“Por la razón de la fuerza”: represión y racismo contra las comunidades indígenas

En lo que antes fue marginación y olvido, hoy, además de eso, hay represión y violencia racial en contra de diferentes comunidades indígenas de Argentina. En lo que va del tiempo del Aislamiento Social Obligatorio, desde nuestros espacios de trabajo llevamos registrados numerosos hechos de represión y vulneración de derechos. Toda manifestación de defensa de sus derechos, fundamentalmente, territoriales, es tomada como una medida de agresión hacia el resto de la población, y tildada de ataques a la seguridad pública.

Consideramos repudiables todas estas agresiones y conductas represivas que cada vez son mayores; inconcebible la ignorancia de los distintos estratos de la justicia que no conocen o no tienen en cuenta, a la legislación referida a los derechos indígenas constitucionalmente reconocidos; y totalmente aberrantes las conductas racistas que imperan en muchos sectores de la sociedad, especialmente de los empresarios y de autoridades y fuerzas represivas, cómplices de la impunidad que éstos llevan adelante.

Entre estos hechos de violencia y racismo, a través de sus distintas formas, y denunciadas por quienes sufrieron las distintas agresiones, podemos destacar a:

– 2 de abril: Comunidad Wichí, Paraje Tartagal – Provincia del Chaco.

La policía entró violentamente a la casa del cacique Mariano García, agrediéndolo a él y a su familia. Casi ahorcaron a su esposa y a los niños los arrastraron de los pelos. Intervinieron otros referentes de la comunidad. Hubo tiros y la Guardia Whasek lo acompañó para hacer la denuncia, a pesar de la persecución que vienen sufriendo.

– 18 de abril: Comunidad Diaguita Anconquija – Provincia de Catamarca.

Los hermanos de la comunidad se congregaron en la zona del puente del río Las Chacras para impedir que camiones paperos provenientes de Tucumán, entraran en la zona violando el aislamiento. La policía, en lugar de hacer cumplir el decreto sanitario, los detuvo en forma violenta y los llevó detenidos a la comisaría. Pasaron la noche allí, las 13 personas, en un pequeño espacio, con el peligro que eso conlleva por no cumplir el necesario distanciamiento.

23 de abril: Comunidad Mbyá-guaraní Perutí – Provincia de Misiones

Una delegación de la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes iba a entregar tarjetas sociales al anterior cacique y los integrantes de la comunidad fueron a hablar con ellos porque querían informarle que se había elegido uno nuevo. La delegación llamó entonces a la policía, quien sin ningún motivo aparente agredió violentamente a las personas, hiriendo seriamente a dos jóvenes de 13 y 16 años.

– 26 de abril: Avance de alambrados en territorio Comunidad Kom Kiñé Mu – Provincia de Río Negro.

Daniel Benavidez integrante de la Comunidad, descubre que a unos 15 kms aproximadamente, de a caballo hacia los cerros ve que los peones de Hugo Alverto Barabucci sigue alambrando territorio, desplazándose con perros, caballos, colocando postes de hierros y movilizando material en camionetas. De continuar y completarse este alambrado, impedirá toda la actividad productiva-cultural que desde siempre realiza la comunidad. Desde 2009 vienen denunciando judicialmente, sin tener respuesta hasta el momento.

– 29 de abril: Comunidad Mapuche Buenuleo – Provincia de Río Negro.

Luego de varias amenazas y hostigamiento, ese día se produjo una violenta agresión por parte de una patota que responde al “que dice ser dueño de esas tierras”. Hubo golpes a mujeres y niños y heridas de arma blanca a Ramiro Buenuleo. Luego de la denuncia correspondiente detuvieron a 4 personas, pero fueron liberados al día siguiente.

Resulta increíble, inaceptable y terminantemente reprochable el accionar de las distintas fuerzas de seguridad – llámese policía, gendarmería o grupos especiales- que utilizan la violencia injustificada con integrantes de diferentes comunidades indígenas, que jamás provocan ninguna conducta agresiva, al contrario, deben soportar estas actitudes por parte del poder dominante, aún en esta emergencia sanitaria y manteniendo una real situación de vulnerabilidad. Su único delito es defender sus derechos, que están reconocidos nacionalmente y al más alto nivel internacional.

Es hora de terminar con esta conducta violenta y racista; no se puede soportar tanto avasallamiento y tan distintas formas de atropello.

Desde nuestros lugares de trabajo y militancia exigimos justicia para las comunidades originarias, que se cumplan las leyes que reconocen sus derechos; que a las autoridades que corresponda, actúen en consecuencia y cumplan con la legislación que rige en nuestro país.

Es una buena oportunidad para esta nueva etapa política del país, registrar e intervenir en estos casos, en donde la violencia parece no decir basta, porque aquí no impera la fuerza de la razón, sino la razón de la fuerza.

SERPAJ – Equipo Pueblos Originarios
CTA AUTONOMA- Secretaría de Pueblos Originarios

Fuente: SERPAJ Pueblos Originarios

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