El 23 de abril, personal de la comisaría 4 de esa ciudad del partido bonaerense de San Martín realizó una violenta irrupción sobre un asentamiento precario de dos años de antigüedad, situado entre los barrios Independencia y Carcova donde también funciona una desarmadero ilegal de autos. En aquella ocasión, la casa de la responsable barrial de salud colectiva de Barrios de Pie, Shirley, fue destruida y los policías mojaron sus pocas pertenencias y las de su familia. Casi un mes después, el 19 de mayo, la misma comisaría efectuó una nueva irrupción, otra vez sin orden judicial, pero suspendieron el operativo con la llegada de medios locales. Desde ese día continúan merodeando el barrio y sacando fotos, mientras la Municipalidad oscila entre su participación en los intentos de desalojo y el apoyo a los ocupantes de las tierras.
El martes 26 de mayo, tras dos meses desde el primer desalojo violento, debía realizarse una primera reunión entre la Municipalidad de San Martín, organizaciones sociales y las aproximadamente 50 familias que desde hace 2 años habitan esos terrenos fiscales, con perspectivas de acceder a la regularización en el dominio de las tierras y poder luego construir sus viviendas.
El encuentro no se realizó ni tampoco el gobierno local notificó a las partes respecto a una eventual reprogramación. Sólo quedan en pie las rondas policiales que, con periodicidad, vigilan el asentamiento y toman fotografías de los ocupantes. La calma provisoria acrecienta la incertidumbre general en la que sobreviven esas familias.
En diálogo con ANDAR, Melisa Cáceres, una de las referentes de Barrios De Pie-Libres del Sur en la zona, explica que se trata de un asentamiento llevado a cabo, en gran medida, por los hijos de muchos de los habitantes de los barrios humildes aledaños.
De hecho, desde los años 90 se llevan a cabo ocupaciones de tierras fiscales en cercanías del Camino del Buen Ayre, región donde confluyen el enorme basural del CEAMSE, empresas privadas que se instalaron en torno a un polo productivo, planes estatales de vivienda, un cementerio privado, humedales y tierras inundables, entre un amplio mozaico de problemáticas complejas y aún sin ordenamiento público.
Es en esa realidad de pobreza estructural donde se inscribe la toma de las 50 familias que desde mediados de abril, ya en plena cuarentena, están siendo amenazadas, hostigadas y violentadas por la policía bonaerense, sobre un corredor de no más de 5 cuadras lineales que forma una especie de acceso a los barrios Independencia y Carcova de José león Suárez, y que está emplazado en zona baja, inundable, al otro lado del CEAMCE cruzando el camino del Buen Ayre.
El primer desalojo ocurrió el 23 de abril. Participó activamente el titular de la comisaría 4, al que sus colegas llama “el tiernito”. La casa de Shirley fue derribada por la policía, mojaron y destruyeron sus pertenencias y amenazaron a la familia para que no volvieran a instalarse allí. Sin embargo, desde el día siguiente, sus vecinos ayudaron a reconstruir la casilla y organizaron una colecta.
“Hemos denunciado públicamente el motivo de esta búsqueda de desalojo ilegal, sin orden de ningún fiscal ni comunicación previa a las familias de la toma: se trata de un negocio de desarmadero y venta de autopartes que funciona allí desde antes del asentamiento y en el que la policía es parte. Tal vez por eso, además de haber participado activamente del desalojo, fue sacado de su cargo el comisario de la cuarta”, afirmó a ANDAR Melisa Cáceres.
Además del desarmadero, los terrenos funcionan como una especie de corredor o lugar de paso desde y hacia los barrios Independencia y Carcova, “y esto implica mucha actividad en la venta de drogas”.
“La situación de las familias de esta toma es de extrema vulnerabilidad: al contexto de incertidumbre por la pandemia, se suma la posibilidad permanente de nuevas incursiones policiales y la oscilante actitud del municipio de San Martín que, primero, envía un camión propio mientras se realiza el desalojo de Shirley en abril, y al día siguiente se acerca personal municipal para acompañar a la familia”, explica Melisa.
Luego del 23 de abril el hostigamiento siguió con varios intentos de toma de los terrenos por parte de otras personas, ajenas a la ocupación original que ya lleva dos años. Desde Barrios de Pie denunciaron que “claramente esas personas fueron mandadas por alguien para intentar lograr lo que no había podido finalizar la policía”.
Tras 15 días de la irrupción policial, y mientras las familias rellenaban los terrenos y comenzaban a demarcar con hilos los terrenos y las futuras calles, se produjo el segundo intento de desalojo.
Ya habían cambiado al titular de la comisaría 4, y el nuevo comisario les advirtió que la orden había sido emitida por la Fiscalía 3 departamental con la anuencia de la Secretaría de Desarrollo Social de San Martín. Mientras tanto, personal de infantería y de policía motorizada se ubicaban en un extremo de la toma para iniciar el avance.
Los integrantes de Barrio de Pie que estaban en el lugar se comunicaron con el gobierno local: no se había apoyado ninguna orden de desalojo, pero tampoco intervendrían desde el municipio ante el inminente avance policial. Finalmente, como en la primera ocasión, llegaron varios medios locales al predio de la toma y el desalojo volvió a ser suspendido.
Desde aquél momento hasta hoy, permanece la vigilancia policial, con presencia de la Bonaerense y de la policía local de San Martín. Y las 50 familias permanecen abandonadas, a la intemperie, con sus terrenos anegados por barro y agua, incluso con desechos cloacales producto de la saturación de las napas en esa zona.