Villas sitiadas y sin asistencia – Otro femicidio de uniforme – Empresario macrista y esclavista – Una buena para lxs trabajadorxs de Kimberly Clarck – Corrientes: Manipulación sanitaria criminal con personas privadas de su libertad
Villas sitiadas y sin asistencia
Ya lleva 72 horas sitiado el barrio Villa Azul, en el partido de Quilmes. El brote de Covid-19, con más de 170 casos positivos, es la directa consecuencia de la falta de respuesta a lxs vecinxs y organizaciones populares, que hace muchas semanas vienen denunciando, igual que en otros barrios populares, la falta de agua potable y reclamando kits de higiene y asistencia alimentaria para una población que ha perdido todo ingreso hace ya más de dos meses. Hasta han cerrado algunos de los comedores populares que paliaban la grave situación porque dejaron de recibir los alimentos necesarios.
En lugar de resolver problemas, desde el estado provincial y municipal, con apoyo del nacional, se dispusieron fuerzas de seguridad de todos los colores imaginables para impedir la circulación, el ingreso y salida de habitantes del barrio. Las organizaciones del territorio coinciden en denunciar que no necesitan policías y gendarmes, sino subsidios para lxs trabajadorxs desocupadxs y precarizadxs; provisión inmediata de alimentos para los comedores populares; elementos de limpieza e higiene; testeos masivos a toda la población; soluciones habitacionales para las familias hacinadas y para aislar en condiciones dignas a quienes han tenido contacto con personas contagiadas.
La vecina Villa Itatí ya ha comenzado a registrar casos positivos entre sus 15.000 habitantes. Los reclamos son los mismos en todos los barrios populares, agravados en muchos casos, como en el barrio Cabildo Anexo, Córdoba, con desalojos de asentamientos precarios en los que intentan guarecerse familias sin techo. Las soluciones están al alcance de las autoridades, pero no van a llegar de la mano del ministerio de Seguridad, a punta de pistola.
Algo similar sucede en Salta, donde la policía de la provincia reprimió a más de 500 familias que ocuparon terrenos fiscales en el ingreso al barrio Solidaridad. Son muchas las tomas de tierra en los alrededores de la capital salteña, como la de San Calixto, con más de 1000 familias sin techo, o la de Barrio Justicia. Las organizaciones sociales de la provincia exigen al gobierno provincial respuestas efectivas a la necesidad habitacional, agravada en un contexto de pandemia y cuarentena.
Ni hablar de las personas en situación de calle en los grandes centros urbanos, que reciben represión en lugar de asistencia. Por la tarde del martes, frente al Congreso de la Nación, la policía de la Ciudad reprimió con balas de goma y garrotazos a personas en situación de calle, y al menos cuatro fueron detenidas. En CABA, se estimaban en 7.000 las personas en situación de calle antes de la pandemia, mientras lxs trabajadorxs de los paradores, refugios y hogares existentes denuncian que esos espacios están colapsados, sin protocolos ni recursos sanitarios.
Otro femicidio de uniforme
En la escalada de situaciones de violencia machista, y su peor resultado, los femicidios, se sumó ayer lo ocurrido en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. El 24 de mayo, el oficial Boris Iván Lulich, perito planimétrico de la Delegación de Policía Científica de Trenque Lauquen, fue a la casa de su hermano Felipe, buscando a su novia Brenda Aylén Rojas, de apenas 19 años. La chica alcanzó a llamar al 911 para pedir auxilio mientras trataba de escapar de la casa. Cuando llegó la policía, la encontraron muerta en la entrada, con un disparo en la espalda. El hermano del oficial estaba también muerto, en el baño, con un tiro en el abdomen. Al escuchar la llegada del patrullero, el policía se disparó un tiro en la sien, y murió poco después.
Empresario macrista y esclavista
Juan Spañoletti fue viceintendente de Federación, Entre Ríos, de 2011 a 2015, y luego se desempeñó como Delegado de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del gobierno de Mauricio Macri en la provincia. Además, es propietario de un establecimiento forestal en la zona de Santa Amelia, distrito de Concordia. No sólo hace explotación laboral el empresario, también humana. Esta semana, un juez federal dispuso un operativo durante el cual se encontraron trabajadores sometidos a esclavitud, hacinados en una cabaña de madera con techo de nylon, que dormían en tablas de madera cubiertas de alfalfa. Cinco misioneros y siete entrerrianos llevaban tres días sin comer. Eso sí, durante el procedimiento, recibieron un ofrecimiento de $10.000 por cabeza de parte de su patrón, si accedían a no contar las situación infrahumana en la que vivieron. Spañoletti fue detenido por trata de personas y se le dictó prisión preventiva por 30 días, que cumple en Chajarí. Lxs trabajadorxs recibieron asistencia médica para descartar contagio de Covid-19 antes de ser trasladados a sus respectivos lugares de origen.
