerzas represivas sólo nos queda la organización.
Tras la aparición del primer caso de COVID-19 en la unidad penal 1 de Corrientes, situación sobre la que veníamos alertando desde que se confirmaron decenas de agentes penitenciarios contagiados, seguimos exigiendo que se tomen los reclamos de lxs presxs con suma urgencia. ya que sabemos las terribles implicancias que tendrá el virus en estas cárceles donde no hay condiciones básicas de salud e higiene. La precariedad y el hacinamiento históricos son hoy el caldo cultivo para una masacre dentro de los establecimientos penitenciarios.
Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.
La salida para la clase trabajadora es la organización popular.
Fuente: http://www.correpi.org/2020/reporte-no-37-de-aplicacion-del-dnu-297-2020/