Tres comunidades mbya guarani denuncian desde febrero pasado el desmonte de un lote dentro de su territorio ancestral por parte de la empresa CARBA SACIFIA. El Ministerio de Ecología autorizó la extracción de madera del monte nativo violando procedimientos administrativos y la justicia misionera omite brindar a las comunidades medidas de protección del territorio indígena. Las comunidades debieron solicitar medidas ante la CIDH.
Mario Borjas, de la comunidad mbya guarani Ka´a Kupe
Roxana Rivas, abogada de ENDEPA
22/05/2020
“Otra vez la empresa CARBA vuelve a entrar en el territorio (…) y eso lo sentimos como un atropello más hacia la vida de la comunidad, pero esto es una autorización del Ministerio de Ecología” – relata apesadumbrado Mario Borjas, quien fuera hasta hace pocos días mburuvicha (cacique) de la Comunidad de Ka´a Kupe. Se trata de una de las tres comunidades que cuestionan los trabajos de extracción de madera de la empresa CARBA en el que está relevado como su territorio ancestral.
El lote en el cual las comunidades denuncian el desmonte por parte de la se encuentra en la localidad de Campo Grande, en el centro de la provincia de Misiones.
La empresa CARBA SACIFIA es la titular registral de los terrenos, que es parte del territorio ancestral de las comunidades, lo cual acreditaron en relevamiento realizado de acuerdo a la ley 26160.
Esta ley, si bien no otorga la titularidad dominial a las comunidades una vez terminado el proceso de relevamiento, protege los derechos de los pueblos originarios y obliga tanto al Estado como a particulares a consultar en caso de pretender realizar en el territorio emprendimientos que afecten al mismo y a la vida de las comunidades.
Además, las comunidades tienen en Argentina derecho a la Consulta Libre, Previa e Informada sobre proyectos que las afecten. El conflicto actual se plantea ante el incumplimiento del Estado de las normas de protección a las comunidades originarias.
Diálogo inconcluso
Mario Borjas, de la comunidad mbya guarani Ka´a Kupe
En el año 2018 la empresa CARBA SACIFIA inició un expediente ante el Ministerio de Ecología de la provincia, en el cual solicitaba autorización para la extracción “selectiva” de madera de monte nativo del Lote 7B. En el mismo, que tramitó a lo largo de 2019, el Ministerio cumplió formalmente con su deber de convocar a las comunidades Kaá Kupe, Yvy Chy y Koé Ju para informarles acerca del “plan de manejo sostenible” presentado por CARBA.
Las comunidades se opusieron al desmonte en cualquiera de sus formas y también cuestionaron la modalidad del proceso de consulta, que no reunía todas las condiciones para ser considerada Consulta Libre, Previa e Informada. De todas maneras, tanto la empresa como las comunidades continuaron el proceso de diálogo en el ámbito generado por la cartera de Ecología.
En el mismo, las comunidades presentaron propuestas alternativas al tipo de explotación que CARBA pretendía y las mismas estaban siendo consideradas cuando, en noviembre de 2019, el entonces ministro de Ecologia Ab. Juan Manuel Díaz dio el proceso por terminado y autorizó las tareas de desmonte. Lo hizo pocos días antes de cesar en sus funciones. Fue sucedido en su cargo el 10 de diciembre de 2019 por el actual ministro de Ecología Ing. Mario Vialey.
Recurso “traspapelado”
Las comunidades cuestionaron la resolución ministerial con fecha 11 de diciembre de 2019 con la presentación por parte de su abogada Dra. Roxana Rivas de un recurso, lo cual tiene efecto suspensivo de la autorización de desmonte. Poco después comenzó la feria administrativa y las comunidades y sus representantes confiaron en que su recurso sería tratado en tiempo y forma.
Sin embargo, la empresa inició tareas de desmonte a fines de enero de 2020, las cuales fueron resistidas por las comunidades. Entonces, interpelaron mediante Carta Documento al ministerio de Ecología, cuya respuesta fue que su recurso se había traspapelado durante el cambio de gestión.
Las tareas de extracción de madera cesaron en ese momento y al tiempo de decretarse en todo el país el Aislamiento Social Obligatorio las comunidades aún no tenían novedades sobre el recurso que habían planteado.
“En el interín nos aparece la pandemia, la cuarentena obligatoria y la suspensión de todos los plazos. Es decir, nuestro recurso administrativamente nunca fue tratado…” repasa la Dra. Rivas.
Daño irreparable: dilaciones y omisiones de la Justicia
A principios de mayo las comunidades denunciaron que la empresa CARBA había reiniciado las tareas de desmonte, causando un daño irreparable al monte nativo con la extracción de ejemplares de muy antigua data, los cuales ya habían sido retirados del lugar.
El ministro de Ecología Vialey defendió públicamente la actuación de la empresa, autorizada a actuar por su cartera, sosteniendo que la misma había dado cumplimiento a los pasos formales requeridos por la ley de bosques. Sin embargo, el ministro no menciona y parece desconocer totalmente los alcances de la ley 26160 de relevamiento de territorios comunitarios indígenas y toda la legislación que protege los derechos de los Pueblos Originarios, así como el efecto suspensivo que el recurso presentado en diciembre por las comunidades interesadas tiene en el trámite de autorización.
