Un nuevo informe elaborado por el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma visibiliza el impacto de la crisis actual sobre las trabajadoras y trabajadores argentinos, que se suma a la caída de la actividad económica durante los últimos cuatro años.
El informe plantea que “el esfuerzo realizado por el conjunto de la población y por el sector público no ha sido acompañado por las grandes empresas, quienes en términos generales han impulsado estrategias para descargar rápidamente el costo de la caída de la actividad económica sobre las espaldas de trabajadores y trabajadoras”.
“Ello se ha plasmado no solo en la existencia de despidos, suspensiones, falta de pago de las remuneraciones, sino también en la exigencia de trabajar en condiciones deficitarias de seguridad e higiene que incrementan notablemente el riesgo sobre la salud y la vida”, indican.
El documento analiza algunas de las estrategias que los empleadores han utilizado para descargar el peso de la crisis sobre los trabajadores y las trabajadoras. El abordaje presupone la existencia de un vínculo trabajador-empleador, lo cual está lejos de abarcar a la totalidad de la clase trabajadora.
En efecto, quienes más sufren el impacto derivado de la emergencia sanitaria y de la retracción de la actividad económica son aquellos que no cuentan con una red de protección social o laboral, cuya subsistencia suele depender de la actividad que realizan a diario.
El informe releva datos provenientes de un total de 369 denuncias que incluyen reclamos por despidos, suspensiones y recortes salariales, falta de pago de las remuneraciones, violaciones a las medidas de seguridad, violaciones al alcance de la cuarentena, entre otras.
Desde el ODS advierten que se trata de un relevamiento “de mínima”, ya que se realiza a partir de información proveniente de aquellos trabajadores y trabajadoras que han logrado visibilizar públicamente cada una de estas situaciones, así como también de información recopilada en el ámbito de la CTA Autónoma.
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