Reporte nº 39 de aplicación del DNU 297/2020.
En el escenario de brutal hacinamiento y falta de recursos sanitarios en las unidades penales de todo el país, hace casi dos meses que la situación de las personas privadas de su libertad son central preocupación de organismos de DDHH y organizaciones antirrepresivas. Una y otra vez hemos expuesto los números. Casi 120.000 personas en cárceles provinciales y federales, más unas 12.000 en comisarías y otros lugares de detención, la mayoría de las cuales están presas por delitos contra la propiedad (hurtos y robos consumados o tentados) y por infracción a la ley de estupefacientes, pero que no son jefes de los grandes carteles, sino que “mulas” y autores de narcomenudeo, es decir, el último, más débil y explotado eslabón de la cadena del narco organizado. Más de la mitad no están condenadas, sino cumpliendo prisiones preventivas, realidad que se invierte en proporción mayúscula cuando se trata de miembros de fuerzas de seguridad condenados o bajo proceso por homicidios calificados (fusilamientos de gatillo fácil), imposición de tormentos o torturas seguidas de muerte, delitos gravísimos que tienen penas en expectativa de perpetua o hasta 25 años según el caso, en los que el porcentaje de libertad durante el proceso e incluso después de la condena supera el 90%.
En la provincia de Buenos Aires, sobre unas 50.000 personas en cárceles provinciales, sólo el 10% están acusadas por homicidios y otro tanto por delitos contra la integridad sexual, una parte de los cuales son violaciones. El otro 80%, robo, hurto y drogas. En el sistema federal sucede lo mismo, con todavía menos presxs por homicidio en relación a la población total (6%) y la misma proporción de delitos por violencia sexual.
A contrapelo de estos datos, a los que se suma que los tribunales vienen rechazando casi el 90% de los pedidos de arrestos domiciliarios, libertades asistidas u otras formas de transitar fuera de los penales el proceso o terminar de cumplir una pena ya impuesta de personas en condiciones de acceder a esos beneficios por su situación procesal que además integran grupos de riesgo, la campaña mediática y de la derecha repiquetea con la “masiva liberación de peligrosos delincuentes”.
Lo que cuidadosamente silencia esa campaña es que hay, efectivamente, un grupo de verdaderos “peligrosos delincuentes” que viene recibiendo los beneficios que se niegan a las mayorías, con el agregado de que, en sus casos, no padecen el hacinamiento ni la falta de asistencia, ya que están alojados en pabellones “VIP”, con todas sus necesidades cubiertas. Son los genocidas de la dictadura, los autores de crímenes de lesa humanidad, en primer lugar, y los pocos miembros de las fuerzas de seguridad, que venciendo todas las trabas imaginables, sí están cumpliendo prisión preventiva o condenas por sus crímenes represivos de la actualidad.
Sistemáticamente, venimos planteando que las respuestas urgentes que exigimos para resolver la situación de las personas privadas de su libertad deben excluir, además de femicidas y violadores, a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad en la dictadura o crímenes de estado en democracia, que por cierto no están en riesgo alguno por la condición de privilegio de sus regímenes de detención. Pero la justicia muestra la hilacha, y son esos genocidas y asesinos de uniforme quienes están siendo liberados.
Al inicio del año 2020, merced a la política de reivindicación del terrorismo de estado del gobierno macrista y su festival de domiciliarias y excarcelaciones que suplieron el fracaso del intento del 2×1 de la Corte, quedaban apenas si 200 genocidas en prisión, mientras más de 600 estaban ya en sus casas. Desde el comienzo de la emergencia sanitaria, se concedieron casi 40 prisiones domiciliarias a represores de la dictadura, y hay muchos otros pedidos en trámite.
José Antonio Maidana, ex oficial del Ejército acusado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, participante de los secuestros y torturas de más de 60 víctimas durante la dictadura y que permaneció tres años prófugo desde que se ordenó su detención, fue premiado con un arresto domiciliario que cumplirá en un coqueto departamento de uno de los barrios más caros de la ciudad de Córdoba.
En CABA, la justicia federal dio el mismo beneficio a Carlos Capdevilla, ex médico y partero de la ESMA, condenado por apropiación de menores, torturas y vejaciones, y a Lucio Nast, también condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de Policía de Rosario, el más grande de la provincia de Santa Fe. Ninguno de los dos está ni cerca de los 70 años. El único voto en contra del fallo que liberó a Nast señala que en su lugar de detención, a diferencia de los penales comunes, “se mantiene el distanciamiento recomendado por las autoridades sanitarias y se han distribuido los insumos de higiene y limpieza correspondientes para prevenir eventuales contagios”.
Horacio Losito, condenado en la provincia de Chaco a prisión perpetua por la Masacre de Margarita Belén, salió de la cárcel para cumplir arresto domiciliario en pleno corazon de las Barrancas de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires.
La provincia de Mendoza batió el record, con la concesión de prisiones domiciliarias para ocho genocidas, Oscar Bianchi, Pedro Linares, Omar Navarro Moyano, Carlos Ledesma, Óscar Simone, Juan Carlos Ponce, Mario Ocampo y Segundo Héctor Carabajal.
