Como querellante en representación de la víctima C.E.N., la Secretaría de Derechos Humanos Géneros del Chaco solicitó al fiscal de la causa la imputación y detención del director del hospital de El Sauzalito y de dos policías locales por presunta falsedad ideológica y encubrimiento agravado del único imputado hasta el momento.
18/05/2020
Tras constituirse como querellante, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco solicitó al fiscal penal del Juzgado Multifueros de Misión Nueva Pompeya, Francisco Morales Bordón, la imputación y detención del director del hospital de El Sauzalito, Miguel Figueredo, del subcomisario Ernesto López y el agente Ivan Sánchez. Es por los delitos de presunta falsedad ideológica y encubrimiento agravado en que habrían incurrido al alterar la declaración de C.E.N., una joven de 26 años de la etnia wichí, quién a principios de este mes denunció haber sido violada por F.L., el único imputado en la causa.
La presentación fue realizada este lunes ante el Juzgado Multifueros de Misión Nueva Pompeya y lleva la firma de la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, y el patrocinio del coordinador de Litigios Estratégicos de esa Secretaría, Paulo Pereyra. Según pudo saber CHACODIAPORDIA.COM, la detención de los tres funcionarios públicos fue solicitada para evitar represalias contra la víctima y para que no entorpezcan la investigación “como lo han hecho hasta la fecha”.
Vale recordar que la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco intervino rápidamente en el caso al ser canalizado a través del Sistema de Abordaje de las Violencias mediante la plataforma virtual víctimo-asistencial, del protocolo de contingencia llevado a cabo por la Secretaría en conjunto con el Sistema Judicial, para atender a las víctimas de violencia de género en contexto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatoria, por decreto provincial 449/2020.
Múltiple discriminación y revictimización
En el escrito, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros señaló que “(…) aquí debe evaluarse la múltiple discriminación y revictimización contra C.E.N., al ser mujer, con derechos históricamente vulnerados e indígena perteneciente a la etnia wichí; mientras que el perpetrador del delito es un varón criollo (…). Por lo tanto hay una clara desigualdad de posibilidad de escucha, al pertenecer la primera a dos grupos vulnerados y rechazados históricamente: ser mujer e indígena”.
“(…) vemos desde la perspectiva del valor justicia, una equivalencia entre la violencia sexual desplegada por Luna y la violencia institucional que infringieron estos funcionarios públicos, varones y criollos contra C.E.N. violencias que repugnan a un Estado de Derecho Constitucional, que brega por la pluriculturalidad y las libertades de los Pueblos y las personas que los habitan”, subraya la presentación del organismo estatal, que actúa como querellante en representación de la víctima.
Un médico que no vio nada
Según consta de la presentación de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, el médico Figueredo examinó dos veces a la joven y certificó que “no presentaba lesiones visibles”, pese al evidente cuadro de sangrado que presentaba la víctima. Fue al observar su estado de anemia grave cuando procedió a ordenar la derivación al Hospital de Juan José Castelli. Para el organismo estatal, el médico actuó “dolosamente, al no aplicar de manera urgente el protocolo único para casos de abuso sexual, más aún, cuando conocía la situación por ser médico, notándola dolorida y con todo el cuadro clínico que consta en el expediente”.
“Falseó dos informes médicos y encubrió el hecho”, consigna el escrito firmado por la secretaría de Derechos Humanos y Géneros. En ese sentido, advirtió que si la Secretaría a su cargo no hubiera tomado la denuncia y que el fiscal se dirigió hacia la localidad de Juan José Castelli todo hubiera quedado en la impunidad “que estos funcionarios públicos buscaban”.
“Un pacto de masculinidad y silencio”
Para la querella que representa a la víctima, el accionar del médico Figueredo representó “un pacto de masculinidad y silencio”, más aun cuando se trata de delitos contra la integridad sexual. En ese contexto, indicó que el móvil del crimen es “la discriminación más radical y abyecta contra CEN”.
Comisaría de El Sauzalito
Acta falsa
En cuanto a los funcionarios policiales, en el acta dejaron registrado que la joven relató no haber sido forzada a mantener relaciones sexuales con el agresor incurriendo en aparentes contradicciones respecto del testimonio prestado ante la Fiscalía, en donde se aplicaron los protocolos para garantizar los derechos de C.E.N., y también con la gravedad de las lesiones sufridas y que fueron constatadas en el hospital de Juan José Castelli. “En el acta se han volcado maliciosamente declaraciones que nunca existieron, en fecha dudosa y desconociendo si le fue leída en su lengua a C.E.N”, señala la presentación judicial. Al respecto, agrega que “(…) estos policías varones, eludieron arbitraria e ilegalmente la aplicación del “Protocolo de Actuación Policial ante Situaciones de Violencia contra las Mujeres” Ley Nro. 1826-J, entre una lista interminable de buenas prácticas para estos hechos”.
Números de emergencia para denunciar violencia contra las mujeres
Se recuerda a la población que continúan operativas las líneas de emergencia ante casos de violencia de género son la 137, provincial, y la 144, nacional, ambas gratuitas y con atención las 24 horas. También continúa vigente el número de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros: 362 4970852 y el centro de atención a las víctimas de violencias: 362 4747247 y 4452585.
A través de esas vías de comunicación, se brinda atención, contención y asesoramiento en situaciones de emergencia, mediante la intervención de un equipo interdisciplinario. El Estado provincial chaqueño contempla todos los tipos y modalidades de violencia descritos en la ley: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política, doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática y en el espacio público.