Una buena para lxs trabajadorxs de Kimberly Clarck
En octubre de 2019, la multinacional Kimberly Clarck decidió cerrar su fábrica en Bernal, Quilmes, lo que generó un plan de lucha de lxs trabajadorxs en defensa de los 200 puestos de trabajo, con la ocupación pacífica de la planta para preservar las maquinarias y evitar el vaciamiento. El 4 de diciembre, un fuerte operativo de la policía bonaerense los reprimió y desalojó. Ocho compañerxs fueron detenidxs, y, aunque rápidamente liberadxs por la presión popular, quedaron imputados en una causa por el delito de usurpación. Un “detalle” que ubica perfectamente quién es quién en la historia es que el abogado que interpuso la denuncia como apoderado de la empresa es Nicolás Durrieu, heredero y socio del estudio de Roberto Durrieu, funcionario de la dictadura militar, defensor de genocidas y represores, de Cavallo y del “ingeniero” Blumberg, además de ferviente activista antiderechos desde el reaccionario Colegio de Abogados de la Ciudad.
El 27 de febrero y el 3 de marzo, junto a numerosas organizaciones populares, acompañamos a lxs trabajadorxs a los tribunales de Quilmes, y asumimos, junto a APEL, su defensa. Ahora, en plena cuarentena, recibimos la buena noticia de que la fiscalía, que después de esas audiencias tenía que resolver si avanzaba en la acusación para elevar la causa a juicio, decidió dar marcha atrás y cerrarla, lo que significa un importante triunfo a fuerza de organización y lucha.
No es menor que el fiscal debió reconocer, con todas las letras, que, como siempre sucede, ante un conflicto gremial, las empresas usan a su antojo el sistema penal para perseguir a lxs trabajadorxs, ya que sostuvo que “priman en el particular cuestiones de orden social, que atraviesan o trascienden el Derecho Penal. Y digo ello, pues no debe pasarse por alto la coyuntura en la que se dieron los hechos de marras. Recuérdese que se trata de la toma de una planta de producción, cuyo cierre aparejó la perdida de trabajo para una importante cantidad de familias”.
Corrientes: Manipulación sanitaria criminal con personas privadas de su libertad
La Red Corrientes de DDHH sigue denunciando la situación de las personas privadas de su libertad en la Unidad Penal 1 de Corrientes ante la pandemia. Mientras el gobernador declaró a la provincia “zona blanca de coronavirus”, crece el foco al interior del penal, introducido intramuros por los penitenciarios. Ya son cinco los presos internados en el Hospital Llano con sintomatología compatible, dos positivos y tres a la espera de resultados. Desde hace dos meses la organización hermana viene alertando sobre la tragedia humanitaria en la grave emergencia sanitaria de las cárceles de Corrientes, y denunciando la falta de respuesta ante el reclamo por las más de 100 personas contabilizadas como grupos de riesgo, que desde marzo esperan resolución del juzgado de ejecución.
Sistemáticamente se han negado los reiterados pedidos de testeos masivos, especialmente en el pabellón 11, donde surgieron los primeros 24 casos, y de donde provienen los positivos de hoy. En ese pabellón 11 hay personas mayores, con patologías de base, hacinados junto a personas febriles, con diarrea, tos u otra sintomatología compatible, sin que los atendiera un sanitarista ni les hicieran los hisopados. Mientras transcurrió el proceso de enfermedad, estuvieron alojados en pésimas condiciones sanitarias, en un taller de carpintería, sin que los visitara un médico. En esas condiciones, el 25 de mayo se debieron hacer las cinco nuevas internaciones.
La Red exige testeos a toda la población, provisión de elementos sanitarios, condiciones dignas de alojamiento a los enfermos, respuesta judicial sobre libertades anticipadas y arrestos domiciliarios para personas en situación de riesgo, y reclama que todos los poderes del estado atiendan este grave problema sanitario.
Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.
La salida para la clase trabajadora es la organización popular.
Fuente: http://www.correpi.org/2020/reporte-no-46-de-aplicacion-del-dnu-297-2020/