Gatillo fácil sin cuarentena
A primera hora de la mañana del domingo 24 de mayo, en Berazategui, provincia de Buenos Aires, un grupo de adolescentes, que habían estado reunidos violando el aislamiento, se pelearon en la vereda. Un piedrazo golpeó en el guardabarros de un auto Peugeot 207 rojo que pasaba, cuyo conductor frenó, hizo marcha atrás, sacó una pistola Bersa 9 mm y disparó entre cuatro y cinco veces. Uno de los proyectiles mató a Alan Maidana, de 19 años, que recibió el impacto en la espalda. Luego aceleró y escapó. Como el auto fue identificado por testigos, lo detuvieron a las pocas cuadras, en su domicilio. Resultó ser el cabo 1º de la Policía Federal Germán Bentos, que presta servicios en la Dirección General de Registros y Ciencias Biométricas y venía de hacer un adicional en el ferrocarril Belgrano Sur. Según los medios que hoy informan del nuevo fusilamiento de gatillo fácil, quedó detenido y será indagado mañana por el titular de la fiscalía descentralizada nº 1 de Berazategui. Exigimos que se le dicte la prisión preventiva, para que permanezca detenido durante el proceso, sin los beneficios extraordinarios con los que la justicia acompaña al gatillo fácil.
El lugar del crimen y la detención del homicida. Fotos: El Radar del Sur.
Represión en villas y barrios vulnerables
El martes 19, policías de la comisaría 4ª de José León Suárez, ingresaron al Barrio 13 de Julio de esa localidad del partido de San Martín, donde 116 familias sin techo se ubicaron para levantar precarias viviendas en terrenos fiscales que empezaron a desmalezar en el marco de una instancia de diálogo con el municipio. Los policías, a pesar que la propia fiscalía interviniente había instado una mediación con las autoridades, incendiaron casillas para desalojar hombres, mujeres y niñxs. Junto a organizaciones sociales y políticas de la zona, CORREPI suscribió un comunicado en el que exigimos el cese de los desalojos y las violencias sobre los cuerpos y territorios históricamente más vulnerados y postergados. En un contexto de emergencia sanitaria, alimenticia y habitacional, la respuesta del Estado no puede ser la represión.
En Villa Azul, barrio popular lindero a la Villa Itatí, en el límite entre Avellaneda y Quilmes, lxs vecinxs vienen denunciando hace semanas la falta de agua potable y el hacinamiento, y por todos los medios imaginables han reclamado a ambos municipios, que conducen Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Mayra Mendoza (Quilmes) respuestas eficaces frente a semejante vulnerabilidad ante el Covid-19. Como sucedió con las villas de la ciudad de Buenos Aires y otros barrios semejantes de la provincia, ya se multiplicaron los contagios. La respuesta estatal, una vez más, llegó tarde y de la mano de la represión. En lugar de personal sanitario que provea testeos, asistencia y recursos necesarios para frenar el brote, Villa Azul fue sitiada e invadida por tropas de infantería de la policía provincial, gendarmería y ejército.
En el mismo sentido, en la ciudad de Buenos Aires, lxs vecinxs de la Villa 21-24 denunciaron ayer que las personas que han sido evacuadas y aisladas en el Hospital Ramos Mejía para ser testeadas por Covid-19 se encuentran hacinadas, sin provisión de alimentos y sin medidas sanitarias. Están circulando suficientes audios y videos en las redes sociales que exponen la grave situación.
En la Villa 31, la grave situación que fue visibilizada al costo de la vida de Ramona, que venía reclamando la falta de agua y de otros recursos para evitar la dispersión del virus, motivó incluso que el presidente Alberto Fernández recibiera referentes del barrio y les prometiera la inmediata puesta en marcha de políticas sociales. Ayer se supo que lxs vecinxs que fueron aisladxs por sospecha de Covid-19 han quedado bajo el control del ministerio de Defensa. Según informó su titular, Agustín Rossi, la Armada organizará y dirigirá el centro de aislamiento, que funcionará en contenedores de la empresa Barrick, nada menos.