Ante el curso de los acontecimientos y encontrándose con la permanente negativa de agentes policiales a recibir las denuncias que intentaban hacer, las comunidades se presentaron el 8 de Mayo del 2020 ante la Justicia provincial para interponer un recurso de amparo, en el cual solicitaron el dictado de una medida cautelar de no innovar.
La causa tramita en el Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Posadas, en el Expediente 40318/2020 “COMUNIDAD MBYA GUARANI TEKOA KAA KUPE C/ ESTADO DE LA PROVINCIA DE MISIONES y Otro/a S/ Amparo”.
En ella se demanda al Estado Provincial y al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, organismo que dio la autorización administrativa de desmonte a CARBA SACIFIA.
La respuesta que dio la jueza a cargo de la causa es inadecuada e ineficiente. En primer lugar, solicitó informes al Ministerio del Agro, que no tiene intervención alguna en el caso.
Dra. Roxana Rivas, abogada del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen y apoderada de las comunidades en conflicto.
“Los amparos en estos casos tienen como primera medida la de no innovar, sobre todo en casos como este en el cual el objeto del acción de amparo es el de evitar un daño irreparable. Cada árbol que se pierde es irrecuperable, entonces la primera medida que debió tomarse fue una medida de no innovar y fuera de eso lo que hace el juez dos días después de que presentamos el amparo, provee y comete el error de en vez de pedir los informes al Ministerio de Ecología pedírselos al Ministerio del Agro, lo que nos fuerza otra vez a pedir un pedido de aclaración de esto porque si no lo aclaraba no podíamos continuar la tramitación ” – relata la abogada sobre el primer desacierto de la Justicia.
Posteriormente, en vez de dictar la medida cautelar solicitada de no innovar ordenó la constatación judicial del lugar. “Esto implica que en este tiempo de pandemia nos llevaría por lo menos dos semanas lograr que un juez de paz nos dé un turno y podamos hacer la diligencia” explica la Dra. Rivas, quien señala que el tiempo corre en contra del intento de las comunidades de preservar la integridad del monte.
Además, el propósito de la constatación es solicitar la exhibición del permiso para las tareas de desmonte, cuya legitimidad es cuestionada por las comunidades solicitantes y que ya había sido presentada en el expediente en su inicio.
“Entonces una vez más, esto fue el viernes (15 de mayo ) nos obliga a presentar un recurso de revocatoria contra esta resolución con apelación en subsidio” – detalla la abogada.
De este modo, toda la intervención judicial lejos de amparar los derechos de las comunidades, sigue otorgando tiempo a favor a las actividades cuestionadas que están provocando un daño ecológico irreparable en el territorio ancestral y poniendo además en situación de peligro a sus miembros.
“Pasan los días y en el lugar están los mbya resistiendo con su cuerpo y sufriendo amenazas de muerte por parte de los motosierristas y operarios de la empresa” – denuncia la Dra. Rivas.
Además, las comunidades temen que en poco tiempo la presentación judicial que realizaron ya no tenga sentido porque ya no queden en el sector los bienes naturales que desean proteger.
Cuarentena para unxs y para otrxs:
El reinicio de las tareas de desmonte por parte de la empresa CARBA sorprendió a las Comunidades en pleno cumplimiento del Aislamiento Social Obligatorio. Mientras las familias mbya permanecían en sus aldeas la empresa talaba árboles centenarios en su territorio, amparada en que la actividad laboral que desarrolla se encuentra entre las exceptuadas de la cuarentena.
Al respecto, expresa Mario Borjas: “Nosotros hemos respetado las decisiones del gobierno, de los funcionarios importantes, pero a nosotros no nos respetan, sino atropellan a nuestra Comunidad. Esto lo sabe perfectamente el Ministerio de Ecología”.
En el mismo sentido la Dra. Rivas caracteriza que “Se ha puesto en una encerrona a las comunidades que cumplen con todos los requerimientos de nuestras normas (…) y sin embargo del lado del Estado no tienen más que evasivas, negativas, conductas, discriminatorias, omisiones que en definitiva vulneran gravemente sus derechos”.
Pedido ante la CIDH
Dadas las respuestas que recibieron hasta ahora por parte de las instituciones del Estado provincial, las comunidades decidieron presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares de protección de su territorio.
“Lo que hicimos desde ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen) es hacer una petición de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la increíble e injustificable denegación de justicia de la que ellos están siendo víctimas”- explica la Dra. Rivas, quien realizó la presentación el pasado 18 de mayo.
En la solicitud las comunidades destacan que siempre se atuvieron a los términos planteados en el proceso administrativo y que en cambio el Estado misionero ha violado las normas y procedimientos provocando un daño irreparable en sus derechos y el territorio que habitan.
“Siguen sacando, siguen atropellando, siguen matando la vida de la Comunidad, eso es lo que hace la empresa con el permiso del Ministerio de Ecología.” – resume Mario Borjas.