Un tribunal pampeano otorgó la prisión domiciliaria al “Carnicero” Carlos Reinhart, dos veces condenado por delitos de lesa humanidad. En Córdoba, Carlos Yanicelli, condenado a perpetua en las causas de la Unidad Penitenciaria 1 (UP1) y por la Megacausa La Perla, que fuera Jefe de Inteligencia de la Policía provincial en la gestión de Ramón Bautista Mestre, se le otorgó el beneficio en las últimas horas.
Y sigue la lista, con otras domiciliarias a genocidas concedidas por la justicia federal de San Martín, Corrientes y Santa Fe.
A la vez, se multiplican los pedidos de policías y otros miembros de las fuerzas de seguridad cometidos por hechos represivos en democracia, como el policía de la Ciudad Adrián Otero, de 48 años y sin circunstancia alguna que implique pertenencia a grupo de riesgo, condenado a prisión perpetua por el fusilamiento de Cristian “Paragüita” Toledo en la villa 21-24. Otero está alojado en el módulo 3 del Pabellón 51 de Devoto, destinado a miembros de las fuerzas de seguridad, que se encuentra fuera del perímetro del establecimiento y no presenta ninguna de las deficiencias habitacionales o de recursos materiales que afectan a la población general. Habitar ese pabellón constituye en sí mismo un privilegio descomunal que lo pone fuera de todo riesgo.
Otros hechos represivos
En Córdoba, el comisario mayor Gonzalo Cumplido, Subdirector General de Seguridad Capital Zona Sur, confirmó en un programa radial que se están desarrollando ciberpatrullaje en redes en el territorio bajo su mando. Según explicó, se asignó un área especializada de la policía para analizar de manera permanente cualquier expresión que “pueda elevar alguna sospecha de probable incumplimiento del DNU”. Así, ejemplificó, “si se detecta la posibilidad de una manifestación pública, inmediatamente se harán presentes efectivos de la policía en la zona, para identificar a las personas que se encuentren allí sin motivo justificado”. Esta medida de espionaje informático, en consonancia con lo ya dispuesto por el gobierno nacional, implica una vigilancia masiva e indiscriminada en las redes, dirigidas al control social y represión de los barrios y las organizaciones populares, sin incidencia ni vinculación alguna con cuestiones sanitarias o de cuidado.
Mientras tanto, en la ciudad de Rosario, se realizó un operativo con varios allanamientos en las viviendas de familias de un pasillo de La Cava, en el barrio municipal Toba del oeste de la ciudad. La mayoría de las personas afectadas son integrantes de las comunidades de los pueblos originarios Qom y Moqoit. Los uniformados ingresaron por la fuerza, rompiendo puertas y portones, a varios domicilios, de los que hicieron salir a sus habitantes a punta de pistola. En varios casos, luego se constató la falta de electrodomésticos y dinero. Las organizaciones de pueblos originarios de la zona manifestaron su repudio y exigen se investigue el grave hecho.
Este tipo de operativo injustificado se replica a lo largo del país. En el barrio Anai Mapu de Cipolletti, Río Negro, el 5 de mayo un militante de Red Puentes fue interceptado por un patrullero de cuando volvía de comprar pan en la esquina de su vivienda. Cuatro policías le dispararon balas de goma sobre su espalda cuando estaba por ingresar a su casa, en medio de los gritos de auxilio de su compañera e hijxs.
El 9 de mayo, en Puerto San Julián, Santa Cruz, la policía provincial irrumpió en el domicilio de las hermanas Agostina y Narela Bargaña –esta última, militante del PSTU- con la excusa de una denuncia por “ruidos molestos”. En medio de golpes e insultos fueron detenidas y trasladadas a la comisaría 1ª de San Julián, donde fueron sometidas a tormentos, con nuevos apaleamientos y tirándoles agua fría mientras estaban a la intemperie en el frío clima patagónico.
También el 9 de mayo la policía de Córdoba ingresó al barrio San Roque, amedrentando vecinxs y disparando más de cien proyectiles entre balas de goma y de plomo.
Como denunciamos el sábado, en el barrio de Almagro de la ciudad de Buenos Aires fueron atacados el centro cultural “La Casa de Teresa” y el colegio Normal nº 7 y un local del Partido Obrero. En los dos primeros casos, los murales en homenaje a Teresa Israel, militante y abogada secuestrada el 8 de marzo de 1977, y otras desaparecidas, fueron tapados con pintadas fascistas. El local partidario sufrió un incendio en su entrada, afortunadamente sofocado sin causar mayores daños.
Por último, pero sin dudas no menos importante, a la lista de 19 personas muertas en lugares de detención desde el inicio de la pandemia, se sumó el sábado un preso de la cárcel de San Luis, Hipólito Ochoa, de 63 años, que murió a raíz de un cuadro cardíaco por el que hace dos semanas le habían rechazado el pedido de prisión domiciliaria.
Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.
La salida para la clase trabajadora es la organización popular.