Según informa hoy el diario Tiempo Argentino, un integrante del gabinete del jefe de Gobierno Rodríguez Larreta confirmó que piensan instalar “check points” en la villa 31 de Retiro, la 21-24 de Barracas, la 1-11-14 de Flores y la villa 20 de Lugano, a cargo de la Policía de la Ciudad, más la Gendarmería y Prefectura. De nuevo, en lugar de proveer recursos sanitarios, realizar testeos, resolver la falta de agua y proveer alimentos y medicamentos, la respuesta estatal es represiva.
Por otra parte, siguen circulando denuncias de situaciones represivas puntuales en barrios de distintos lugares del país. En la provincia de Buenos Aires, efectivos policiales de la comisaría 4ª de San Fernando ingresaron en la Villa del Carmen junto a la Policía Comunal del municipio e irrumpieron en un merendero al que habían entrado dos primos de 17 años que estaban en la vereda. Ante el terror de quienes estaban en el lugar, mujeres, adolescentes y niñxs, patearon la puerta y efectuaron disparos, para luego golpear y detener a los dos pibes. La madre y tía de los muchachos relató que a su hijo le pegaron tan fuerte que le aflojaron un diente y a su sobrino le quebraron un dedo. Además, secuestraron “peligrosos” elementos, como los cucharones para servir el guiso.
En Nueva Pompeya, ciudad de Buenos Aires, un jovencito estaba arreglando su moto en la vereda, frente a su casa. Para probarla, hizo unos metros por la cuadra, a la vista de lxs vecinxs. Un policía que estaba en la esquina lo interceptó, lo acusó de haber robado la moto y le dijo que quedaba detenido. Ante la evidencia de que la moto era del padre, el policía cambió el discurso a que el pibe “le faltó el respeto” y convocó refuerzos. Un hombre muy mayor, que se acercó en defensa del chico, fue insultado y empujado. Lo mismo sufrió la mamá del “ladrón de su propia moto”. Con el pibe ya en un patrullero, esposado y listo para el traslado, siguieron llegando vecinxs. Todo el barrio de Nueva Pompeya rodeó a la camioneta, hasta que lograron la soltura del aprehendido y la devolución de la moto. Todo el barrio de Nueva Pompeya sabe que se arman causas, se toman por ciertas las versiones uniformadas, y se inician calvarios para detenidxs y sus familias. Si aquí no prosperó, fue por la reacción de un barrio al que no le cierra ninguna versión candorosa como esas que pretenden que la policía está para cuidarnos.
Represión y espionaje a trabajadorxs minerxs
Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia que integramos, ayer emitimos un comunicado denunciando la represión y espionaje sobre lxs trabajadorxs minerxs en la provincia de Neuquén. Allí se señala que “Los mineros de Andacollo han protagonizado una gran lucha que impactó en Neuquén y más allá. Con su organización, corte de ruta, acampe y apoyo social, conquistaron el pago salarial y la continuidad laboral. Tuvieron que enfrentar la provocación y represión de la Gendarmería y la policía neuquina, que hasta irrumpieron de madrugada en casas de familias mineras para amedrentarlas. Ahora se hizo público un documento secreto que implica directamente a la Gendarmería, que se infiltró entre los mineros y realizó espionaje ilegal. No es un hecho aislado: al mejor estilo del Proyecto X de esa misma fuerza, ya la policía espió asambleas en el INTI. Y con la excusa de la pandemia, la ministra Sabina Frederic habilitó el ciberpatrullaje y las fuerzas policiales y de seguridad cometen abusos y represiones, como la desaparición forzada seguida de muerte de Luis Espinoza”.
También la Multisectorial contra la Represión y el Ajuste se pronunció sobre la situación represiva, denunciando los golpes sufridos por uno de los trabajadores que participaba del corte, la detención de otro frente a la Ciudad Judicial, donde se instaló una carpa, y la intervención de fuerzas provinciales y federales en la represión.
Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.
La salida para la clase trabajadora es la organización popular.
