Siguen las represiones a lxs trabajadorxs – Policías violadores
Siguen las represiones a lxs trabajadorxs
El lunes pasado en la zona de Uriburu y Chacabuco, Rosario, un operativo policial detuvo a tres jóvenes que limpiaban autos, y a otras tres personas que se involucraron para filmar las detenciones y pedir los datos para avisar a las familias. Una de estas personas fue una trabajadora de la salud, que fue golpeada y esposada cuando se acercó a preguntar por qué lxs detenían. Además, le retuvieron su permiso de circulación.
Ese día, en Lomas del Mirador, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, la policía bonaerense desalojó a las trabajadoras de La Nirva que se encontraban en la puerta de la fábrica desde hacía una semana, exigiendo el pago de siete meses de salarios caídos. La respuesta oficial a su reclamo fue que la policía amenazara con “pegarles un tiro” si no se retiraban.
Ayer, en Córdoba, fue arbitrariamente detenido y fuertemente golpeado Facundo Torres, de la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil. Por varias horas no se supo su paradero, hasta que lo pudimos ubicar en la unidad fiscal de emergencia sanitaria.
En este momento en que empeora la situación económica y muchas personas no cuentan con una vivienda para satisfacer sus necesidades básicas y cuidados frente a la pandemia, la respuesta del estado también es la represión. Fiel reflejo de esto es el gobernador salteño Sáenz, quien, en lugar de proporcionar viviendas dignas a lxs vecinxs de la zona sudeste de la provincia, envió su policía a desalojar a las familias que ocuparon tierras fiscales para guarecerse en precarias construcciones.
Lo mismo sucedió en Córdoba. Ayer, una topadora, acompañada por personal policial, arrasó con las viviendas de madera y chapa que varias familias, como las de Facundo Luciano Bustos y Félix Eloy Martínez, habían levantado en el barrio Cabildo para refugiarse con sus niñxs.
En un video que recibimos se ve claramente cómo se maneja la policía provincial de Córdoba con las personas en situación de calle, esta vez en Nueva Córdoba.
También repudiamos la detención de Eduardo Soares, referente de la Gremial de Abogados, ocurrida también ayer en el acceso a los tribunales de Lomas de Zamora, cuando intercedió ante personal policial que pretendía arrestar a familiares y amigos de Marcos Bazán, injustamente acusado por el femicidio de Anahí Benítez. El juicio oral ante el TOC 7, que comenzó plagado de irregularidades antes de la pandemia, se reanudó esta semana, a puertas cerradas. Ayer, cuando había terminado la jornada, y se retiraban las personas que habían estado apoyando afuera del edificio, con todos los recaudos sanitarios (recordemos que el edificio tiene una enorme estacionamiento arbolado que lo separa más de 300 metros de la vereda) el juez Roberto Conti ordenó a la policía “hacer detenciones”. El escándalo que ocasionó el arresto del abogado defensor sólo es comparable al asombro que exhibió el secretario del juzgado federal consultado desde la comisaría ante el insólito hecho, que por eso inmediatamente ordenó la soltura.
Policías violadores
En el mes de enero trascendió la noticia de que 14 mujeres que estaban detenidas en la comisaría 3ª de la Tablada, partido de La Matanza, habían logrado hacer llegar a la Defensoría General de la provincia sus denuncias por violaciones, abusos gravemente ultrajantes y otros malos tratos que incluían todo tipo de golpizas y humillaciones. La comisaría fue intervenida, las mujeres trasladas a unidades penitenciarias o liberadas, según los casos, y finalmente este miércoles la fiscalía interviniente efectivizó la detención de ocho de los policías acusados, cuatro de los cuales aún estaban en funciones.
El hecho da cuenta de cómo las fuerzas de seguridad, en especial las policías, se encargan de ratificar cómo se acrecienta la violencia machista cuando se entrecruza con la represión estatal. Los abusos sexuales tienen un lugar ganado desde siempre en la sistematicidad histórica de los tormentos en comisarías. A los métodos “clásicos” de la “bolsita” (submarino seco), la picana o el apaleamiento se suman las violaciones y otras agresiones de carácter sexual, especialmente cuando la víctima es mujer o pertenece a alguno de los colectivos LGBTQ+.
Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.
La salida para la clase trabajadora es la organización popular.
Fuente: http://www.correpi.org/2020/reporte-no-41-de-aplicacion-del-dnu-297-2020/